Sunedu: instalan nuevo Consejo Directivo incompleto y con miembros cuestionados

Con cuatro de siete miembros, esta mañana se instaló el nuevo Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en marco de la Ley 31520, calificada como ley de contrarreforma por incorporar a las universidades en la tarea de fiscalizarse y autorizarse a sí mismas, en un sistema similar a la extinta Asamblea Nacional de Rectores.

El consejo directivo, que funcionará por tres años, fue instalado con la presencia de los dos representantes de universidades públicas, Manuel Castillo Venegas, de la Universidad Nacional de Piura, y Manuel Israel Hernández García, de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica; el representante de los decanos de los Colegios Profesionales del Perú, Miguel Ángel Vallejos Flores, y Andrés Filiberto Ramos Salas, designado por el Ministerio de Educación.

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No hubo representantes de las universidades privadas, de Concytec ni Sineace, pese a que la ley lo establece.

Los cuatro miembros decidieron que mañana, sábado 18 de febrero, a las 9:30 a.m. se realice la elección del nuevo superintendente.

La instalación del Consejo Directivo ocurre en medio de graves cuestionamientos a sus miembros y cuando aún está vigente la acción de amparo del Poder Judicial contra la Ley 31520 –cuya sentencia en segunda instancia se conocería en marzo– y tampoco se realiza la prometida reglamentación a la ley que anunció la presidenta Dina Boluarte en diciembre pasado y que reafirmó el primer ministro Alberto Otárola.

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El acta notarial de la instalación da cuenta que tanto la Pontificia Universidad Católica del Perú, encargada de la convocatoria para el representante de universidades privadas por ser la más antigua, así como Concytec pidieron “que no se instale el Consejo Directivo hasta que estén nombrados los siete miembros”. Ambas se encuentran en proceso de elección.

Sin embargo, fue Manuel Castillo, quien, en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional del 3 de enero de este año, indicó que había quórum suficiente.

La sentencia a la que se refiere Castillo fue la que declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad había sido interpuesta por los mismos congresistas que aprobaron la Ley 31520. Fueron 33 congresistas, de bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otros, quienes en setiembre recurrieron al TC luego de que el Poder Judicial dispusiera la inaplicación de la norma al considerarla una amenaza al derecho a la educación universitaria de calidad. Según había advertido Sunedu, con ello pretendían ‘sacarle la vuelta’ a la aprobación de la demanda de amparo.

“Ha sido una treta del Congreso que sabía que estaba perdiendo en el campo judicial a partir del amparo que presentó Sunedu. El TC pisó el palito de esta treta y, por eso, se ha vuelto a esta ley de contrarreforma universitaria”, opinó al respecto el exministro de Educación Ricardo Cuenca.

Hay otra demanda de inconstitucionalidad contra la norma en camino. Esta vez, impulsada por los colectivos Foro Educativo y La Educación, con el respaldo de 9.853 firmas que ya han sido validadas por el JNE.

POLÉMICA DESIGNACIÓN

Uno de los principales cuestionamientos ha sido contra el funcionario designado por Minedu: Andrés Ramos Salas, quien trabaja en la Universidad de San Martín de Porres como director académico pese a que la propia ley establece, en su artículo 17.5, que los miembros del consejo directivo no pueden ser “autoridades, directivos, representantes legales o apoderados, asesores o consultores permanentes de universidades o personas jurídicas vinculadas a estas” o, de haberlo sido, tiene que haber pasado al menos un año para ser designados.

Por este motivo, la congresista Susel Paredes presentó una denuncia ante el Organo de Control Insitucional del Minedu y ante la Contraloría General de la República.

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El Comercio solicitó a la gestión del ministro Óscar Becerra una respuesta a la designación de Ramos y el artículo 17.5 que lo invalidaría para ejercer el cargo. “El señor Andrés Ramos Salas, reúne los requisitos establecidos en el artículo 17 de la Ley N° 30220, modificado por la mencionada Ley N° 31520, siendo designado como representante de MINEDU ante SUNEDU mediante Resolución Ministerial N° 106-2023-MINEDU”, fue todo lo que indicaron al respecto.

Sobre la elección de los dos representantes de universidades públicas, la Asociación Nacional de Universidad (AUNAP), que agremia a 40 universidades públicas, se ha pronunciado en contra porque el proceso se hizo con un reducido grupo de autoridades universitarias y en privado.

Dicha designación se hizo en agosto pasado a convocatoria de la rectora Jerí Ramón, de la Universidad Nacional Mayor de San Marco y una de las principales defensoras de la llamada contrarreforma. En la reunión participaron apenas 14 universidades.

Durante la mañana de hoy, Otárola insistió en “no habrá contrarreforma alguna que afecte las facultades de Sunedu”, pero que, como existe la sentencia del TC, no pueden no aplicar la norma.

En diálogo con RPP, dijo que no se iban a “tomar decisiones que afecten o perturben esta sana congruencia que se ha iniciado en el Gobierno”. Sin embargo, la instalación se realizó pese a los cuestionamientos y para mañana cambiarían al superintendente. También reiteró, sin dar mayores detalles, que tienen un equipo legal evaluando una reglamentación.