López Aliaga plantea cárceles en la selva en vez de El Frontón: ¿qué pasó con El Sepa?

“El país está en guerra, por eso debemos estar unidos para enfrentar a la delincuencia”, sostuvo el burgomaestre, quien además insistió en la necesidad de instaurar tribunales militares para sancionar con severidad a los responsables de los homicidios, que según él cobran la vida de ocho peruanos al día.

López Aliaga también saludó la aprobación en el Congreso de la ley contra el “terrorismo urbano” y la aplicación de la cadena perpetua. En esa línea, propuso que integrantes del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales sean trasladados a El Salvador, para ser internados en los severos Centros de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Hubo una época en el Perú donde el recinto penitenciario más temido por los delincuentes se encontraba muy lejos de los 4.600 metros de altitud y los 20 grados bajo cero de Challapalca. El incesante calor, la espesura del bosque y un terreno realmente agreste hacían de este un lugar tan inaccesible que no hacían falta muros para mantener a raya a los reclusos. Se trata del SEPA (Colonia Penal Agrícola del Sepa), el cual funcionó el siglo pasado en la selva de Ucayali, un modelo penitenciario con las más severas normas de conducta cuyo relanzamiento es propuesto cada cierto tiempo por alguna autoridad.

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Precisamente, en una reciente entrevista para El Comercio, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sugirió que como parte de las medidas en materia de seguridad ciudadana el Gobierno debería construir cárceles en la selva, tomando como referencia el SEPA. “Tenemos que invertir. Invirtamos en seguridad ciudadana. El otro gran tema: cárceles en la selva. Hay grandes áreas para hacer nuevas SEPA. También ponerle grillete electrónico a sentenciados de delitos menores para tenerlos ubicados (...)”, comentó.

Cabe señalar que en los últimos años se ha hablado en más de una ocasión sobre este tipo de penal dentro de las esferas políticas. Durante su último mandato, Alan García se mostró entusiasta con una posible reapertura y hasta mencionó la posibilidad en uno de sus mensajes presidenciales. En esa misma línea se manifestó Pedro Pablo Kuczynski.

Incluso, el expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Luis Bambarén, llegó a referirse al respecto debido a los altos índices delictivos en el país. No obstante, la propuesta nunca ha llegado a prosperar, manteniéndose en el tintero hasta que nuevamente alguna otra autoridad política lo ponga en la mesa.

La Colonia Penal Agrícola del Sepa fue una penitenciaría peruana sin muros establecida cerca de la desembocadura del río Sepa, en el bajo río Urubamba, en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya (Ucayali). Fue creada en el gobierno del expresidente Manuel A. Odría, funcionando entre los años 1951 y 1992. La extensión del terreno alcanzaba aproximadamente las 7 mil hectáreas. Al parecer, habría pertenecido a un grupo de ciudadanos polacos que no lograron sacar adelante sus cultivos y terminaron abandonando la zona.

El sitio estaba destinado para albergar a reos con un amplio historial delictivo y condenas bastante largas, con el fin de que al salir libres pudieran reinsertarse a la sociedad. Se dice que llegó a tener hasta 800 presos durante su época de apogeo. Además de los internos, quienes se encargaban de trabajar en la tierra o ganadería, aquí también vivía el personal penitenciario (Guardia Republicana en ese entonces) y los empleados dedicados al mantenimiento.

El lugar era inaccesible y estaba rodeado de animales, lo que originó un recelo entre los reclusos. Pese a ello, contaba con electricidad, maquinaria, granero, aserradero y hasta una capilla. Sin embargo, pese a las expectativas puestas en este modelo novedoso de penal, dejó de funcionar en 1992. Y es que el traslado era cada vez más costoso para las autoridades, pues una de las formas más prácticas era ingresar por avioneta, lo que requería altos niveles de logística y muy pocos reos por viaje.

Es preciso subrayar que en 1992, la SEPA sufrió un atentado terrorista por parte de Sendero Luminoso, lo que contribuyó también a su inminente caída. Para el año 1998, las instalaciones de la colonia ya lucían abandonadas. La naturaleza había hecho su trabajo rodeando con maleza las maquinarias y los edificios.

Aunque la idea siempre fue que los reos lograran rehabilitarse a través del trabajo agrícola, en muchas ocasiones se denunciaron malos tratos, o por lo menos, cuestionables. Asimismo, hubo varios intentos de fuga que tuvieron un mal desenlace para los reos. Según archivos de la época, a los reclusos se les solía colocar en el pozo de los castigos si es que se portaban mal. Allí se les sumergía en el agua y se les amarraba para que sean picados por insectos, causándoles fiebre.

En cuanto a los motivos detrás de la propuesta, en el caso del alcalde López Aliaga, este hizo referencia al paquete de medidas que ha hecho llegar a la presidenta Dina Boluarte para que las pueda evaluar, vinculadas a reforzar la seguridad ciudadana y para contrarrestar la criminalidad. La autoridad municipal resaltó que existen grandes áreas en la selva peruana donde se pueden construir cárceles similares al modelo SEPA.

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Erika Solis, investigadora del Equipo Anticorrupción del IDEHPUCP y experta en criminalidad, dijo a El Comercio que al aumento de la tasa de homicidios y la cercanía de un nuevo proceso electoral origina que desde ahora se empiecen a escuchar propuestas muy punitivistas, vinculadas a cárceles, sin tomar en cuenta que estas son el último paso del sistema de justicia penal y muchas de las personas relacionadas a bandas criminales o crimen organizado se mantienen en la clandestinidad. En ese sentido, no van a llegar necesariamente a un recinto penitenciario por tener una sentencia.

“Es como pensar que la cárcel va a a arreglar o contrarrestar la criminalidad. En los discursos mediáticos políticos siempre se usa la mano dura para dar mensajes populistas, punitivos y también adjudicarse el poder de lograrlo. Quien de más medidas punitivas probablemente se esté llevando más votos, pues se alimenta un poco de la desesperación de la gente”, comentó.

En tanto, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, manifestó que este tipo de propuestas solo distraen, pues son absoluta y únicamente simbólicas. Agregó que la “mano dura” debe de pasar en verdad por construir más penales y que no hay voluntad política para hacerlo. Hizo alusión de que se anunció 2.000 millones de soles para construir penales, pero que al final nada se concretó. El último penal construido en el Perú fue uno de alta seguridad en Cerro de Pasco, en el 2015.

“Nunca en los más de 30 años que tengo vinculado a cárceles había visto penales tan hacinados como los de hoy. Todos los penales principales tienen más del 400% de hacinamiento. Si eso es así, lo que muestra es que la mano dura solo puede ser traducido, al margen de los discursos, cuando de verdad se asignen recursos y se decida realmente construir penales. Si de verdad se quiere enfrentar la criminalidad en las cárceles se tienen que construir penales de alta seguridad”, expresó.

Por su Parte, el abogado penalista Aaron Aleman indicó que esta propuesta de implementar el sistema SEPA en el marco penitenciario en nuestro país “solo corresponde a una idea populista, infundada y rezagada” de cómo combatir el crimen moderno y organizado en la actualidad.

Para Aleman la propuesta resulta inviable debido a múltiples factores, tales como el económico, jurídico y, sobre todo, el criminológico, por cuanto no soluciona el problema principal de inseguridad ciudadana, sino que, por el contrario lo agrava. En ese sentido, dijo que el funcionamiento del SEPA en la década de los 50s significó la utilización de una política criminal del “enemigo”, conllevando a múltiples escenarios de violación de derechos humanos, tales como torturas en agravio de la población penitenciaria, la cual no significó una reducción del crimen en absoluto.

“Pretender volver a utilizar dicho sistema – el mismo que involucra gran inversión pública – acarrearía problemas de índole legal y político internacional, puesto que sus reos tendrían fundamentos para responsabilizar al estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la vulneración de sus derechos, costándole millones de soles al erario público, así como su relación económica y comercial con los demás estados conformantes de dicho tratado internacional”, señaló.

En tanto, Solis mencionó que los trabajos que se proponían a los reclusos en la SEPA era en el ámbito de la ganadería y agricultura, por el mismo contexto geográfico. En aquel tiempo, dijo también, se usaba mucho este lugar para presos políticos. En se sentido, indicó que ahí ya hay otro enfoque, pues lo que nosotros estamos viviendo al día de hoy es más un tipo de criminalidad económica, automatizada, pero que vinculada a bandas criminales.

“Hay varias diferencias. Traer al día de hoy una cárcel así podría ser complicado por varias razones y la principal sería aquella por la cual se cerró el SEPA que es que el traslado llegó a ser muy costoso. Se dejó de llevar personas, teniendo en cuenta que la cantidad de personas que delinquían no era ni siquiera por asomo la cantidad que tenemos al día de hoy”, detalló. Por estos motivos, para Solis parecería inviable que se construya un penal de estas características.

Por otro lado, Pedraza precisó que el SEPA se trataba de generar un penal agrícola, aislado de los sistemas de comunicación, de ciudades, de personas, siendo un lugar donde los presos podían vivir con márgenes de espacios en libertad, pero que por la dimensión donde geográficamente estaba ubicado no era posible ninguna fuga. La contención, en vez de los muros, era la propia selva. Si bien funcionó parcialmente, en la actualidad resaltó que ya no existe en el país una zona tan agreste como aquella.

“Ucayali está perfectamente comunicada, todos los ríos son transitados. Los medios de transporte pequeños, aéreos, fluvial harían factible la fuga sin menor dificultad. Entonces, esa perspectiva yo diría que es una absolutamente inviable. Construir un penal en la selva sería como construir cualquier otro penal bajo la misma lógica. Los modelos SEPA y El Frontón son modelos abandonados por la administración penitenciaria por los costos de mantenimiento”, señaló.

Asimismo, para Noam López, politólogo de la PUCP, no necesariamente los más sentenciados son los más peligrosos, sino que son los que no están atentos a sus casos, no acuden a las citas, no acuden a las diligencias y terminan dando elementos para que el fiscal acuse y sentencie. Entonces, en este modelo acusativo con muchas deficiencias y con una orientación hacia aquellos que son más desaventajados, este tipo de pensamiento lo que hace es en principio desarraigarlos.

“En principio entiendo que la idea es descongestionar las cárceles. Actualmente, hay más de un 140% de hacinamiento, entonces bien podrías concentrarlo en delitos muy graves o los que son de alta reincidencia para que así puedas reducir la sobrepoblación de las cárceles urbanas. Esas colonias penales que funcionaron en el siglo pasado pues generaron un trabajo productivo. Yo creo que eso sería lo rescatable”, consideró.

Desde un ámbito de derechos humanos, para Erika Solis no debería existir un tipo de cárcel como la SEPA. Indicó, por ejemplo, que hay un derecho muy importante que es que no se rompa el desarraigo familiar. Por ejemplo, si una persona delinque en Lima y su familia también, pero no hay sitio en Lima y la llevan a Chimbote. “Defensoría del Pueblo dice que no puedes hacer eso porque estás cortando el vínculo social que tiene una persona con los más allegados. Incluso les rompes más los lazos de socialización, los lazos de que se pueda juntar con otros grupos”, explicó.

Por su parte, Pedraza destacó que el INPE tiene perfiles de penales y están claramente definidos. Puede haber penales de alta seguridad, de mediana seguridad o de mínima seguridad. Además, en la ley ya existe regulación de cuál sería el sistema de vida en cualquiera de los tres penales. Por ejemplo, en el penal de alta seguridad los clasificados a ese régimen tienen derecho a visita de abogados, de familiares directos y por locutorio, una hora de patio por día, no acceso a sistemas de comunicación, etc. Entonces hay un conjunto de regulaciones que están vigentes hace mucho tiempo.

“Entonces, creo que los modelos penitenciarios están definidos, la regulación de cómo deberían de vivir esas personas también lo están. Lo que no hay, no existe, son los penales, y no existen porque simplemente no se construye. Así que ese es el tema, no hay recursos o no se asignan para construir penales”, subrayó.

Por otro lado, Noam López dijo que si resulta no ser tan factible es por los costos de este modelo. El llevar inversiones a la Amazonía es y ha sido un reto para el Estado. De hecho si uno compara la inversión pública en área costeña y la sierra versus la Amazonía va a darse cuenta que en esta última hay mucha menor inversión, salvo que tengan que ver con con hidrocarburos o petróleo.

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“También están los riesgos de no velar por los derechos. O sea, una cárcel no es un lugar de aislamiento o un espacio de concentración, donde se castiga nada más. Las cárceles son un espacio donde los reos pueden desarrollar habilidades y enfrentarse con la sociedad en algún momento, por lo que hay que garantizar condiciones dignas de salud y de rehabilitación. Aislarlos en la Amazonía muchas veces hace que estén fuera del alcance de algún médico que los pueda visitar y de más”, dijo.

Eso, sin duda, podría generar problemas de rehabilitación laboral, añadió, pues al terminar de producir en parcelas agrícolas y concluya su etapa de rehabilitación, los reclusos van a tener que volver a su lugar de origen, a su barrio, y probablemente no sea una zona agrícola también. “Entonces, las habilidades que hicieron en prisión no serán útiles para el momento urbano. Eso sí podría generar un choque para aquellos que no tienen esas habilidades y quizás quieran seguir delinquiendo”, sostuvo.

La experta Erika Solis indicó que el tema Bukele es una mirada de mano dura, muy fuerte, que están tomando muchos políticos en América Latina, que responde a una negligencia de gobiernos previos que no se han interesado en usar herramientas que, según la evidencia, sí funcionan en alguna medida. Por ello, dijo, se sigue usando este discurso político.

“Bukele tiene una mirada bastante restrictiva, bastante fuera de los derechos humanos, eso creo que todo el mundo lo sabe. Ahora bien, esta mirada también llama mucho a la población, a la ciudadanía, en el sentido de que es muy visceral, emocional. El sistema Bukele lo que ha hecho es sanitizar el país porque tiene un presupuesto enorme para usarlo en medidas punitivas. No solo eso, sino que no sabemos a ciencia cierta si la información que ellos dan es real porque la mayoría de las cifras son estatales”, explicó.

Otra situación que ha pasado, opinó Solis, es que el gobierno salvadoreño ha usado mucho la mano dura y ha brindado un marketing político sobre las cosas que han cambiado. Por ejemplo, ha sanitizado un poco las ciudades, los lugares turísticos, hechos que a la gente en general le gusta. Todos anhelan sentirse cuidados, que viven en un lugar seguro. Cabe decir que esto también ha originado que se empuje a las bandas criminales a otros países contiguos.

“Están yéndose muchos cabecillas a México, se han enquistado allí y no se puede hacer casi nada porque el narcotráfico también ha sido un problema de siempre. Son medidas a corto plazo, pero que requieren de mucha infraestructura, mucha mirada y análisis”, acotó.

Si bien la construcción de un penal bajo ciertas condiciones extremas puede ser de la aprobación de un sector de la ciudadanía, el penalista Aleman sostuvo que se debe optar por otras medidas más idóneas para frenar la ola de criminalidad actual, como por ejemplo, efectuar un “blockchain policial, fiscal y judicial”, de tal manera que la persecución del crimen complejo sea más efectivo, al reducir el riesgo de la filtración de información sensible sobre un caso en trámite por delitos graves, así como también la individualización de los funcionarios públicos en una operación irregular de forma inmediata, a fin de que no tengan oportunidad de ser parte del brazo operativo de las organizaciones criminales.

“Con la misma innovación con que las grandes corporaciones protegen operaciones millonarias, se debe proteger la investigación criminal y a la ciudadanía. Para combatir frontalmente esta actividad criminal moderna, debemos emplear inteligencia artificial en la investigación para procesar grandes cantidades de información en un segundo, generar base de datos para ver coincidencias de operaciones anómalas y/o sospechosas en el mercado financiero y bursátil, a fin de detectar y perseguir el rastro de las ganancias ilícitas de las personas naturales y jurídicas provenientes de actividades criminales”, expresó.

Finalmente, dijo que contar con los privados y las empresas para modernizar las cárceles podrían ser un factor clave para luchar contra la criminalidad organizada y, sobre todo, evitar las extorsiones y encargaturas de muerte orquestadas desde las propias celdas de los reos, por cuanto el Estado peruano podría exigir al tercero particular medidas más eficaces que involucran una gran inversión, tales como la implementación de sistemas de bloqueos de celulares más sofisticados y, principalmente la supervisión de los mismos de manera permanente.

“De tal forma que ante un eventual incumplimiento por parte de la empresa esta podría ser responsabilizada de manera civil, administrativa e inclusive penal. Lo mismo en los puertos y puntos de salidas de grandes mercancías del país y el uso de escáneres, drones y rayos x. Estas medidas permiten en un plazo de 6 a 9 meses mejorar notablemente la seguridad y atacar con firmeza y legalidad a las mafias”, puntualizó.}

En tanto, para Noam López el sistema penal no van a solucionar por sí mismo el problema de la criminalidad. Para ello, se necesita primero identificar las causas del problema público, la criminalidad en la actualidad y no estar combatiendo problema por problema como lo hace hoy el Ejecutivo. Enfatizó en que no se está trabajando en prevención estructural, comunitaria, las causas de manera estratégica.

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“No vamos a conseguir resultados así. Y no se están dando el tiempo, no están viendo los indicadores, los datos, no están planificando bien, no están teniendo buenos recursos de pronto o la policía no está muy preparada, pero ahí hay varios desafíos. Ver los penales como problema en sí mismo es válido, sin duda, pero lo que hay que hacer es evitar que lleguen más internos a los penales. Obviamente en estos tiempos hablar de eso podría resultar muy descabellado, pero ese es el objetivo”, comentó.

Frente al congestionamiento en los penales, López señaló que bien podría irse atenuando con los grilletes electrónicos, con procesos más sumarios, más céleres, que permitan sentenciar con mayor montos de resarcimiento, compensaciones, entre otros. En principio, lo que hay que ir atacando son las causas y evitar tener más jóvenes involucrados en una organización criminal, indicó.

“Yo creo que la medida para descongestionar teniendo como la mayor población penal a presos por delitos menores o de violencia sexual es tener más penales cercanos a las ciudades con buen control y con trabajo comunitario. El trabajo comunitario cerca al lugar de internamiento como una medida para garantizar su vínculo con la sociedad. Sino, se termina generando una cárcel donde se reproduce la violencia internamente. Entonces, para garantizar un buen control se necesita darles oportunidades a ellos, no se trata de estar tomando medidas como muy punitivas”, puntualizó.