¿Multas de tránsito calculadas sobre la base del sueldo mínimo?: el impacto, la oposición a la medida y la cultura del no pago en el país

Una propuesta de la congresista Kira Alcarraz busca que las multas que se apliquen a los conductores por infracciones de tránsito sean calculadas con base al sueldo mínimo y ya no sobre el monto de la unidad impositiva tributaria (UIT), tal como ocurre actualmente. En un país en el que existe una alta tasa de evasión al pago de papeletas, la iniciativa ha llamado la atención.

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En el sustento del proyecto N° 14388/2025-CR, que fue presentada el pasado 10 de abril y se encuentra en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Alcarraz señala que se busca “garantizar la proporcionalidad y razonabilidad ante la imposición de una multa de tránsito”.

En su proyecto, Alcarraz precisa que la norma, en caso se apruebe, se aplicaría a los choferes de transporte público de pasajeros y de vehículos menores, así como los conductores de transporte privado, incluyendo vehículos particulares y motocicletas.

No obstante, remarcó que quedarían excluidos del ámbito de aplicación las personas jurídicas, así como las empresas de transporte, concesionarios, operadores y demás sujetos que desarrollen actividad empresarial vinculada al transporte, a quienes se les sancionará con base en la unidad impositiva tributaria (UIT)

Cabe recordar que Kira Alcarraz protagonizó dos incidentes en las vías. En una oportunidad, la congresista fue acusada de agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y, en otra ocasión, fue intervenida y llevada a la comisaría de San Borja luego que se constara que el conductor de su vehículo presentaba un grado de alcohol superior al permitido.

Kira Alcarraz explicó a El Comercio que su propuesta apunta a que “las multas sean proporcionales a la infracción y a la capacidad de pago de cada persona” y aseguró que, de aplicarse, se acabarían los procesos judiciales y administrativos que plantean los conductores para anular las papeletas o que prescriban.

“Las multas son impagables en la actualidad y se acabaría con los procesos judiciales o administrativos. Lo que se pretende evitar es que quieran impugnar estas multas incalculables”, refirió.

“Se busca que las multas sean más justas y que, de alguna manera, no afecten demasiado a las personas que no tienen dinero y sobreviven con el sueldo mínimo”, agregó.

Remarcó que su proyecto, en caso se convierta en ley, erradicaría las mafias de tramitadores que sorprenden a los conductores respecto al pago de las papeletas. Por ello, aclaró que su iniciativa no pretende fomentar la impunidad.

“Esta iniciativa no busca eliminar sanciones ni promover la informalidad o la irresponsabilidad vial, por el contrario, apunta a fortalecer el cumplimiento de la norma mediante el sistema que sea percibido como justo y razonable”, afirmó.

“No habría tanto proceso administrativo para impugnar papeletas. A veces la gente no puede pagar y lo que hace es esperar que prescriban”, añadió.

No obstante, precisó que su propuesta no contempla que se aplique el beneficio del pronto pago a las papeletas calculadas sobre el salario mínimo, el cual sí se estaría permitido para las multas que son fijadas a través de la UIT. La legisladora espera que su proyecto sea aprobado en la Comisión de Transportes y Comunicaciones y llegue a debatirse en el pleno en la presente legislatura.

Como “populista” calificó Franklin Barreto, especialista en temas de transporte, tránsito y seguridad vial, la iniciativa de Kira Alcarraz, pues recordó que no corresponde con la realidad del país, ya que se registra un alto porcentaje de evasión al pago de las multas de tránsito.

El especialista indicó a El Comercio que a la gran mayoría de conductores del país no le interesa conocer la base sobre la cual se aplicará la multa por la infracción cometida, pues aseguró que ellos simplemente buscan no pagar la sanción, por ello, recordó que existen “mafias” que tramitan impugnaciones y apelaciones con el objetivo de que las papeletas prescriban.

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“Las personas dicen que cambien la base sobre la cual se hará el cálculo (de la multa), pero no les interesa mucho, lo que ellos quieren es simplemente no pagar. Avizoró que en la segunda vuelta (de las Elecciones Generales 2026) uno de los temas será esto”, indicó.

Además, Barreto advirtió que, de aprobarse la propuesta de Kira Alcarraz, se podría generar un desorden en el Estado, ya que, según recordó, se toma como referencia el valor de la UIT para aplicar las diversas multas para tener una uniformidad.

Por ello, remarcó que, en vez de bajar los montos de las multas de tránsito, se deberían mejorar los sistemas administrativos para concretar el cobro de las sanciones.

“Lo que se debe hacer es que los sistemas administrativos que cobran este tipo de infracciones sean más efectivos y puedan cumplir el objetivo, que es disuadir al infractor, corregir su comportamiento, pero acompañado de políticas de educación y seguridad vial”, afirmó.

“El efecto disuasivo se genera cuando se tiene el conocimiento de que la infracción tiene una consecuencia real, pero en nuestra realidad no es así”, agregó.

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Barreto indicó que una posible rebaja de las multas sí podría incentivar el pago de papeletas, pero consideró que “eso no significa que la mayoría se acoja a esos descuentos, ya que siempre piensa en no pagar”.

Este diario intentó comunicarse con la congresista Kira Alcarraz. Sin embargo, no fue posible concretar una entrevista.

La propuesta de Kira Alcarraz “no parece adecuada”, ya que el monto del sueldo mínimo no se actualiza cada año, como sí ocurre con el valor de la unidad impositiva tributaria (UIT), indicó Roberto Vélez, gerente general de la asociación A Movernos, a El Comercio.

“Debe mantenerse el cálculo de la sanción sobre la UIT porque eso hará que cada año la multa pueda actualizarse”, aseveró Vélez.

No obstante, remarcó que las normas deben ser nuevamente reguladas, pues consideró que hay multas cuyos montos son desproporcionados y que se vuelven impagables con el paso del tiempo.

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“Lo que hay que hacer es volver a regular las multas porque en muchos casos son demasiadas altas y van en contra del principio de sanción en el sentido de que ya prácticamente son impagables para muchos peruanos”, afirmó Vélez.

“Se debe volver a regular la normativa porque hay sanciones que son extremadamente altas y tienen que ser proporcionales. Prácticamente se ha perdido el principio de proporcionalidad”, agregó.

Explicó que hay sanciones que son muy graves y no tienen los montos de multas que tienen otras que no son tan graves. Además, enfatizó que, pese a que se imponen multas altas, no hay una adecuada fiscalización de parte de las autoridades, lo que permite, según dijo, que colectivos informales sigan circulando pese a que acumulan sanciones millonarias.

Ante las acciones que realizan algunos abogados o tramitadores para lograr que las multas se judicialicen y prescriban, Vélez planteó la creación de tribunales de tránsito para que pueda resolverse las apelaciones u oposiciones de los conductores lo más rápido posible.

Por último, advirtió que en los últimos años se ha visto que se están impulsando “normas demagógicas en vez de normas técnicas”. “Un congresista que quiera mejorar el sistema de transporte y los problemas de seguridad vial debería coordinar con los técnicos, en este caso el MTC, y no proponer normas sin el debido sustento técnico”, explicó.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), opinó que el sueldo mínimo es una “buena base” para calcular las multas de tránsito, pero consideró que eso debería ir acompañado de la aplicación de una “proporcionalidad y racionalidad” de las sanciones.

“El sueldo mínimo es una buena base, pero la razonabilidad de la propia multa es también importante. La escala hay que modificarla”, afirmó Kunckel a El Comercio.

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En ese contexto, cuestionó que el circular sin luces por una vía tenga una multa mucho menor que el pasarse en 5 km/h la velocidad máxima, pese a que la primera circunstancia es mucho más peligrosa.

También recordó que se sanciona con 2,575 soles a los conductores cuyos vehículos no pasaron por la revisión técnica, pese a que en algunos casos los vehículos tienen solo tres años de antigüedad y se encuentran en perfectas condiciones.

La propuesta de Kira Alcarraz no es la primera que se presenta en el Congreso para reducir el monto de las multas de tránsito. José Luna Gálvez presentó, en enero pasado, una iniciativa para crear el Programa de Regularización de Sanciones en materia de transporte y tránsito terrestre, que permita “la reducción de hasta el 98%” del total de las multas impuestas a los transportistas, lo cual sería posible mediante la conversión de las sanciones a cambio de seguir cursos de educación vial.

Remarcó que el objetivo de la iniciativa es aliviar la carga económica de miles de conductores, así como su reinserción vial, promover la formalización del sector y reforzar la educación en seguridad vial en todo el país.

El proyecto establece beneficios de reducción de multas e infracciones impagas, incluyendo intereses y recargos, según la gravedad de la falta. Se propone el 98% de reducción para infracciones leve; 95% para infracciones graves, y 92% para infracciones muy graves.

Luna Gálvez refirió que estas medidas buscan ofrecer una salida viable a conductores que, debido a la acumulación de sanciones y altos costos, “han quedado fuera de la formalidad y sin posibilidad de recuperar su actividad económica”.

“No podrán beneficiarse de este programa quienes cometieron infracciones relacionadas con conducción en estado de ebriedad o drogas, manejo sin licencia, accidentes con lesiones graves o muerte, carreras ilegales o agresiones al personal de fiscalización”, explicó.

El legislador subrayó que, además, esta norma no beneficiará a quienes hayan puesto en riesgo la vida de terceros y que, para acceder a los beneficios planteados, los conductores con infracciones graves o muy graves deberán completar cursos de buenas prácticas en seguridad vial y aprobar exámenes de conocimientos y manejo.

“Este beneficio no es un cheque en blanco. En caso de recuperar la licencia, esta tendrá un periodo de prueba de tres años, durante el cual la acumulación de pocos puntos podría generar su cancelación definitiva”, sostuvo Luna Gálvez cuando sustentó su iniciativa.

“El proyecto implica una reducción en la recaudación por multas. A cambio, ofrece beneficios directos a conductores y un impacto positivo para la sociedad al promover mayor capacitación, menos infracciones y menos siniestros. Además, le damos una nueva oportunidad a miles de peruanos, para que puedan reactivar su propia economía”, agregó.