Surco recupera áreas verdes de Los Álamos pero vecinos denuncian abuso de autoridad: lo que no se vio del operativo municipal

Sin embargo, algunos vecinos calificaron la medida como un abuso de autoridad e incluso adelantaron que tomarán acciones legales.

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Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

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Y es que el municipio ejecutó un operativo que incluyó la demolición de varias construcciones, entre ellas la vivienda de la congresista María Acuña. En el lugar, dos personas permanecían en las ventanas del inmueble como señal de protesta, con la intención de detener el avance de la maquinaria y proteger la propiedad, que cuenta con hasta tres pisos de altura.

En la primera etapa del operativo se intervinieron 29 lotes que ocupaban de forma indebida aproximadamente 3.500 metros cuadrados en los parques N.º 16, 17, 18 y 22. De estos, 14 fueron liberados voluntariamente por sus ocupantes, mientras que en los 15 restantes fue necesaria la intervención de la fuerza pública.

Según informaron las autoridades, antes del inicio de las acciones se otorgó un plazo de 45 días a los ocupantes para que procedieran al retiro voluntario de las construcciones o cercos instalados sobre el espacio público. Esta medida buscó promover una salida pacífica y evitar conflictos durante la recuperación.

Los espacios recuperados corresponden a áreas verdes que, con el tiempo, fueron cercadas o edificadas por propietarios colindantes sin contar con autorización municipal. Los operativos se llevaron a cabo con el apoyo de personal de fiscalización y seguridad ciudadana, garantizando el cumplimiento de las normas urbanas vigentes.

La comuna distrital señaló que esta intervención forma parte de un plan integral que contempla la recuperación total de 11 parques invadidos en la urbanización, donde actualmente existen 213 lotes que ocupan en conjunto aproximadamente 42.000 metros cuadrados de espacio público. La intervención será gradual y abarcará todas las zonas que hayan sido intervenidas sin la debida autorización.

Además, la municipalidad advirtió que se ha identificado un patrón recurrente de ocupación indebida que afecta la planificación urbana, restringe el acceso a espacios comunes y compromete la función ambiental y social de las áreas verdes.

En ese sentido, se hizo un llamado a los vecinos que aún mantienen ocupaciones irregulares a regularizar su situación, a fin de evitar sanciones legales.

Trabajo en desarrollo y sentir de los vecinos

En una entrevista con El Comercio, Raúl Ramos, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Surco, informó que las acciones realizadas forman parte de la primera etapa del plan municipal. Durante esta fase se inspeccionaron e intervinieron 29 lotes, en un operativo que se llevó a cabo el 3 de octubre hasta las 3 de la tarde. “Fue ahí donde nos percatamos de que algunos vecinos habían presentado una revisión judicial, por lo que debemos esperar a que el órgano jurisdiccional emita un pronunciamiento. Por otro lado, otros residentes nos informaron que ya están demoliendo internamente las áreas que ocupaban de forma irregular”, indicó.

“Hay que recordar que estas áreas son inalienables; es decir, ninguna persona puede hacer uso privado de un bien que es de uso público y general. Los Álamos cuenta con aproximadamente 2.600 lotes de vivienda, y muchos vecinos que se veían afectados por estas ocupaciones nos han manifestado su conformidad con el operativo. De hecho, varios han solicitado que se retiren las rejas instaladas sin autorización, algo que también está dentro de las acciones que ejecutará la municipalidad”, agregó.

Ramos adelantó que este lunes se tiene previsto iniciar la segunda etapa del operativo, que contempla la recuperación de 120 lotes adicionales. “El personal de Fiscalización está yendo casa por casa a notificar. Invocamos a los vecinos a que devuelvan lo que no les pertenece. La propiedad privada está claramente delimitada por una ficha registral. Muchos saben perfectamente que no son propietarios de esos espacios. En estos casos, el municipio está facultado para presentar una denuncia penal por usurpación”, advirtió.

Protestas

Las acciones de demolición, según voceros del municipio, forman parte del plan de recuperación de espacios públicos destinados a parques. Durante el operativo, la Policía Nacional reforzó la seguridad en la zona y estableció un perímetro de control, mientras que la brigada de rescate resguardó las inmediaciones. Todo ocurrió bajo la mirada de residentes y transeúntes.

La vivienda de la legisladora Acuña se encontraba dentro del área comprendida en el plan de recuperación. La municipalidad justificó la intervención argumentando la necesidad de liberar el terreno para destinarlo a uso recreativo. El abogado de los vecinos señaló que la medida vulnera sus derechos y reiteró que “esto constituye un abuso de autoridad”, adelantando que ya se estaban tomando acciones legales.

El operativo se llevó a cabo durante todo el día bajo supervisión policial, aunque generó malestar entre algunos residentes. Parte del terreno perteneciente a la congresista ya había sido entregado previamente. “La congresista tenía aproximadamente 150 metros cuadrados invadidos, de los cuales entregó voluntariamente una parte. Faltaban por recuperar 66 metros, que es lo que la municipalidad intentó recuperar. Sin embargo, no fue posible completar la acción, ya que la recuperación implicaba demoler una parte de la vivienda (donde se encuentra un baño), y dos señoras se colocaron en las ventanas para impedir que se ejecutara la medida”, indicó el municipio.

“No podemos arriesgar la integridad de estas personas. La PNP no procedió a retirarlas porque, para ello, hubiéramos tenido que ingresar a la propiedad, y no estábamos autorizados para entrar a un espacio privado. Por eso, ahora necesitamos contar con la autorización del juez”, agregó.

Algunas de las propiedades incluidas en el programa municipal fueron desalojadas voluntariamente por sus propietarios, mientras que otros vecinos optaron por iniciar procesos legales ante el Poder Judicial o esperar la intervención directa de las autoridades distritales.

Análisis

El abogado experto en derecho administrativo Irving Barahona explicó a El Comercio que una de las principales facultades que tiene un municipio para recuperar espacios públicos ocupados de manera irregular es la que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades. Esta norma faculta a los gobiernos locales a ordenar el retiro de materiales, instalaciones u obras que ocupen vías y espacios públicos, así como a imponer medidas correctivas, incluyendo la demolición de construcciones no autorizadas.

“Existen distintas consecuencias para los vecinos que cercan, construyen o invaden terrenos públicos sin autorización. Una de ellas es de carácter administrativo, como las sanciones municipales: el municipio puede imponer multas y/o la revocación de licencias. Pero también hay consecuencias penales. En este caso, podría aplicarse una pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 12 años, al configurarse el delito de usurpación en forma agravada, tipificado en el artículo 204 del Código Penal”, precisó.

Por su parte, el abogado Emilio Noguerol, especialista en derecho público económico y asociado del Estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, señaló a El Comercio que, en términos de balance de poder, el más débil en estos casos suele ser el ciudadano. Por ello, el derecho administrativo establece un principio de protección frente a posibles excesos de la autoridad. “Surco cuenta con la Ordenanza 701, que aprueba el régimen de sanciones administrativas. Al identificarse la infracción por uso exclusivo de un área de dominio público, se puede aplicar la recuperación del espacio ocupado de manera irregular”, explicó.

Noguerol también recordó que existe la Ley 30230, que permite la recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal mediante el uso de la fuerza. “La municipalidad sí podría hacer lo que está haciendo, al tratarse de bienes de uso público. De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 27444), cuando se toma la decisión de recuperar áreas públicas, primero debe notificarse al ocupante, otorgándole un plazo razonable para que pueda refutar la medida y presentar argumentos jurídicos”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre los posibles efectos negativos de una demolición ejecutada sin suficiente planificación técnica. “La municipalidad no debería actuar con la premura con la que lo está haciendo. Antes de intervenir con maquinaria pesada, debe evaluarse el contexto real y los riesgos que implica. Por ejemplo, si una demolición parcial genera daños que hacen inhabitable una vivienda, correspondería una indemnización, ya que se habría producido un perjuicio total al inmueble. No se puede ser intransigente. Se deben seguir las reglas del procedimiento administrativo, que establecen plazos para dar explicaciones e incluso solicitar una audiencia con la municipalidad”, concluyó.