La Junta de Fiscales Supremos rechazó el proyecto de ley aprobado, en primera votación, por el Congreso que faculta a la Policía Nacional y no al Ministerio Público dirigir las investigaciones preliminares de los delitos.
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A través de un video, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, acompañado de los fiscales supremos, remarcó que dicha iniciativa contradice el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución, que establece como atribución de la Fiscalía la conducción de la investigación del delito desde su inicio y la obligación de la Policía de cumplir los mandatos de los fiscales en el ámbito funcional.
“El Congreso de la República pretende poner en vigencia esta ley encargando la investigación preliminar del delito a la Policía Nacional, obligando así a los fiscales a realizar todas las investigaciones por intermedio de ella. En dicho contexto los despachos fiscales no podrán conducir directamente investigaciones preliminares”, remarcó Villena.
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“Debemos resaltar que los exámenes o pericias criminalísticas oficiales serían realizadas por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional de Perú o por sus oficinas descentralizadas y no por las unidades orgánicas periciales del Ministerio Público”, agregó.
Enfatizó que el propósito de dicha “norma inconstitucional” es que las investigaciones sean de conocimiento y dirección del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional del Perú. Por ello, consideró que eso “colisiona con la autonomía institucional del Ministerio Público, la efectiva separación de poderes y una verdadera democracia”.
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Además, aseguró que el Tribunal Constitucional, en una reciente sentencia en un proceso competencial, “ha reafirmado las competencias constitucionales de conducción de la investigación del delito del Ministerio Público”.
“Resulta insostenible que se pretenda atribuir a la Policía Nacional la conducción de la investigación preliminar dado que, además, su personal no se encuentra capacitado debidamente y no se le ha dotado de los recursos logísticos y operativos por décadas para una eficiente labor investigativa, pues ello se ha evidenciado en las publicaciones de la Defensoría del Pueblo desde el año 2012, que dan cuenta de la real situación de la Policía Nacional”, añadió Villena.
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“Finalmente debemos preguntarnos: En el caso de las investigaciones contra altos funcionarios que se tramitan ante la Fiscalía de la Nación y las fiscalías supremas, y las que tuviesen que iniciarse en el futuro contra presidentes de la República, ministros de Estado, congresistas, y otros altos funcionarios ¿deben investigarse también por intermedio de la Policía Nacional y sus peritos?”, expresó.
