E l 19 de setiembre del 2017, el mismo día que un violento terremoto de 7,1 de magnitud mató a 370 personas en México, el entonces ministro de Defensa, Jorge Nieto, señaló que el Gobierno trabajaba en un sistema de alerta temprana de sismos. Dijo que el objetivo era iniciar su instalación antes del fin de ese año.
Ese setiembre fue devastador para los mexicanos. El primer día del mes ya habían soportado un sismo de 8,2. Fue tras ese terrible suceso que Nieto se refirió por primera vez al sistema de alerta temprana, a fin de calmar el lógico susto que cundió en nuestro país.
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El pasado lunes, luego del largo y atemorizante zamacón madrugador que mató a dos personas y despertó a medio país, El Comercio indagó sobre el estado del sistema. La respuesta no pudo ser más desalentadora: recién se ha concluido la primera de sus cuatro etapas y el financiamiento no está cubierto.
“Esperamos cerrar el año con el expediente completo y la financiación”, declaró Juvenal Medina, director de Preparación de Defensa Civil. ¿Cuántas veces hemos escuchado de un funcionario la palabra ‘esperamos’ y en cuántas ocasiones ese deseo se ha cumplido?
Ni siquiera existe un estudio actualizado sobre cuáles serían las consecuencias en Lima –la ciudad más poblada del país– de un terremoto de magnitud 8, la misma que azotó Lagunas, Yurimaguas y otras localidades de la selva. Las últimas estimaciones establecían unas 50 mil muertes, pero el arquitecto José Sato, del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, señala que es necesario hacer un nuevo cálculo en base al último censo, entre otros aspectos.
Uno de ellos es el deterioro de las edificaciones. Si el sacudón de la madrugada del domingo provocó que se viniera abajo parte de una cornisa del hospital Loayza, ¿qué ocurriría si el epicentro fuera en Lima?
La manida frase de que “estamos esperando una muerte para recién actuar” no funciona en nuestro país. El viernes se cumplieron 49 años de la catástrofe de Yungay, uno de los terremotos más mortíferos que hayamos soportado, que mató a más de 70 mil personas. ¿Cuántas muertes más debemos esperar? ¿Ochenta mil?
Hacen falta acciones concretas de prevención que vayan más allá de los simulacros que se programan periódicamente. Un buen inicio es la supervisión de las construcciones.
Hace dos años, El Comercio puso al descubierto un edificio de siete pisos en plena avenida Abancay, de apenas 1,20 m de grosor, que violaba todas las normas de construcción. Ese espanto arquitectónico, un peligro para quienes lo habitan y sus alrededores, sigue ahí, dizque gracias a una acción judicial. Si no es posible derribar una edificación pese su evidente perjuicio para la ciudad, ¿qué podemos hacer? ¿Esperar el próximo terremoto y recién ponernos a trabajar? 
**El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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