Arlette Contreras se pronunció tras la lectura de la sentencia contra Adriano Pozo. (Foto: Juan Ponce/El Comercio)
Arlette Contreras se pronunció tras la lectura de la sentencia contra Adriano Pozo. (Foto: Juan Ponce/El Comercio)
Pedro Ortiz Bisso

El último lunes, cuando la justicia oficializó la condición de monstruo de , la policía decidió que no era motivo suficiente para darle caza.

La orden de captura emitida ese mismo día por el Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Lima Norte no fue recibida por la Policía Judicial de Lima Norte porque el documento llegó a las 9:45 p.m. y ellos solo trabajaron hasta las 5 p.m.


Esta es una estupenda noticia para feminicidas, violadores y demás delincuentes que pululan en el país. No se preocupen, sigan en lo suyo. Y si por esas casualidades del destino van a juicio, no teman. Basta que su orden de captura llegue a la Policía Judicial fuera de horario de oficina y tendrán tiempo suficiente hasta para decidir con cuánta ropa escapar, si usarán una maleta o una mochila, tomarán un bus o le pedirán a un amigo que les dé una jaladita hacia su guarida.

“La hora es la hora”, la muletilla que Toño Vargas utilizara durante la Copa América, parece ser palabra santa entre los integrantes de la Policía Judicial de Lima Norte. La única frase del narrador que debe disgustarles es “todo el tiempo que les da la vida”. Es que con la hora no se juega. Sobre todo si es la de salida.

Sobra decir que al momento de escribir estas líneas el paradero de Adriano Pozo es desconocido.

Han pasado cuatro años desde que el país vio horrorizado cómo era arrastrada de los cabellos por Pozo, en un hostal en Huamanga, Ayacucho. Pese a la contundente evidencia fílmica, Pozo solo fue condenado a un año de prisión suspendida por lesiones leves.

El juicio volvió a fojas cero y, en un nuevo fallo, el agresor fue absuelto de las acusaciones de intento de violación y feminicidio. Incluso Contreras fue acusada de presentar una constancia de trabajo con información falsa y hasta se pidió un año y medio de prisión para ella.
El panorama cambió en diciembre del 2018: la absolución de Pozo fue declarada nula y el pasado lunes fue declarado culpable de intento de feminicidio y condenado a 11 años de prisión. La acusación por violación en grado de tentativa fue desestimada.

Más allá de la controversia de este último fallo (Contreras lo ha rechazado y dice que la “revictimiza”), resulta sumamente indignante –y aterrador– que un caso en el que las pruebas asoman irrefutables haya tenido ese recorrido tan oscuramente sinuoso, que pusieron a la víctima al borde de una condena.

El Caso Arlette Contreras es una nueva muestra de por qué la justicia y la policía en el país son percibidas con desconfianza, por ser consideradas instituciones carcomidas por la corrupción y la desidia.
Por supuesto que no todos sus integrantes son así. Existen jueces, fiscales y policías valerosos que libran duras batallas con muy pocas armas a mano con el fin de cambiar el statu quo. Pero no es lo que se ve a diario en el grueso de juzgados y comisarías. 

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