Los congresistas de la Comisión de Educación que insisten en la norma que debilita a la Sunedu

En una sesión que en la que no se dejó hablar a representantes de gremios estudiantiles, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso aprobó ayer el dictamen por insistencia que modifica el consejo directivo de la Sunedu para incluir a representantes de universidades en la tarea de fiscalizarse y autorizarse a sí mismos.

Fueron diez votos a favor, seis en contra y una abstención las que dieron carta libre para que el dictamen, que rechazó todas las observaciones presentadas por el Ejecutivo, sea debatido por última vez en el Pleno pese al rechazo de los rectores de más de 40 universidades peruanas, de federaciones estudiantiles, del Consejo Nacional de Educación, del Sineace, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Educación y de miles de estudiantes que hace unas semanas marcharon en más de diez ciudades.

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La iniciativa había sido presentada por Esdras Medina (Renovación Popular), presidente de la comisión, estudiante de postgrado de una universidad con licencia denegada y denunciado por plagiar un informe de la Contraloría para su tesis de maestría. También tuvo el respaldo de los congresistas Álex Paredes (Bloque Magisterial), Luis Cordero (Fuerza Popular )y Pedro Edwin Martínez, egresados de universidades con licencias denegadas.

Durante el debate, la parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático) pidió la intervención voceros de gremios universitarios que habían llegado a la comisión para expresar su opinión sobre la norma que los impacta directamente. Medina se negó asegurando que durante el desarrollo del proyecto se había escuchado voces de todos los actores involucrados.

Esta versión fue desmentida por los estudiantes. ”En ningún momento se ha convocado a dirigentes estudiantiles o representantes de gremios de Lima y regiones para hacer la consulta. Solo escucharon a rectores que están a favor del cambio en la Sunedu”, dijo a El Comercio Paulocesar Santos, vocero del colectivo ‘La educación se respeta’. En su opinión, que no los escucharan demuestra su poco interés en reflexionar sobre la calidad educativa. “Es un proyecto de ley apoyado por grupos políticos y económicos. No les interesa la regulación, los estudiantes o los jóvenes, les interesa tener el control del ente técnico”, añadió.

Retroceso

Además de cambiar la estructura del consejo directivo de Sunedu (los miembros eran elegidos por concurso público y ahora al menos tres serían nombrados directamente por universidades), el dictamen quita al Minedu la rectoría de la educación superior universitaria y se ordena reactivar sin cambios el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), organismo de acreditación voluntaria que en el 2014 entró en reorganización con la Ley Universitaria.

“El Sineace ha acreditado 11 programas de universidades con licencia denegada. Ha quedado claro que no ha funcionado”, dijo Luque durante su intervención en el debate.

De hecho, este mismo organismo ha calificado al dictamen como un “retroceso en el aseguramiento de la calidad educativa en el país” porque resta independencia a los órganos reguladores. En un informe previo publicado por este Diario, Patricia Salas, ex ministra de Educación y consejera del Consejo Nacional de Educación (CNE), explicaba que el directorio del Sineace también está conformado por representantes de universidades e institutos que luego tienen la tarea de acreditarse. “Adolece del mismo defecto que la nueva Sunedu [que busca aprobar el Congreso], donde el regulador es el mismo regulado y hay conflicto de intereses”, dijo. Aún queda pendiente la reestructuración de Sineace a través de una ley que sea aprobaba por el Parlamento.

Para Ricardo Cuenca, exministro de Educación, que la comisión no haya discutido a profundidad las observaciones del Ejecutivo demuestra que priorizan los intereses políticos y económicos detrás de la norma. El pasado 30 de mayo, el presidente Pedro Castillo observó la autógrafa al considerar que es inconstitucional y afecta la imparcialidad y autonomía de dicho organismo.

Se cuestiona que se retorne al esquema organizacional de la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR) donde las universidades eran juez y parte en la supervisión y autorización de casas de estudio superior. Con la reformulación del dictamen, el consejo directivo de la Sunedu quedaría así: dos representantes de universidades públicas, uno de universidades privadas, uno del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), uno del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), uno del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú y uno del Ministerio de Educación. Además, el superintendente ya no será nombrado por el ministro de Educación, sino por los miembros del consejo.

Durante el debate, la congresista Flor Pablo (Partido Morado) reconoció que existen cambios que se tienen que adoptar para avanzar en la reforma universitaria, pero insistió en la necesidad de contar con un sistema de contrapesos para garantizar una autonomía que no se convierta en autocracia. “Es una ley que afecta directamente al corazón de la reforma porque se le quita la Estado la posibilidad de crear, supervisar y cerrar universidades que no cumplan con las condiciones básicas de calidad”, enfatizó.

El argumento para la nueva ley es que de esta forma se recuperaría la autonomía universitaria. Sin embargo, Cuenca señala que no hay evidencias de que esta haya sido afectada en los ocho años que tiene la creación de Sunedu. “Esto le hace mucho daño a la reforma y a los jóvenes. No hay ninguna evidencia de que se vulnere la autonomía, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Cuando se les pregunta de qué forma vulnera, los congresistas que respaldan el cambio no tienen argumentos, lo repiten como una muletilla”, opinó Cuenca a este Diario.

El último lunes, la Procuraduría de la Sunedu presentó una medida cautelar ante la Corte Superior de Justicia de Lima para solicitar la suspensión provisional del procedimiento parlamentario de aprobación y promulgación hasta que concluya la demanda de amparo interpuesta por este organismo. Gremios estudiantiles han adelantado que realizarán una marcha nacional para expresar su rechazo a la contrarreforma universitaria.