La sesión plenaria de este lunes se llevó a cabo desde Trujillo. (Foto: Congreso de la República)
La sesión plenaria de este lunes se llevó a cabo desde Trujillo. (Foto: Congreso de la República)
Pedro Ortiz Bisso

A estas alturas sería una sorpresa que el Congreso hiciera bien su trabajo. El papelón del pleno de Trujillo reafirma que el caradurismo los une. Y no se avergüenzan de ello.

Después de haber votado a favor de la reforma constitucional que impide postular a cargos públicos a los sentenciados por delitos dolosos, Podemos y UPP cambiaron de parecer. En ocho días advirtieron que si la norma se aprobaba, probablemente sus líderes no podrían postular en las próximas elecciones y se unieron a Fuerza Popular que desde un principio se mostró en contra.

El grado de desfachatez volvió a alcanzar cotas sorprendentes. Durante la primera votación, desde Podemos dijeron que estaban a favor porque “no tenían miedo”; en la segunda, el señor Daniel Urresti -¡cuándo no!- adujo que existía un pacto entre el Ejecutivo y un sector del Congreso para sacar de carrera a otros candidatos. En tanto, el señor José Vega, a nombre del partido que alguna vez liderara Javier Pérez de Cuéllar, dijo que se estaba vulnerando la presunción de inocencia.

¿Por qué no mencionaron estas razones durante la primera votación? ¿Qué fue lo que les hizo ‘reflexionar’ y cambiar de parecer en tan poco tiempo?

Afortunadamente, la población ya empieza a darse cuenta de la catadura moral de estos mal llamados ‘padres de la patria’. La última encuesta nacional urbana de IPSOS, que publica hoy El Comercio, muestra una caída de 13 puntos en la popularidad del Parlamento (baja de 45% a 32%), cada vez más lejos del 52% que alcanzara en mayo.

No obstante, sería un acto de candidez extrema imaginar un súbito cambio de rumbo entre quienes, salvo honrosas excepciones, han llegado al Parlamento a defender sus negocios y sus intereses políticos. ¿El país? Les importa un bledo.

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