El Poder Judicial dictó cadena perpetua y otras penas de prisión efectiva superior a 20 años para los autores del asesinato de Israel San Román Doroteo, alias ‘Tota’, y su familia, quienes fueron acribillados en febrero de 2023 en San Miguel.
Como se recuerda, las víctimas cuando iban a bordo de su vehículo por el cruce de las avenidas La Marina y Riva Agüero, en el distrito limeño de San Miguel, cuando fueron atacados a balazos por dos sujetos.
LEE MÁS: Independencia: Niño de 6 años muere durante ataque a balazos contra una combi
La máxima condena fue obtenida por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Magdalena del Mar, San Miguel y Pueblo Libre, para los imputados David F. Duran L., Kevin Daniel Espejo Cuya, Miguel Ángel Estrada Tufiño, Carlos Gabriel Tello Iturrino, y Víctor Javier Viera Reyes.
Todos ellos fueron hallados responsables, como coautores, del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato, en agravio de San Román Doroteo, de sus padres, su esposa y dos de sus hijos.
LEE MÁS: Así cayó alias ‘Cuchillo’, el presunto responsable del asesinato de 13 mineros en Pataz
Asimismo, fueron sentenciados otros procesados a quienes se les estableció sus roles que cumplieron en el crimen, identificados como: Brando Raúl Velarde Alegría, quien iba como contención en una moto siguiendo a las víctimas; a José Carlos Solari Pozu, quien conducía el vehículo donde iban José Henry Presiado Alegría y Fabricio Michell Vera Díaz.
Estos dos últimos ejecutaron los disparos contra la familia en el interior del vehículo en el que viajaban, por lo cual fueron sentenciados a 35, 30, 28 y 33 años de prisión efectiva, respectivamente, por el delito de sicariato.
LEE MÁS: SJL: balean bus de empresa ‘El Tigrillo’ cuando ingresaba a su cochera en Jicamarca
Los hechos ocurrieron cuando Israel San Román Doroteo y su familia se detuvieron en un semáforo y fueron atacados a balazos. Solo quedó con vida uno de los hijos de alias ‘Tota’.
Cada uno de los sentenciados deberán pagar la suma de S/ 8.000 como reparación civil a favor de los herederos de las víctimas, y quedan inhabilitados por 10 años para no ocupar puestos o cargos públicos.
