Tragedia en Real Plaza de Trujillo: ¿Cuáles son las responsabilidades de los implicados en el caso y qué penas podrían enfrentar?

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el gerente y representante legal del Real Plaza de Trujillo, Luis Alonso Santa María Torres, y contra los que resulten responsables por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas tras las muertes ocurridas por el desplome del techo del patio de comidas de dicho centro comercial, el pasado viernes 21 de febrero.

La fiscal Carmen Varas, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, está a cargo de la indagación, la cual tendrá un plazo de ocho meses, y ya ha recogido algunos testimonios sobre lo ocurrido en el Real Plaza de Trujillo.

Luis Gustavo Guillermo Bringas, presidente de la Junta de Fiscales Superiores de la Libertad, indicó que, tras lo sucedido en el mencionado centro comercial, se incautaron documentos de la parte administrativa del Real Plaza de Trujillo vinculados a licencias de funcionamiento, autorizaciones y otros.

Indicó que se ha contratado a un perito especializado para que determine las causas del colapso del techo del mall y que la Fiscalía de la Nación ha dispuesto el envío de un otro grupo de peritos para que se sumen a la investigación.

El magistrado remarcó que, además, se analizarán imágenes y videos para profundizar la investigación. Advirtió que la indagaciones podrían alcanzar a los funcionarios de la Municipalidad de Trujillo, pues tenían la responsabilidad de supervisar los ambientes del centro comercial.

MIRA AQUÍ: Cierran malls en Lima, Piura y Huancayo: ¿qué fallas y peligros se encontraron en sus instalaciones?

“La investigación se ha iniciado formalmente el sábado y está incorporando al gerente del centro comercial Real Plaza, Luis Alonso Santa María Torres, y los que resulten responsables. Los primeros responsables son los mismos representantes o personal de Real Plaza, pero, a la vez, hay que ir investigando, conforme arroje la investigación, al personal de la Municipalidad, ya que tiene labores de supervisión y tiene labores que cumplir. Vamos a indagar si efectivamente se cumplió correctamente con las labores de supervisión”, expresó el fiscal Luis Guillermo Bringas.

No obstante, remarcó que actualmente no se puede pedir la detención preliminar de los implicados en el caso debido a la norma aprobada en el Congreso. “Actualmente no existe la detención preliminar en casos de no flagrancia, estamos recortados de herramientas, pero hay otras medidas que en su momento se van a ir evaluando conforme avance la investigación”, manifestó.

Mario Reyna, alcalde de Trujillo, interpuso denuncia penal por el delito de homicidio culposo contra los directivos de Real Plaza y los funcionarios municipales que otorgaron la autorización para la construcción de la cúpula de metal de dicho centro comercial en los años 2015 y 2016. Entre los denunciados están Carlos Rodríguez Pastor, propietario del Grupo Intercorp; Fernando Zavala, CEO de Intercorp; Misael Shimizu, gerente general de Real Plaza, entre otros.

“Ha sido un evento atroz para nuestra ciudad. Ha habido de por medio muertes, lesiones, heridos de nuestros vecinos, amigos y esto es indignante. No puede quedar impune”, manifestó Reyna.

“Ayer (lunes) hemos interpuesto la denuncia penal correspondiente en contra de los que resulten responsables, entiéndase el administrador del centro comercial Real Plaza; el señor Julio Rivera Feijoó, quien fue el ingeniero estructuralista que diseñó esta cúpula de metal sobre el patio de comidas; el señor Misael Shimizu, quien es gerente general de la Corporación Real Plaza; el señor Fernando Zavala Lombardi, en su calidad de representante legal de los propietarios del centro comercial Real Plaza; el señor Carlos Rodríguez Pastor en calidad de propietario de Intercorp; el señor Carlos Bazo Safra, quien es el representante del consorcio Activa BGS, que ejecutó la construcción de la cúpula de hierro que colapsó, inclusive contra los funcionarios municipales responsables de aprobar estas autorizaciones en los años 2015 y 2016″, afirmó.

Además, Reyna exigió al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para que se modifique la actual norma vigente, el decreto supremo N° 002- 2018-PCM, que regula el tema de las inspecciones a los centros comerciales y que se restablezca la norma anterior, pues consideró que, a lo largo de los años, se ha venido flexibilizando las normas que favorecen a los malls.

LEE AQUÍ: Deportación en aumento: el reto de acoger a los casi 4.000 peruanos que volverán cada año de EE.UU.

“Exigimos la modificación de la actual norma vigente y que se regrese a la norma anterior, es decir, se pide que se incluyan dentro de los requisitos para darle las autorizaciones las pruebas de que estas estructuras metálicas tienen una garantía de buen funcionamiento”, remarcó.

“Ya quedó claro que esto no es un tema de ITSE (Inspección Técnica en Seguridad de Edificaciones), no es un tema de señalización, no es un tema de letrero de emergencia, no es un tema de iluminación, no es un tema de extintores de seguridad, este es un tema estructural”, agregó.

Martín D’Azevedo, especialista en temas municipales, indicó que, ante lo ocurrido en el Real Plaza de Trujillo, la Municipalidad Provincial de Trujillo tiene responsabilidad en este caso por no haber hecho las verificaciones periódicas al mencionado centro comercial, tal como lo manda la Ley de Procedimiento Administrativo General y la propia norma sobre la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Además, remarcó que se debería buscar en los archivos de la comuna trujillana si está la conformidad de obra sobre la construcción del Real Plaza de Trujillo, lo que incluye la presentación del anteproyecto, el proyecto y la aprobación de la comisión técnica provincial.

Frente a lo expresado por diversos alcaldes para que se regrese a su versión original la norma que regulaba la fiscalización de los centros comerciales por parte de los municipios, D’Azevedo indicó que las modificaciones a dicha normativa no han flexibilizado las supervisiones.

“La norma del 2018 no es tanto que se haya flexibilizado, ya que se mantiene las visitas periódicas, se mantiene la verificación posterior. Lo único que se quitó en esa norma es un fiscalizador, no incide tanto porque los otros fiscalizadores siguen siendo los estructuralistas, los arquitectos, los ingenieros, los electricistas, ellos siguen siendo verificadores”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR: Juan José Santiváñez: los controversiales anuncios del ministro del Interior que luego han sido desmentidos

El especialista consideró que se tendría que evaluar si el tema de las inspecciones a los grandes establecimientos queda en manos de las alcaldías, ya que se requiere de personal experto y calificado en análisis de estructuras, pues recordó que en los municipios se ha evidenciado negligencia, ineptitud de sus profesionales o corrupción.

En el caso de la empresa dueña del Real Plaza de Trujillo, indicó que le corresponde afrontar investigaciones en la vía penal, civil y administrativas, procesos que implican el pago de reparaciones a los deudos y heridos.

Andy Carrión, abogado penalista, indicó que el Ministerio Público debería investigar por los delitos de homicidio doloso y lesiones graves a los implicados en el caso de la caída del techo en el patio de comida del Real Plaza de Trujillo, tomando en cuenta el antecedente del caso Utopía.

“Si bien es cierto la Fiscalía ha abierto una investigación solo por homicidio culposo, creo que debería abordarse por otro delito más y variar la calificación. Me refiero a que no debería ser delito de homicidio culposo porque las penas van de uno a cuatro años, sino, más bien, por homicidio doloso, a imagen de lo que sucedió en el caso Utopía, y ahí sí las penas podrían desde los cuatro hasta los 10 años”, expresó Carrión a El Comercio.

TE RECOMENDAMOS: Más de 2 mil bodegas han cerrado por las extorsiones: “Cobro de cupos se ha normalizado”

Recordó que el delito de lesiones graves implica una pena de seis a ocho años cárcel. Por ello, consideró que la Fiscalía es “muy conservadora” al investigar el caso por homicidio culposo, el cual estipula una sanción de uno a cuatro años de prisión.

“Es muy conservadora la Fiscalía porque ahora solo está imputando homicidio negligente, que da una pena de uno a cuatro años de cárcel, y no está enfocando en aquellos delitos que podrían entrar a colación, como el homicidio doloso y el delito de lesiones graves”, enfatizó.

“Homicidio doloso podría ser para quienes han estado administrando y regentando la empresa, pero podría ser un homicidio negligente para quienes han dado la autorización del funcionamiento de la empresa, como los funcionarios de la Municipalidad de Trujillo”, agregó.

Carrión remarcó que el caso Utopía representa un antecedente importante para poder identificar responsabilidades en el ámbito de la empresa. “Es un antecedente importante para poder atribuir responsabilidades dentro de la organización empresarial. En el caso Utopía no solamente condenaron al administrador de este local, sino, además, a los gerentes, incluso al accionista mayoritario. Uno de ellos está prófugo de la justicia hasta hoy. Ese podría ser un antecedente importante de cara a individualizar responsabilidades en este caso”, indicó.

No obstante, remarcó que las autoridades judiciales deberán tener en cuenta que existe una casación de la Corte Suprema del 2018 respecto a un caso en Cerro de Pasco y en el que determinó las responsabilidades que pueden asumir los dueños o accionistas sobre hechos que ocurran en su empresa.

“La Corte Suprema, en una casación interesante del 2018 vinculado a un caso de Cerro de Pasco, ha señalado que primero, para identificar la responsabilidad por omisión de los superiores primero, se tiene que indagar si han tenido la real posibilidad de impedir este resultado”, precisó.

Los alcaldes de la Mancomunidad Municipal Lima Centro, que agrupa a las comunas de Miraflores, San Isidro, Surquillo, San Borja, Barranco, Pueblo Libre, Lince, Jesús María y La Victoria, manifestaron que lo sucedido en el Real Plaza de Trujillo ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para garantizar la seguridad de la ciudadanía en espacios comerciales de alta concurrencia.

En ese sentido, exhortaron al Congreso de la República a reconsiderar las modificaciones introducidas a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, pues consideraron que han limitado las facultades de los municipios en materia de fiscalización y sanción de establecimientos que no cumplen con los estándares de seguridad exigidos por ley.

REVISA AQUÍ: Video de una novia en Bagua huyendo del altar se vuelve viral pero la historia real es aterradora

“La normativa vigente restringe la posibilidad de clausura inmediata de locales que representen un riesgo inminente para la población y está permitiendo que malos empresarios denuncien penalmente a los funcionarios municipales para maniatar su accionar, lo que compromete la labor de prevención que desempeñamos como autoridades locales”, indicaron los burgomaestres.

Por ello, solicitaron al Congreso evaluar una reforma que permita reforzar la fiscalización municipal, garantizando un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección de la ciudadanía. “Es imperativo trabajar de manera articulada para evitar que situaciones lamentables se repitan y promover condiciones óptimas de seguridad en beneficio de todos los peruanos”, señalaron.