Peaje de Conchán: la historia de cómo se produjo la suspensión de uno de los peajes más importantes de Lima

Desde la noche el último martes, 22 de abril, se suspendió el cobro de peaje en la garita de Conchán, operada por Rutas de Lima, tras la resolución emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, a cargo de la jueza Vilma Vidales, que declaró fundado en parte el habeas corpus interpuesto por la Municipalidad de Lurín. Es decir, los vehículos que provengan de la antigua Panamericana Sur y se dirijan a la nueva Panamericana Sur ya no harán ningún pago. La tarifa establecida era de 7.5 soles para los vehículos livianos particulares y livianos públicos, mientras que las unidades pesadas abonaban S/ 7.5 por eje.

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El habeas corpus había sido interpuesto el 20 de marzo del 2024 por el alcalde de Lurín Juan Marticorena Pérez. La primera diligencia se desarrolló el 14 de agosto de ese mismo año y la segunda se efectuó el 21 de marzo del 2025. Desde el 2019, el exburgomaestre Jorge Marticorena Cuba y los vecinos del distrito habían presentado 39 habeas corpus, pero todos fueron rechazados en el Poder Judicial.

Como era esperarse, la reciente resolución judicial fue respaldada por los conductores y residentes de Lurín, quienes indicaron a El Comercio que el pago de peaje afectaba su economía, especialmente a las personas que se dirigen a estudiar o trabajar. Además, señalaron que muchos choferes, especialmente los de camiones, optan por utilizar la antigua Panamericana Sur para no pagar peaje, lo que acentúa la congestión vehicular en dicha vía. También afirmaron que el dinero recaudado en los peajes no se invierte en mejorar las pistas de Lurín o en optimizar el tránsito. En ese contexto, cuestionaron que las autoridades no reparen el puente Conchán, que está cerrado y genera más caos.

Horas después, decenas de vecinos se congregaron, con pancartas y con arreglos florales, en el frontis de la sede del Poder Judicial en Lurín y saludaron la decisión de la jueza Vilma Vidales.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín indicó, en su parte resolutiva, que el derecho al libre tránsito se ha visto vulnerado con la implementación del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima, firmado entre Rutas de Lima y la Municipalidad de Lima, ya que “resulta irrazonable y desproporcional, por lo que corresponde amparar la demanda”.

Además, señala que declara fundado en parte el habeas corpus ante “el atentado a la libertad de tránsito” de los vecinos de la playa San Antonio. Precisamente, la Municipalidad de Lurín señaló que durante las diligencias judiciales se constató que a los habitantes les toma hasta una hora con 48 minutos llegar desde Lurín Cercado hasta San Antonio cuando usan la ruta alterna para no pagar peaje.

El juzgado establece como segundo punto que la suspensión del cobro de peaje en Conchán tendrá vigencia hasta que “cese el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito” o hasta que la justicia penal determine si los contratos de concesión y sus adendas tienen un origen lícito o no.

También se exhorta a Rutas de Lima a que realice las mejoras en el puente Conchán, pues recordó que dicha empresa concesionaria se sigue beneficiando con el cobro de peaje en la garita de San Pedro.

El alcalde de Lurín, Juan Marticorena, indicó a El Comercio que presentará una apelación este jueves para que, además de la garita de Conchán, también se suspenda el cobro de peajes en las plazas Arica y San Pedro, cuyo pedido estaba incluido en la demanda inicial, pero que el Poder Judicial no lo declaró fundado.

El burgomaestre remarcó que la antigua Panamericana Sur no es una vía que brinde seguridad en caso sea usada como ruta alterna y no se quiera pagar el peaje de San Pedro, Conchán o Arica. “La antigua Panamericana Sur no es una vía idónea que pueda alegar Rutas de Lima y decir que hay una ruta alterna y que por ende se tiene que pagar el peaje”, mencionó.

“Lo que hacen estos peajes es encerrar al distrito de Lurín y no se puede salir ni ingresar sin pagar peaje”, agregó.

Marticorena señaló que la suspensión del peaje de Conchán beneficia a cerca de dos millones de vecinos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacámac, Punta Hermosa, entre otros distritos de Lima sur. Recordó que solo la caseta de peaje de Conchán existía cuando se firmó el contrato de concesión con Rutas de Lima y que luego se agregaron las garitas de Arica y San Pedro. En total, en Lurín hay cinco puntos de peaje.

Además, pidió a las autoridades judiciales acelerar el juicio oral y se obtenga una sentencia contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, quien admitió que recibió, durante su gestión, aportes de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, que tenía contrato con la Municipalidad de Lima por el proyecto Rutas de Lima.

El burgomaestre destacó que los informes de la Defensoría del Pueblo sobre el tema de los peajes han reforzado su demanda de habeas corpus y grafican la vulneración a la libertad de tránsito y a la igualdad ante la ley de los vecinos. Enfatizó que la resolución que ordenó la suspensión del cobro de peajes en Puente Piedra sentó un precedente en el tema.

“Después de la sentencia del TC en el caso de Puente Piedra hay un desarrollo constitucional que habla que una vía alterna no es cualquier pista, tiene que ser idónea, con medidas de seguridad e iluminación, que verdaderamente soporte la carga vehicular”, expresó.

Destacan fallo

La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del Primer Juzgado Investigación Preparatoria de Lurín sobre el peaje de Conchán y recordó que intervino en dicho proceso como amicus curiae.

“Conforme a nuestro mandato constitucional de defensa de derechos fundamentales, intervenimos en dicho proceso como amicus curiae, participando en inspecciones judiciales y aportando criterios técnicos y jurídicos sobre vulneración de derechos de residentes de la zona”, expresó.

“Decisión de suspender el cobro de peaje en Conchán obedece a que las rutas alternas descritas por la concesionaria no son idóneas ni razonables, afectando el derecho al libre tránsito, tal como también fue desarrollado por el TC en caso de peajes de Lima Norte”, agregó.

Por su parte, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló que “se hizo justicia” en el caso del peaje de Conchán y que la MML se ha allanado en dicho proceso, tal como lo hicieron en la suspensión del cobro de peaje en Puente Piedra.

Rutas de Lima rechazó la resolución que ordena suspender el cobro de peaje en la garita de peaje de Conchán, pues la consideró “arbitraria” y que “vulnera el marco normativo peruano”. No obstante, aclaró que acata la medida judicial “en estricto respeto al estado de derecho y la institucionalidad” y “sin perjuicio de las impugnaciones correspondientes”. Enfatizó que se reserva el derecho de recurrir a todas las instancias competentes, ya sean nacionales e internacionales, para “proteger sus derechos”.

La empresa señaló que, hasta el momento, son 26 las casetas de peaje que no pueden operar debido a “decisiones abusivas y arbitrarias”, por lo que está dejando de recibir casi un 50% de sus ingresos. Pese a esto, afirmó que continúa con su obligación de operar y mantener todas las vías bajo su responsabilidad. “Esta situación está teniendo un impacto significativo sobre la situación financiera de la concesionaria”, precisó en un comunicado.

Además, consideró que la reciente resolución judicial “vulnera las garantías a la inversión privada” y forma parte de un hostigamiento en su contra por parte de diversas autoridades, y nombró entre ellas al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Esta resolución judicial forma parte de una campaña sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político impulsada por el Estado peruano, incluyendo principalmente la Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde, a la que se han sumado otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo. Nuevamente, ignorándose los cauces institucionales y contractuales, la referida sentencia vulnera las garantías a la inversión privada y socava gravemente la seguridad jurídica que debe primar en el país”, expresó.

“Rechazamos firmemente esta ofensiva impulsada por las autoridades que de manera expresa y reiterada y en abierto desprecio por la seguridad jurídica, han mencionado que van a despojarnos de nuestros activos y derechos en claro incumplimiento del marco legal y sin ningún respeto a los contratos y a la inversión privada”, agregó.

Rutas de Lima recordó que la estación de peaje de Conchán fue instalada hace más de 20 años por el Estado peruano y ocurrió antes de que se entregaran en concesión las vías. Incluso, afirmó que Ositran “ha determinado que no es necesario que existan vías alternas” y que sí hay rutas alternas en caso no se desee pagar el peaje en Lurín.

“Es importante precisar que la construcción o mejoramiento de vías alternas es de entera responsabilidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, aseveró.

Rutas de Lima indicó que la recuperación del puente Conchán es una obligación de la Municipalidad de Lima, y que eso no se ha cumplido hace más de una década, pese a los continuos reclamos que formuló.

AFIN asegura que resolución genera “grave precedente”

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su “profunda preocupación” por la reciente decisión judicial que suspende el cobro de peaje en la garita de Conchán, en Lurín, pues considera que “desconoce el contrato de concesión” y genera “un grave precedente para el futuro de la infraestructura vial en el Perú”.

“Este fallo no solo pone en riesgo los proyectos actuales, sino que condena al país a mantener carreteras en mal estado y a seguir dependiendo exclusivamente de un presupuesto público que resulta insuficiente para cerrar la inmensa brecha vial existente”, indicó la asociación.

AFIN indicó que “observa con extrañeza” que se exija la habilitación de una vía alterna, pues aseguró que existe la antigua Panamericana Sur que conecta a Lurín y otras zonas del sur. Incluso, afirmó “las vías alternas no son una obligación exigible”.

“AFIN confía en que las instancias superiores del Poder Judicial corregirán esta decisión, que carece de sustento técnico y jurídico, y que pone en riesgo el futuro del sistema de concesiones en el país”, expresó.

Martín D’Azevedo, abogado experto en derecho municipal, cuestionó que algunos alcaldes recurran al Poder Judicial para obtener resoluciones que dejen sin efecto el cobro de peajes en vías concesionadas, ya que los resultados son “triunfos pírricos”.

En diálogo con El Comercio, el especialista indicó que los contratos de concesión establecen mecanismos para la solución de diferencias entre las partes y que, de no llegarse a un acuerdo, el tema se resuelve en arbitrajes internacionales.

“Están mal porque el contrato sostiene que estas decisiones, cuando hay diferencias o falta de acuerdo en la ejecución de una de las cláusulas, son sometidas a arbitrajes internacionales”, indicó.

Advirtió que las empresas concesionarias ya han recurrido a las instancias internacionales por divergencias con las autoridades peruanas y que, en muchos casos, han ganado, lo que ha implicado que el Estado peruano asuma el pago de demandas millonarias.

No es la primera vez que se ordena suspender el cobro de peaje en una garita concesionada. El 8 de marzo del 2024, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte una demanda de habeas corpus y ordenó a Rutas de Lima a dejar de cobrar el peaje en la Panamericana Norte, a la altura de Puente Piedra, “por haberse vulnerado el derecho fundamental al libre tránsito” de los residentes de dicho distrito y de los usuarios que circulan por esa vía concesionada. Cabe resaltar que el argumento es similar al usado por la jueza Vilma Vidales en el caso del peaje de Conchán.

“Dicha decisión se mantendrá hasta que se adopten las medidas para cesar el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes, con calidad de firmes, que determinen si el contrato de concesión y sus adendas tuvieron un origen ilícito o no”, indicó el TC en su pronunciamiento.

El Tribunal Constitucional remarcó que las circunstancias que rodearon el contrato de concesión con Rutas de Lima deben ser esclarecidas por la justicia peruana; y que la implementación del proyecto Vías Nuevas de Lima, a través de obras de infraestructura en el tramo de la Panamericana Norte, ha terminado afectando de “modo irrazonable y desproporcionado” el derecho al libre tránsito de los ciudadanos de Puente Piedra, específicamente para desplazarse dentro de su propio distrito o para salir de él.

Para el TC, la inexistencia de rutas alternas ha generado también limitaciones a la transitabilidad, pues los vecinos de Puente Piedra, para desplazarse entre ambas márgenes de la vía concesionada, tienen que salir del distrito y atravesar las jurisdicciones de Los Olivos, Carabayllo y Comas, para luego volver a reingresar a Puente Piedra por la Panamericana Norte, lo que afecta su calidad de vida.

Por ello, el tribunal exhortó a las autoridades judiciales a cargo de los procesos penales contra los exfuncionarios de la Municipalidad de Lima y las demás personas involucradas en el contrato de concesión con Rutas de Lima a que resuelvan con celeridad los casos.