Sunedu interviene la Universidad Nacional del Callao y exige a Contraloría investigar graves irregularidades

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) intervino la Universidad Nacional del Callao (UNAC) ante presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos y el proceso electoral luego de los reportes de El Comercio que señalan deficiencias en las contrataciones y el uso de fondos destinados a la educación superior para presuntos pagos a un docente fallecido.

El organismo supervisor requirió al centro de estudios y a su Órgano de Control Institucional (OCI) reportes sobre el estado de las investigaciones internas y las medidas correctivas implementadas.

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El objetivo de Sunedu según su comunicado es garantizar la transparencia y proteger los derechos de la comunidad universitaria frente a hechos que podrían afectar la calidad del servicio educativo.

Todo esto ocurre en medio de cuestionamientos a la gestión de la rectora Arcelia Rojas de la UNC y una falta de fiscalización efectiva por parte de las autoridades académicas ante hallazgos que involucran tanto a funcionarios de confianza como a procesos administrativos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura universitaria.

Ante este panorama, el organismo supervisor exige que la Contraloría y el OCI remitan la documentación vinculada a las responsabilidades identificadas. La Sunedu reafirmó que estas actuaciones preliminares buscan asegurar que el uso de los recursos públicos en la institución chalaca se ajuste estrictamente a la normativa vigente.

Entre los hechos más críticos revelados por El Comercio se encuentra el pago de haberes a José Vigo, un docente que figuraba como fallecido en Reniec desde agosto de 2023. Pese a su deceso, la institución realizó depósitos correspondientes a remuneraciones y aportes a EsSalud, lo cual fue corroborado por informes de la Contraloría General de la República.

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Asimismo, se investiga la paralización de una obra de infraestructura en la Facultad de Ingeniería Pesquera valorada en más de 16 millones de soles. Según los reportes, el proyecto fue detenido bajo la gestión de Juan Carlos Collado, jefe de Abastecimiento, quien también enfrenta investigaciones fiscales por presunta negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.

En el ámbito electoral, Sunedu solicitó aclaraciones sobre denuncias que señalan presiones contra estudiantes para favorecer la candidatura de Augusto Caro. Los testimonios indican que se habría intentado modificar el cronograma de entrega de calificaciones para condicionar el voto de los alumnos, vinculando su aprobación académica con el apoyo a una lista específica.

Una obra valorizada en casi S/ 18 millones para culminar la infraestructura de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao (UNAC) presenta una serie de alertas que ponen en cuestión la legalidad de su contratación y ejecución. Los documentos revisados muestran dos hechos especialmente preocupantes: el consorcio ganador habría modificado las obligaciones con las que obtuvo la buena pro y, posteriormente, existirían indicios de que transfirió la totalidad de la obra a una empresa que nunca fue adjudicataria, pese a que la ley solo permite subcontratar hasta el 40 % del contrato.

El proyecto, identificado con el CUI 2544704, fue adjudicado mediante una contratación directa al Consorcio Construnova, integrado por ROIC Contratistas Generales S.A.C. y Grandes Xtructuras S.A.C., por un monto de S/ 17′967,740.17 y un plazo de ejecución de 357 días calendario. La universidad recurrió a este mecanismo luego de que el contrato anterior fuera declarado nulo.

Sin embargo, el primer cuestionamiento apareció durante el perfeccionamiento del contrato. Según un Informe de Hito de Control del Órgano de Control Institucional (OCI), la promesa de consorcio presentada durante el proceso de selección no coincidía con el contrato definitivo de consorcio firmado posteriormente. En otras palabras, las empresas habrían cambiado la distribución de las obligaciones con las que ganaron la buena pro, pese a que dichas condiciones forman parte de la oferta presentada al Estado y no deberían modificarse después de la adjudicación. El propio OCI advirtió que la universidad debió verificar esa correspondencia antes de suscribir el contrato.

Ese mismo informe identificó además otras observaciones relevantes. Detectó inconsistencias en el expediente técnico y cuestionó la base legal utilizada para justificar la contratación directa, al considerar que el supuesto invocado por la UNAC no estaría contemplado en los términos empleados por la entidad, lo que podría comprometer la legalidad de todo el procedimiento. No obstante, el órgano de control no declaró la nulidad del contrato ni estableció responsabilidades, sino que dejó planteadas alertas que debían ser aclaradas por la universidad.

La segunda alerta es aún más delicada. En mayo de 2026, la empresa MVP Arquitectura e Ingeniería S.A.C. solicitó a la universidad el pago de valorizaciones pendientes y, como sustento, presentó un contrato celebrado con el Consorcio Construnova. De acuerdo con un informe interno de la UNAC, ese documento comprendería el 100 % de la ejecución de la obra. Si ello se confirma, significaría que el contratista habría trasladado íntegramente la ejecución del proyecto a un tercero, pese a que la normativa de contrataciones solo autoriza subcontratar hasta el 40 % del contrato y exige autorización previa de la entidad, requisito que tampoco aparece acreditado.

El caso abre una interrogante de fondo: si el consorcio que obtuvo la buena pro realmente ejecutó la obra o si esta terminó siendo desarrollada por una empresa sin vínculo contractual directo con la universidad. Aunque la documentación revisada presenta indicios relevantes, el propio informe advierte que será necesario contrastar esta información con el cuaderno de obra, las valorizaciones, el personal acreditado, los comprobantes de pago y los registros de supervisión antes de determinar responsabilidades definitivas.

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