El descarado contraataque del Congreso contra la Sunedu no hace más que definir la catadura moral de sus integrantes. El proyecto para que el Estado “rescate” a las universidades privadas que no obtuvieron su licenciamiento es un acto despreciable propio de un lobista de la más baja estofa.
Este esperpento, nacido en la Comisión de Educación, permitiría que centros de estudios como Telesup y Alas Peruanas, que no recibieron el licenciamiento por no brindar las condiciones básicas de enseñanza, puedan sobrevivir y, lo que hace más oscuro todo, con el dinero de los contribuyentes.
La iniciativa, como no podía ser de otra manera, fue presentada de improviso y entre gallos y medianoche, como acostumbra a trabajar este Parlamento, tan afín a las propuestas descabelladas.
Hace pocos días, esta misma comisión había intentado aprobar la creación del Consejo Nacional Universitario (Conau), un ente cuyo fin era constituirse como una instancia de revisión de las decisiones de la Sunedu. El barullo fue tan grande que el proyecto tuvo pocas horas de vida.
Esta nueva arremetida confirma que los intentos por destruir la reforma universitaria están vivos. Exigir universidades que brinden educación de calidad significó el fin de varias fábricas de hacer dinero a costa de estudiantes desprevenidos. Sus dueños no se darán por vencidos fácilmente.
Falta conocer el pronunciamiento del congresista Daniel Urresti, líder de la bancada de Podemos, cuyo fundador -José Luna- es dueño de tres universidades a las que se le negó la licencia. Cuando se destapó el escándalo de la Conau, dijo que su grupo no realizará “ninguna acción que pueda afectar la labor de la Sunedu”. ¿Permitirá que se sigan burlando de sus palabras?
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