El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada por mayoría, la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público y el Colegio de Abogados de La Libertad contra el Congreso por los decretos legislativos para que la Policía Nacional (PNP) lidere los actos de investigación durante los procesos fiscales.
En su resolución, el colegiado exhortó al Ministerio Público y a la PNP a elaborar protocolos de actuación interinstitucionales para articular una “estrategia permanente, eficaz y eficiente” en la persecución del delito, bajo el principio de colaboración entre poderes e instituciones del Estado.
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De acuerdo, con la sentencia interpretativa, el tribunal concluyó que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito, conforme al artículo 159.4 de la Constitución.
Detalló que la investigación preparatoria del delito tiene dos subetapas: la investigación preliminar, a cargo de la PNP con la conducción jurídica del Ministerio Público; y la investigación preparatoria formalizada, de competencia de la fiscalía con el auxilio operativo de la PNP.
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Igualmente, precisó que, en la investigación preliminar, la PNP conduce las acciones operativas propiamente policiales, con la finalidad de reunir y asegurar los elementos de prueba e indicios que puedan servir para la aplicación de la ley penal, así como el desarrollo de las acciones de carácter logístico, técnico y criminalístico que sean necesarias.
Además, resalta que los informes y precalificaciones jurídicas que realice la Policía Nacional no condicionan al fiscal para un caso concreto.
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En tanto que, en la investigación preliminar, el Ministerio Público mantiene su rol de conducción jurídica desde un inicio a través de la disposición de la apertura de la investigación preliminar, así como con la vigilancia, orientación, supervigilancia y guía de la investigación policial.
La demanda se presentó contra los Decretos Legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611, y el artículo único de la Ley 32130, norma que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la PNP y agilizar los procesos penales.
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Votaron a favor de declarar infundada la demanda los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.
En tanto, hicieron voto singular, los magistrados, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez.
