Congreso aprueba paquete de seguridad: emergencia policial, armas no letales y control telefónico

En medio de un paro de transportistas en Lima y Callao, el Congreso de la República aprobó con 91 votos, en el segundo pleno temático de seguridad ciudadana desarrollado este jueves, el dictamen que declara en emergencia la Policía por 180 días. La representación nacional decidió exonerar, con el apoyo de 85 legisladores, una segunda votación.

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El presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (APP), fue quien propuso una disposición complementaria para declarar en emergencia la PNP por un plazo de 180 días, pese a que en un inicio se planteó 120 días. Además, se encarga al Poder Ejecutivo dotar al cuerpo policial de equipamientos, servicios y otros recursos logísticos, así como el mejoramiento de su infraestructura que le permita luchar contra la criminalidad en todo el país.

A su turno, el legislador Luis Aragón Carreño (AP) indicó que su propuesta dispone que la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional del Perú, efectúe una evaluación del estado situacional del Mininter y plantee una reestructuración.

El dictamen aprobado autoriza, además, la intervención inmediata del Ministerio del Interior, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales a fin de que, durante el estado de emergencia, desarrollen las contrataciones de bienes y servicios para la ejecución de acciones urgentes e inmediatas, a fin de reducir los niveles de inseguridad ciudadana y de criminalidad organizada.

Igualmente, faculta a la Contraloría a realizar el control concurrente correspondiente a las adquisiciones del Ministerio del Interior, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el marco de lo dispuesto por la ley.

También se dispone el otorgamiento de un bono económico al personal policial, autorizado por la Ley 32197, que de forma voluntaria preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación en el marco de la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana.

El Parlamento aprobó el texto que modifica la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, y que incorpora la pistola eléctrica o de electrochoque como medio de defensa del sereno durante sus intervenciones.

La norma fue aprobada con 88 votos a favor y 6 en contra. La iniciativa fue exonerada de una segunda votación, por lo que será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.

La presidenta de la Comisión de Descentralización, Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), destacó que el uso de la pistola eléctrica o de electrochoque por parte de los serenos estará sujeto a capacitaciones rigurosas, que incluirán entrenamientos en campo, simuladores y polígonos de tiro.

Precisó que el dictamen establece que el Ministerio del Interior evaluará si el uso de armas de electrochoque deberá estar acompañado por cámaras corporales activas, con el objetivo de garantizar transparencia y prevenir eventuales abusos.

En la norma se incluyó, en una disposición complementaria final, la exención de responsabilidad penal en ejercicio de la legítima defensa. “El personal de serenazgo municipal que, en el cumplimiento de sus funciones y haciendo uso de un medio de defensa en forma reglamentaria, cause daño contra la vida, el cuerpo y la salud, está exento de responsabilidad penal de conformidad con el numeral 9 del artículo 20 del Código Penal, Decreto Legislativo 635”.

Durante el debate, la parlamentaria Sigrid Bazán, quien cuestionó el contenido de la norma, presentó una cuestión previa para que el dictamen regrese a comisiones con el fin de que se realice un análisis más exhaustivo, pero el pedido fue rechazado por 71 votos en contra, 20 a favor y 1 abstención.

Por su parte, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, saludó la aprobación de la norma, pues consideró que podría evitar que agentes del Serenazgo mueran por ataques de delincuentes, como ocurrió en el caso del sereno Luis Manrique, quien fue asesinado por el hampón venezolano Christopher Fuentes González, alias el ‘Maldito Cris’, durante una intervención.

Otra de las normas aprobadas por el Parlamento es la que propone la identificación, localización, geolocalización y rastreo de terminales móviles para la suspensión de la línea telefónica, el bloque del IMEI y la baja del servicio móvil, en los casos de vinculación a llamadas o envío de mensajes para perpetrar delitos como la extorsión, explotación sexual, entre otros.

La iniciativa modifica el decreto legislativo 1338, que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles, orientado a la prevención y combate del comercio ilegal de equipos terminales móviles ; y el Decreto Legislativo 1182, que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización y geolocalización de equipos de comunicación.

La propuesta faculta al Organismo Supervisor de Inversión Privada de las Telecomunicaciones (Osiptel), a solicitud del usuario afectado, a solicitar a la empresa móvil suspender de manera temporal la línea telefónica, realizar el bloqueo del IMEI del equipo móvil detectado como alterado o clonado, incluso pedir la baja del servicio.

El usuario deberá presentar la respectiva denuncia policial ante el operador móvil, quien tendrá un plazo máximo de 12 horas para ejecutar el bloqueo del IMEI o la suspensión temporal del servicio.

Además, la unidad policial a cargo de la investigación solicitará a la entidad especializada el acceso inmediato a los datos de localización, geolocalización o rastreo de los teléfonos móviles o de cualquier otro dispositivo electrónico únicamente cuando constituya un medio indispensable para la indagación.

También se aprobó, con 88 votos, el dictamen que establece penalidades a quienes activen en forma ilegal líneas de servicios móviles y a la posesión ilegal de SIM Card. Para ello, se modificó la Ley 30096, Ley de delitos informáticos, y el Código Penal, Decreto Legislativo 635. La iniciativa legislativa fue exonerada de segunda votación.

En su primer artículo incorpora el artículo 9-A en la Ley 30096, Ley de Delitos informáticos, donde se establece que quien “mediante sistemas informáticos u otro mecanismo, active una SIM Card o una línea de servicio móvil en la plataforma de abonados de una empresa operadora sin el consentimiento del titular, o cuando la información proporcionada del titular sea falsa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con inhabilitación conforme al numeral 4 del artículo 36 del Código Penal”.

En su segundo artículo modifica el artículo 222-B del Código Penal, Decreto Legislativo 635, y define que la persona que provea, comercialice o facilite la adquisición de una SIM card u otro medio activado ilegalmente será sancionado con una pena no menor de cinco ni mayor de nueve años y con inhabilitación, conforme al numeral 4 del artículo 36 del Código Penal.

En su tercer artículo incorpora el artículo 272-A en el Código Penal, Decreto Legislativo 635. “Quien ofrezca, promocione, comercialice o realice contrataciones de servicios públicos móviles de forma ambulatoria o en la vía pública, salvo aquellos casos que la norma lo autorice, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con una multa de trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa”, se indica.

En el pleno temático sobre seguridad ciudadana, el Parlamento aprobó con 64 votos a favor, 12 en contra y 12 abstenciones, en primera votación, el proyecto que establece pena de cárcel de dos a cuatro años para la persona que amenaza a otro, con uso de arma, mediante escrito o imagen o cualquier medio de tecnología de la información o comunicación, con el concurso de dos o más personas, o si la víctima es menor de edad, con discapacidad, mujer en estado de gravidez o adulta mayor. Una segunda votación deberá ser realizada en siete días.

El presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita Alanoca (PL), quien sustentó el respectivo dictamen, indicó que, en el actual contexto, las amenazas han adquirido relevancia debido a que son usadas en los casos de extorsión, a través de llamadas telefónicas o mensajes de textos.

Además, se precisa que si el delito es cometido con el uso de arma, la pena será sancionada, además, con la suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego.

En el caso de que la amenaza a otro, de forma cierta y verificable, sin que medie finalidad económica, con causarle a él o a su familia un hecho punible contra la vida, integridad física, intimidad, patrimonio o libertad sexual será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

Se aprobó el dictamen que propone autorizar la fabricación y la comercialización de uniformes de la Policía Nacional del Perú a proveedores registrados. La titular de la Comisión de Defensa, Adriana Tudela, explicó que era necesario regular la provisión, distribución y venta de uniformes de la Policía Nacional del Perú, ya que “actualmente no existe norma alguna que restrinja de manera expresa la comercialización indiscriminada de esta prenda”

Se dio luz verde, en primera votación, a la modificación de la Ley 27933, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, lo que permitirá variar la composición y responsabilidades del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Quedó pendiente la segunda votación.

Se incorporó al Código Penal el delito de captación de menores de edad para la comisión de actos delictivos. La propuesta fue aprobada, en primera instancia, con 82 votos a favor, cero en contra y una abstención. Además, fue exonerada por unanimidad (83 votos) de la segunda votación.

Con 78 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la implementación de la plataforma “Denuncia Digital” para la presentación de denuncias por delitos contra el patrimonio. Quedó exonerado de segunda votación. El proyecto había pasado, más temprano, a un cuarto intermedio.

El congresista Edwin Martínez planteó, en medio del debate en el Parlamento, que los criminales del Perú eliminen a los delincuentes extranjeros, pues consideró que “nos tienen prisioneros en las calles”. Además, el parlamentario propuso que se expulse a todos los extranjeros que se encuentren en calidad migratoria irregular en el Perú, pues consideró que “ilegalidad es sicariato y delincuencia”.

“Ante tremenda ola de criminalidad y ante la inacción del Estado, lo único que tenemos que exigir, y no se necesita ley para ello, es la declaratoria del estado de sitio, perder las garantías constitucionales. Hoy está en riesgo nuestra vida, no sabemos si al salir del Congreso nos van a meter un balazo. Ni la suya, ni la mía, ni la de la presidenta (Dina Boluarte) ni la del ministro está garantiza. ¡Nos matan o los matamos! Ya no hay que ser tibios. Sugerir y exhortar al Ejecutivo que, de una vez por todas, deporten a todos los extranjeros, (son) un millón 200 mil ilegales. Ilegalidad es sicariato, es delincuencia, es asesino, es violador. No merecen estar en nuestro país”, aseveró Martínez.

“Ya nos tienen prisioneros en las calles, somos prisioneros de nuestro propio miedo a enfrentarlos. Ojalá que nuestros asesinos asesinen a esos malditos y no los dejen seguir asesinando al pueblo”, agregó.

Momentos antes del inicio del pleno, Martínez declaró al canal del Congreso y repitió su posición de expulsar a los extranjeros en condición ilegal y consideró que el país se encuentra en “una guerra”, por lo que pidió al Gobierno de declarar el estado de sitio para eliminar a los delincuentes.

“El Ejecutivo que tome la decisión y tenga la voluntad política de dar órdenes claras y adecuadas. así suene muchas veces crudo, es una guerra: ¡o nos maten ellos o lo matamos nosotros!”, expresó.

“Hoy se tiene que tomar al toro por las astas. Primero expulsar a todos los venezolanos ilegales. Alguien que es ilegal es delincuente, no hay otra. Tenemos un millón 200 mil venezolanos en estado de ilegalidad: sicarios, delincuentes, extorsionadores, violadores, no podemos tener esa lacra aquí. Ahora piden convenios internacionales para poder deportarlos, cuando ellos vinieron aquí sin ningún convenio. Lo que tenemos que hacer es hoy con decisión, y por la tranquilidad de los ciudadanos, es botarlos”, agregó.

“Es necesario hoy exigir al Gobierno que declare el estado de sitio, que se pierdan las garantías constitucionales y, a quienes se tenga que matar, se mate”, precisó.

José Cueto

Al igual que Edwin Martínez, el legislador José Cueto consideró necesario decretar el estado de sitio en determinadas zonas, a fin de que las Fuerzas Armadas tomen el control territorial y la Policía capture a los cabecillas de las bandas.

“Estamos llegando a un punto de no retorno. La criminalidad cada día se zurra en el Estado. No funciona (el estado de emergencia), lo que deberían hacer en algunas zonas es declarar el estado de sitio, que involucra toque de queda, que las Fuerzas Armadas toman control de un área territorial y la Policía pueda entrar a capturar a los cabecillas en las zonas donde saben que existen, pero que no los capturan porque no los agarran en flagrancia”, aseveró.

Cueto indicó que solo fue una “sugerencia e idea” que se coloquen láminas antibalas en las ventanas de los buses como sistema de defensa ante el ataque de los sicarios y extorsionadores, pero remarcó que las empresas sí podrían costear con sus recursos dicha protección.

“Cuando los transportistas no tienen los recursos económicos, el tema va a las empresas. Si yo empresa no puedo gastar un poco de dinero de lo que recaudo, de todo el trabajo que hacen los transportistas, que le dan una parte solo al chofer y al cobrador, y ellos como empresa podrían aplicar un poco de sus fondos para cubrir no con el sistema de blindaje como antiguamente había en la época del terrorismo. Hay láminas que se pueden colocar en la parte delantera o lateral, donde están los choferes”, afirmó.

“Sé que cuesta (colocar láminas antibalas). No le estoy diciendo a los choferes que lo hagan, acá la dirección de mi propuesta va a las empresas amenazadas, que sí podrían (invertir)”, agregó.