El Gobierno acaba de anunciar que presentará un proyecto de ley ante el Congreso donde propondrá la creación del delito de terrorismo urbano, como respuesta a las extorsiones que afronta el país y que ha llevado a declarar en emergencia 11 distritos de Lima. Esta propuesta no es nueva y fue presentada dentro del mismo Congreso en julio de 2023, y fue dictaminado en junio del presente año, pero su debate ha venido siendo postergado, tanto por la presidencia legislativa pasada de Alejandro Soto como la actual de Eduardo Salhuana.
El primer congresista en presentar esta propuesta fue Juan Burgos, quien actualmente conforma la bancada de Podemos. En su fórmula, de julio de 2023, propone incorporar el artículo 315-B en el Código Penal con la finalidad de sancionar con pena de cárcel no menor de 25 años a quien, “de manera individual u organizada, indistintamente de su motivación o ideología, crea o mantiene un estado de inseguridad ciudadana en la población o una parte de ella a través de la delincuencia”.
Después de Burgos, se presentaron otras 15 iniciativas, tanto de congresistas como de alcaldes (incluida la máxima autoridad de Lima, Rafael López Aliaga). La Comisión de Justicia condensó todas las propuestas y elaboró un dictamen que fue aprobado el pasado 18 de junio. Sin embargo, hasta la fecha, dicha fórmula no ha entrado al debate en el pleno del Congreso.
Para el legislador Burgos, el debate sobre la iniciativa de terrorismo urbano está demorada por responsabilidad de la Mesa Directiva, que ahora preside Eduardo Salhuana. “El dictamen está listo desde junio, junto a otras propuestas de seguridad ciudadana, y no han tenido priorización. Introducen proyectos de ley que no tienen la importancia y la trascendencia que tiene la lucha frontal contra el flagelo de la delincuencia. La desidia es porque han querido satisfacer a grupos de izquierda que no están de acuerdo”, refirió.
El argumento de la izquierda, según Burgos, es que esta iniciativa de terrorismo urbano buscaba ser empleada en contra de ciudadanos que participan en protestas.
Tres meses después de aprobado el dictamen sobre terrorismo urbano, el debate acaba de recobrar vida con el anuncio del Poder Ejecutivo, respecto a que presentarán un proyecto de ley que va en la misma línea. Al respecto, el presidente Eduardo Salhuana, anuncio que el próximo lunes 3 de octubre se realizará un pleno temático sobre seguridad ciudadana, donde se incluirá el debate sobre terrorismo urbano.
Burgos adelantó que, durante el debate del pleno del Congreso, solicitarán instaurar la cadena perpetua para agravantes de lo que constituiría el nuevo delito de terrorismo urbano. Según dijo el representante de Podemos, existen los votos necesarios para la aprobación del dictamen en mención.
El caso de San Martín de Porres
¿Funcionan los estados de emergencia?
En una entrevista a El Comercio, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, reconoció que los índices de inseguridad delictiva se redujeron entre un 12% a 15% en su distrito durante el estado de emergencia dado en 2023, pero aseveró que fue algo momentáneo. "El siguiente paso después de un estado de emergencia debería ser una estrategia clara que involucre fortalecer a los cuerpos de seguridad en la Policía Nacional e involucrar al Poder Judicial y al Ministerio Público también. No hay seguridad sin justicia. Deben brindarnos un mayor presupuesto para poder seguir desarrollando una estrategia preventiva y disuasiva que implica mayor infraestructura como cámaras de seguridad y mayor cantidad de vehículos. Nos han dotado de un presupuesto para este año que va a ser insuficiente", dijo en aquella entrevista.
Discrepancias sobre la efectividad
En el dictamen aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso existen varias observaciones sobre la fórmula de terrorismo urbano.
“Con la entrada en vigor del delito de terrorismo urbano, un acto ilícito tipificado por ejemplo como robo podría ser sancionado con una pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años, pero, además, dicha conducta podría ser subsumida también como terrorismo urbano y, por tanto, recibir una pena privativa de libertad no menor de veinticinco años. A partir de ello, se puede prever que la mayoría de comportamientos que serían catalogados como “delincuencia” podrían terminar siendo sancionados con una pena privativa de libertad no menor de veinticinco años, anulando virtualmente la aplicación de las penas previstas para cada delito específico”, dice la opinión del Ministerio de Justicia citada en la página 43 del dictamen, en referencia al proyecto en específico del congresista Burgos.
En la misma línea, el Ministerio Público se pronunció en contra de la iniciativa del alcalde López Aliaga, alegando que, en caso de admitirse la propuesta legislativa, se produciría una especie de concurso de normas. “Ante lo cual los operadores jurídicos, en observancia del principio de especialidad, aplica en cada caso concreto el delito común de Sicariato, Extorsión, Secuestro, entre otros, toda vez, que el agente activo no buscaría subvertir el estado constitucional y no formaría parte de una organización terrorista”, especificaron desde la Fiscalía, según se detalla en la página 53 del referido dictamen.
Al respecto, el regidor de Lima, Aron Espinoza, indicó que el problema de fondo con la extorsión en Lima es que no existe un plan concreto contra la inseguridad ciudadana. “Un claro ejemplo es la elevación de penas contra los delincuentes que arrebatan celulares. ¿Disminuyó el robo de celulares? No. Las leyes tienen que ir acompañadas de un plan concreto. Hoy lo que vemos es una reacción ante el reclamo de los transportistas quienes han paralizado la ciudad con su justa demanda. ¿Pero qué se ha hecho frente a los negocios y emprendimientos que vienen siendo extorsionados desde hace tiempo sin tener respuesta del ejecutivo?, cuestionó.
En esa misma línea, Espinoza advirtió que se repite la misma situación con el estado emergencia declarado en 11 distritos de Lima, pues recordó que esta medida ya se ha dado en distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, sin una solución al problema de la extorsion. “El Congreso aprobará la ley de terrorismo urbano la próxima semana, pero la pregunta es: ¿cuánto tiempo tomará aplicar el nuevo marco jurídico para obtener resultados? Se necesita un plan de acción inmediato que refuerce la capacidad de respuesta frente a la extorsión. Se necesita inteligencia para desactivar las bandas” anotó el exparlamentario.
En mayo pasado, en declaraciones a El Comercio, Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la violencia, calificó esta propuesta como populista y demagógica. “Lo que se necesita es reforzar la capacidad de acción de los operadores de seguridad y de justicia, nutrirlos de recursos. Esto solo va a sobrecargar innecesariamente el sistema penal cuando lo que necesitamos es hacerlo mas efectivo”, dijo a este Diario.
Si es que el Ejecutivo quiere incluir su proyecto de ley en el debate del pleno del Congreso del próximo lunes, su iniciativa deberá ser presentada durante este fin de semana.
