Papeletas de tránsito impuestas por municipios bajo la lupa: especialistas advierten que sanciones tienen un fin recaudador y no educativo

Las multas impuestas a través de las fotopapeletas y por el aplicativo Lima Reporta han generado reacciones en los conductores y especialistas, pues consideran que se han aplicado en circunstancias no muy claras y porque consideran que dichas medidas tiene un fin recaudador antes que preventivo o educativo. Estos actos de fiscalización se han desarrollado gracias a los convenios suscritos por la Municipalidad de Lima y las comunas distritales.

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En el caso del distrito de Magdalena, la comuna decidió retirar de su jurisdicción los equipos que eran usados para determinar presuntos excesos de velocidad y aplicar las fotopapeletas ante las denuncias de supuestas irregularidades. Uno de los reclamos de los vecinos era que la supuesta infracción ocurría en zonas donde no había una adecuada señalización vial y la notificación de la papeleta llegaba hasta con tres meses de retraso, lo que impedía la presentación de un descargo.

Por su parte, el municipio de San Miguel anunció la instalación de una mesa técnica con la Municipalidad de Lima para establecer la suspensión temporal del registro de nuevas infracciones a través del aplicativo Lima Reporta, así como evaluar los procedimientos para anular las sanciones impuestas.

Las papeletas de tránsito deben tener un fin reeducador y de “corregir conductas”, pero no un propósito de recaudar dinero para financiar a las municipalidades, indicó Percy Castillo, abogado experto en derechos humanos, a El Comercio.

“Toda fórmula que ayude a que se respete a ley hay que promoverla, pero las sanciones tienen que ser proporcionales. La idea de la papeleta es educar, corregir conductas, no se puede convertir en una forma para que una entidad se financie. Los montos de las papeletas responden a la intención de corregir y no de generar rentas por una vía que no es la permitida”, afirmó Castillo.

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“Las papeletas no tienen un afán recaudatorio, jamás lo han tenido y no lo deben tener. El problema es que desde el Gobierno central, en algunas ocasiones, se ha exagerado en los montos de las papeletas, haciéndolas muy altas y a veces impagables con un claro fin recaudador. Por otro lado, los municipios han agotado fórmulas, a veces incorrectas, por propugnar que se impongan más papeletas con el ánimo de recaudar, eso también está mal”, añadió.

Recordó que la papeleta tiene una sanción inmediata, por lo que consideró que el procedimiento de imposición sea más cuidadoso. También cuestionó el largo trámite y el costo que debe asumir un ciudadano en caso decida impugnar una papeleta.

“La papeleta es un tipo de acto administrativo en donde la sanción es inmediata, por lo que deben ser más cuidadosos cuando se impone, ya que no es un acto que pueda merecer un debate largo o una revisión, es casi automático. Una vez impuesta, ir contra ella es un procedimiento que demora y cuesta, mientras tanto la sanción se aplica y la persona, si no paga, puede sufrir que le incauten el vehículo”, anotó.

Castillo consideró que una alternativa ante el actual escenario es la difusión de la educación vial a los conductores y peatones y que las papeletas cumplan un rol reeducador.

Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, remarcó que la decisión de la Municipalidad de Lima de firmar convenios con los municipios distritales para fiscalizar el tránsito en sus jurisdicciones no busca poner orden en la ciudad, sino solo recaudar dinero. Por ello, consideró que las acciones desplegadas no resolverán el problema que se busca solucionar.

“Todos estos hechos el fondo podrían ser bien intencionados, pero por la forma cómo lo están aplicando dista mucho de poner orden en la ciudad, ya que claramente se evidencia que el propósito es recaudar dinero, lo que es muy grave. Esto debería perfeccionarse, ha hecho muy mal la municipalidad provincial en suscribir con las distritales solamente con el propósito de poner multas, eso no va a resolver el problema”, aseveró a El Comercio.

“Los casos de San Miguel y Magdalena son una muestra de que la autoridad no está actuando con la intención de poner orden, sino solamente con el propósito de recaudar dinero”, añadió.

Quispe Candia advirtió que la decisión de una autoridad municipal de restringir una vía para el estacionamiento vehicular debe estar sustentado en un estudio. “Al restringir una vía para ponerla como una zona rígida tiene que haber un estudio de tránsito, a cargo de especialistas en tránsito, y que justifique por qué se va a restringir esa vía, como la presencia de vehículos de transporte público o una gran densidad vehicular. No solo es cuestión de pintar de amarillo, tiene que justificarse el motivo con un estudio”, refirió.

Otro punto que resalató el especialista es que los inspectores municipales no tienen la adecuada formación para que se le encargue una labor tan especializada.

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“Los inspectores de tránsito no tienen formación académica, no han pasado por un centro de formación, ya que los reclutan, les dan una charla y eso es todo. Se está deteriorando la fiscalización del tránsito y transporte. No es correcto darles una responsabilidad tan delicada como la fiscalización a personas que no estén calificadas. La propia Policía que no está asignada al control del tránsito no está calificada para fiscalizar, menos personas que solo le han puesto un chaleco y le han dado una autoridad que no lo van a hacer correctamente. Es un craso error de la municipalidad creer que por poner unas multas de la forma más forzada van a mejorar la situación del tránsito y transporte”, afirmó Quispe Candia.

Franklin Barreto, especialista en temas de tránsito, transporte y seguridad vial, consideró que las acciones de los municipios provinciales y distritales en temas de la fiscalización del tránsito tienen “un fin recaudador” y no un fin preventivo.

En diálogo con El Comercio, el experto remarcó que las comunas tratan de aplicar las sanciones en un contexto en el que no se ha implantado en la sociedad un sistema de educación vial.

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“La finalidad se encuentra muy bien reseñada en el Reglamento Nacional de Tránsito, donde se establece con claridad que le corresponde al MTC el diseño de los sistemas de prevención de los accidentes de tránsito y le corresponde a la Policía la fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito con fines preventivos”, afirmó Barreto.

“Las competencias de fiscalización que ejercen las municipalidades provinciales y las que quieren ejercer las distritales tienen meramente un fin recaudador, ya que ellos no tienen un diseño de un plan específico que esté destinado a la educación vial, a la prevención de accidentes, a la modificación del comportamiento del usuario, pues simplemente lo que quieren hacer es detectar infracciones y obligar a las personas a pagar la papeleta”, agregó.

“Es una realidad donde no ha existido una conveniente educación vial, no tenemos programas de educación vial, por lo tanto, lo que han hecho los ciudadanos es aprender sobre la marcha las normas de tránsito”, refirió.

Por su parte, el abogado experto en temas municipales Martín D’Azevedo indicó que las acciones de los municipios con el objetivo de recaudar recursos a través de papeletas de tránsito se han intensificado en los últimos años, especialmente luego de que se cuestionó y denunció el remolque de vehículos y envío al depósito municipal.

Remarcó que las comunas provinciales y distritales, con el dinero recaudado con la imposición de papeletas, buscan cubrir la falta de recursos debido a que el presupuesto que se les asigna les resulta insuficiente y recordó que algunas se encuentran en estado de quiebra.

Al igual que Luis Quispe Candia, D’Azevedo aseguró que los inspectores municipales no reciben una adecuada formación para fiscalizar el tránsito, ya que solo se les imparten charlas por unos cuantos días.

Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), consideró que las multas de tránsito en el país son “desproporcionadas, injustas e irracionales”, por lo que planteó que se apliquen con gradualidad.

“No tiene sentido que por exceder apenas 5 kilómetros por hora se impongan sanciones tan elevadas que incluso superan el sueldo mínimo. En otros países, una diferencia así se considera una infracción menor, no una falta grave. Las sanciones más severas se aplican con gradualidad y cuando el exceso es realmente significativo. Aquí, en cambio, se castiga sin razonabilidad”, expresó Kunckel a El Comercio.

“Cuando las multas alcanzan esos niveles, se desnaturaliza su propósito. En lugar de educar y corregir conductas, pueden terminar respondiendo a una lógica recaudatoria. Hemos visto incluso municipios que reducen velocidades en vías dobles a 30 kilómetros por hora sin un criterio técnico claro, generando condiciones en las que el conductor termina cayendo fácilmente en infracción. Eso no solo distorsiona la fiscalización, también afecta el flujo normal del tránsito y agrava la congestión”, agregó.

Kunckel se mostró de acuerdo con la fiscalización electrónica y con la automatización del control, pero onsideró que debe ir acompañado de “multas racionales”.

“La reincidencia debe ser la que realmente agrave la sanción, no una primera falta menor. Se necesita una tolerancia razonable, de por lo menos 10 kilómetros por hora, y una escala gradual y coherente. Hoy muchas de estas multas son apeladas o no se pagan porque son impagables y generan indignación. Así, simplemente, no cumplen ningún fin educativo”, refirió

“Y el problema no se limita al exceso de velocidad. También ocurre con la revisión técnica. No es razonable que por retrasarse un día se imponga una multa de S/ 2,400, el internamiento del vehículo y 60 puntos en el récord del conductor. Eso es insólito. Más aún cuando vemos circular vehículos antiguos en malas condiciones, mientras a unidades nuevas se les pretende aplicar sanciones extremas por retrasos mínimos. Urge sincerar el sistema, corregir la escala de multas y recuperar el equilibrio entre fiscalización, racionalidad y educación vial”, añadió.