Rafael López Aliaga evalúa implementar el “modelo ecuatoriano” para enfrentar criminalidad: ¿Es viable y cuáles son sus riesgos?

La criminalidad se ha desbordado en el Perú y eso se evidencia en los asaltos y homicidios que ocurren a diario, por lo que varios especialistas han propuesto la aplicación de varias medidas, pero los constantes cambios de ministros en el sector Interior han impedido la implementación de planes a largo plazo. En este contexto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha señalado que planea aplicar el modelo ecuatoriano contra la inseguridad ciudadana. La situación en el país es grave, ya que en los primeros 19 días de enero se reportaron 106 homicidios, según el Sinadef.

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“Ecuador llegó a tocar el piso, aquí aún no, pero vamos tocar piso. Ese modelo ecuatoriano declara a los delincuentes como una nación aparte en conflicto. No son los terrucos, son los delincuentes, los sicarios, extorsionadores. Y con eso las Fuerzas Armadas ya tienen el derecho de atacarlos también, como insurgentes criminales. Es un tema que estoy explorando, es una salida”, indicó el burgomaestre en una entrevista dada a El Comercio.

Hay que recordar que, tras una serie de violentos acontecimientos, sucedidos en enero del 2024, el gobierno de Daniel Noboa anunció la aplicación del plan Fénix, lo que ha implicado la declaratoria del “conflicto armado interno”, por lo que se ha denominado a las bandas de narcotraficantes como “terroristas” y se ha ampliado de manera constante los estados de excepción. Además, los militares asumieron el control de las prisiones y se contempla la construcción de dos megaprisiones.

Un ultimo hecho que ha conmocionado a Ecuador es el caso de los 4 niños y adolescentes asesinados en Guayaquil tras ser detenidos por militares el 8 diciembre pasado. Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda son los cuatro menores, de entre 11 y 15 años, que fueron detenidos luego de concluir una práctica de fútbol en la cancha deportiva del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

El 31 de diciembre, poco después de la audiencia en que se vinculó a 16 militares en el caso, la Fiscalía confirmó que unas osamentas calcinadas encontradas en un paraje de difícil acceso en el sector de Taura, una zona costera donde opera una base de la Fuerza Aérea, correspondía a los cuatro menores desaparecidos.

El internacionalista Francisco Belaunde consideró que el plan de seguridad ciudadana que ha implementado el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, “no es exactamente un modelo” y que “es bastante discutible el éxito” que haya podido tener en el país norteño.

En diálogo con El Comercio, el especialista indico que ha habido una reducción en la tasa de homicidios en Ecuador tras la aplicación de ciertas medidas, como la participación de los militares, pero que estas no han sido muy efectivas contra el crimen organizado.

“Es verdad que aparentemente se ha reducido en algo la tasa de homicidios, que estaba, en el 2023, en 47 por cada 100,000 habitantes, lo cual es enorme en comparación con Perú, que estaba en 7, y ellos han pasado a 40 por cada 100,000 habitantes, lo cual también es enorme, pero es un poco menos”, expresó Belaunde.

“Las Fuerzas Armadas pueden ayudar en algo, pero no son decisivas porque no tienen la capacidad para luchar contra el crimen organizado”, agregó.

Además, recordó que el presidente Noboa señaló que se iba a aplicar el plan Fénix, pero que aparentemente no se sabe muy bien en qué consiste, así como la declaratoria de “conflicto armado interno” en el país.

“Eso de la guerra interna finalmente ayuda en algo, pero no es lo más decisivo, los especialistas dicen que lo que debe hacerse es fortalecer los equipos de inteligencia, no sirve de nada tener los militares afuera si no se detecta quiénes son los cabecillas de estas bandas y cómo son sus estructuras”, afirmó.

“Me parece que el tema de los militares pone eufórica a mucha gente pensando que con los militares se solucionan las cosas, pero finalmente es un trabajo policial, hay que descubrir a esta gente. No es porque Ecuador ha decretado esta guerra interna los militares puede ir y decir: ‘estos son terroristas, por lo tanto podemos atacar’. Eso no quiere decir que ellos pueden ir a un lugar y disparar de frente a los de crimen organizado”, añadió.

Belaunde indicó que el principal problema que afronta Ecuador es el de ser ruta de la droga que sale a través de sus puertos rumbo a los países occidentales, lo que explica el grado de violencia en sus ciudades, como en Durán.

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También señaló que, al igual que en Perú, en Ecuador hay extorsiones y minería ilegal, principalmente en la frontera con nuestro país. Los continuos enfrentamientos en los penales también son un problema en la sociedad ecuatoriana.

“En parte sí (están afrontando los mismos problemas que en nuestro país) porque el hecho de que también estos grupos que hacen extorsiones, tienen la minería ilegal, la diferencia fundamental es que Ecuador, y que es algo que todavía no le pasa a Perú, es una vía de paso de la droga que sale de Colombia y que sale por Ecuador para los mercados, sobre todo de Europa. En los puertos de Perú se da la salida de droga, pero no en las dimensiones que se da en Ecuador porque la droga peruana, en buena parte, está saliendo por Bolivia hacia Brasil. La otra gran diferencia es el tamaño, pues Ecuador es un país mucho más chico y hay una mayor concentración de los grupos criminales”, manifestó.

Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), consideró que “no se puede hacer calco y copia de un modelo de otro país y trasladarlo inmediatamente” para enfrentar la criminalidad, y resaltó la intención del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pero dijo que debería coordinar con los ministerios correspondientes abocados al tema, ya que se trata de un caso de seguridad nacional.

“En cuanto a copiar modelos del extranjero, la lucha criminal, que es un fenómeno grande, que rebasa a la Policía, lo que está sucediendo escapa a la dimensión del Ministerio del Interior y corresponde al ámbito de la seguridad nacional, e involucra a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores”, manifestó el especialista a El Comercio.

“El alcalde, con muy buena intención y con preocupación está mirando la seguridad ciudadana, que sí debería hacerlo el alcalde, pero está hablando de seguridad nacional, que debería conversarlo con los ministerios y niveles correspondientes”, agregó.

Liendo explicó que el plan de seguridad desarrollado en Ecuador por el presidente Daniel Noboa se da en un contexto en el que la Policía Nacional se ha visto rebasada ante el avance de la criminalidad, por lo que las Fuerzas Armadas han tomado el control de las acciones.

Remarcó que el modelo aplicado en Ecuador “está fallando” debido a que continúa la presencia del crimen internacional y que este problema se está trasladando al Perú. No obstante, dijo que en El Salvador y en la ciudad argentina de Rosario se han obtenido distintos resultados.

“Cuando el Estado está en las últimas condiciones, lo que sucede en Ecuador y El Salvador es un ejemplo, cuando las condiciones internas ya han sido desbordadas, que es lo que está pasando en el Perú, con el agravante que los directores políticos o los jefes de las instituciones policiales no saben cómo actuar, entonces sí corresponde el ingreso de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público como medida de excepción, no hay otra solución”, expresó.

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Además, enfatizó que el gobierno ecuatoriano tuvo que declarar como “conflicto armado interno” el tema de la criminalidad para tomar acciones, por lo que preguntó si las autoridades peruanas están dispuestas hacer lo mismo.

“Las acciones contra la criminalidad han pasado bajo el control del Comando Conjunto del Ecuador, donde la Policía actúa como fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas bajo el imperio del código de justicia militar porque en Ecuador no se mezclan las cosas, ya que una cosa son los policías y otra cosa son los soldados”, expresó Liendo.

Esta no es la primera vez que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se muestra a favor de implementar en el Perú un modelo de seguridad de otro país, ya que anteriormente elogió las acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir las acciones de las pandillas.

Durante la campaña para la Alcaldía de Lima, el entonces candidato López Aliaga mencionó entre sus propuestas para combatir la inseguridad ciudadana el plan Bukele. “Bukele ha hecho un milagro en El Salvador. Estamos en contacto con su equipo de seguridad y queremos implementar algo similar”, aseveró a fines de agosto del 2022.

Ya siendo alcalde de Lima, en abril del 2023, Rafael López Aliaga volvió a insistir en la implementación del plan Bukele para enfrentar la criminalidad, incluso contó que envió un oficio al Ministerio de Defensa para pedir que las Fuerzas Armadas vigilen las calles de la capital.

“El tema de inseguridad ahora ya es estructural. Tenemos que coordinar ya con el Ministerio de Defensa para tener militares en las calles, porque el tema está desmadrado. Se está saliendo de control, creo que tenemos que pasar a una fase dos, como se ha hecho en otros países como El Salvador, donde Bukele sacó al Ejército”, indicó el alcalde de Lima.

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Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el burgomaestre capitalino se mostró en contra de aplicar el plan Bukele al considerar que el país “tiene otra realidad completamente distinta”.

“El Perú tiene otra realidad completamente distinta a la de El Salvador. Es un tema completamente distinto, el Perú tiene su propia dinámica”, enfatizó.

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) señaló, en su informe anual, que los diferentes estados de excepción contra el crimen organizado decretados en Ecuador por su presidente, Daniel Noboa, en los que ordenó el despliegue de militares en calles y cárceles, produjeron “serias violaciones de los derechos humanos” por parte de las fuerzas de seguridad.

Dicho estudio determinó que las medidas del Gobierno ecuatoriano para aplacar la ola de violencia criminal, entre ellas la declaración de un “conflicto armado interno” en el país, se realizaron “sin aportar información suficiente que justifique la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales”, como argumentó el Tribunal Constitucional de Ecuador.

La presidenta de HWR para las Américas, Juanita Goebertus, explicó a la agencia EFE que “los informes de la propia Fiscalía hablan de más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, por lo menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales”.

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El documento apunta a que “los militares mantienen incomunicados a muchos detenidos durante largos periodos, obstruyendo el acceso a abogados y atención médica” además de “palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios”.

CIDH hizo un llamado a Ecuador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló un llamamiento a Ecuador para adoptar medidas a fin de garantizar los derechos a la vida e integridad de los presos ante la persistencia de graves hechos de violencia ocurridos en las cárceles de Ecuador.

Del 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024 la CIDH registró al menos 591 muertes de reos a causa de la violencia intracarcelaria, (de las cuales 37 ocurrieron en 2024), y cientos de personas heridas, entre ellas, también agentes penitenciarios, indicó en un comunicado.

A pesar de la disminución en la cantidad de incidentes y víctimas fatales en comparación con los años 2021 (316 fallecimientos) y 2022 (122 fallecimientos) producto de diversas medidas estatales, “preocupa que estas muertes tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos a los que la CIDH viene dando seguimiento”, apuntó.

Amnistía Internacional se pronuncia

Por su parte, la organización Amnistía Internacional señaló, en octubre pasado, que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. Recordó que el mandatario ha optado por un enfoque de mano dura en cuanto a las políticas de seguridad, y ha calificado a las organizaciones dedicadas al narcotráfico de “terroristas”, declarando la existencia de un “conflicto armado interno” y prorrogado constantemente estados de excepción en el marco del denominado Plan Fénix.

Por ello, Amnistía Internacional considera preocupantes las denuncias existentes sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en este contexto —como las miles de detenciones realizadas con escasa evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las prisiones, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas—, presuntamente perpetradas por las fuerzas armadas durante las operaciones de seguridad. Consiferó que estas actividades se han realizado con opacidad, y las personas defensoras de los derechos humanos que han denunciado los abusos se han visto estigmatizadas por las autoridades de alto nivel, incluido el presidente.

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Además, se puso de relieve que en enero de 2024, tras una serie de episodios violentos atribuidos a los grupos delictivos implicados en el narcotráfico en la ciudad de Guayaquil, Noboa declaró un estado de excepción y la existencia de un “conflicto armado interno.” En el marco de estas medidas, las Fuerzas Armadas asumieron el control de las prisiones en todo el país. Aunque el estado de excepción nacional terminó oficialmente en abril de 2024, el presidente ha seguido declarando estados de excepción con regularidad en varias provincias.

Por ello, consideró que el carácter indefinido de los estados de excepción vulnera las normas internacionales de derechos humanos, que establecen que estas medidas deben ser excepcionales y temporales. Indicó que el despliegue de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y en el control de las prisiones plantea riesgos para los derechos humanos porque el personal militar está entrenado para combatir al enemigo y no para proteger a la población civil.