7 paros de transporte convocados en 10 meses: ¿Cuáles han sido los resultados de las paralizaciones y qué medidas ha cumplido el Gobierno?

El paro de transportistas, desarrollado este miércoles 14 de enero, se sintió en las zonas sur y norte de Lima, así como en el Callao, por lo que se vio a gran cantidad de pasajeros en los paraderos, durante las primeras horas de la mañana, esperando abordar un bus de transporte público.

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Los buses de las empresas de transporte público San Felipe Express, Real Star, Etsibosa, Nuevo Perú, Roluesa, Tumi, Edilberto Ramos, entre otras, sí salieron a circular, mientras que las unidades de las empresas El Rápido, Salamanca, Los Chinos, Loritos, La 50, entre otras más, permanecieron en sus patios de maniobras.

En la zona este, algunas empresas paralizaron, pero las personas sí pudieron movilizarse debido a que las custer conocidas como ‘Los Chosicanos y las combis que no acataron el paro.

Ante ese escenario, muchas personas optaron por movilizarse en taxi colectivo, combis o custer, los cuales elevaron el precio del pasaje ante la fuerte demanda. La Policía desplegó 13 buses para trasladar a pasajeros en las rutas Puente Nuevo-óvalo Puente Piedra y Puente Nuevo-Puente Atocongo.

El comandante general de la Policía, general PNP Óscar Arriola, indicó que unos 13 mil agentes fueron destacados en diversos “puntos estratégicos” de la ciudad para intervenir ante cualquier incidente, pero que los reportes evidenciaron que no ocurrió ningún acto de violencia ni bloqueo de vías.

Los transportistas han desarrollado tres paros de contundencia en el 2025 (el 10 de abril, el 6 de octubre y el 4 de noviembre) y uno (14 de enero) en lo que va del 2026. Es decir, dos paralizaciones durante el periodo de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue vacada el 9 de octubre, y dos en lo que va del régimen de José Jerí. En todas las paralizaciones, las exigencias de los transportistas eran que el Gobierno tome acciones contra los extorsionadores por los ataques contra los buses.

Durante el 2025 también se convocaron a otros cuatro paros más de transportistas, pero no hubo mayor participación de las empresas. Sin embargo, muchas universidades, colegios y entidades públicas suspendieron sus actividades como medida preventiva, lo que afectó las clases escolares y las atenciones en los hospitales.

Es decir, desde abril 2025, fecha en que las extorsiones y ataques contra choferes y empresa de transporte público se hicieron más frecuentes, Lima y Callao ha soportado al menos 7 paralizaciones. Al margen de su éxito, las convocatorias afectaron el normal desarrollo de las actividades comerciales, académicas y laborales.

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Una de las explicaciones por las cuales muchos paros de transporte no tuvieron contudencia fue porque, según dijo Martín Ojeda, vocero del grupo denominado Transportistas Unidos, los convocantes a dichas paralizaciones no tienen representatividad o son cabezas visibles de los transportistas informales, como Julio Campos o Walter Carrera. Además, los acusó de querer politizar las protestas.

A pesar de las paralizaciones, los asesinatos contra los choferes se continúan dando. Incluso, se pensó que con la captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, se iban a detener las extorsiones, pero nada de eso ha ocurrido.

El Gobierno, durante la gestión de José Jerí, ha establecido estados de emergencia para combatir la delincuencia y la criminalidad. El primero se inició el 22 de octubre por 30 días, luego se amplió el 20 de noviembre y el tercero, vigente aún, se dictó el 21 de diciembre y debe durar un mes.

De tal magnitud es el impacto de las extorsiones en el sector transporte que, entre agosto del 2024 y el 5 de noviembre del 2025, se han registrado 134 víctimas de atentados en el transporte público, de las cuales 73 resultaron fallecidas y 61 quedaron heridas, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

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Además, indicó que los ataques contras las unidades de transporte público ocurren, en la mayoría de los casos, en los distritos de Lima sur y son perpetrados los jueves y viernes y en el rango de horario de 6 de la tarde a medianoche. Los medios más usados por los criminales son el arma de fuego y la moto lineal.

El presidente José Jerí ha sostenido varias reuniones con los transportistas a fin de detener las paralizaciones que promueve dicho sector, incluso algunas se realizaron en Palacio de Gobierno o en el lugar de concentración de los dirigentes.

Uno de los primeros acuerdos con los transportistas fue la promulgación de la Ley N°32490, el 3 de noviembre pasado, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías, pero hasta el momento no ha sido reglamentada.

Tal como ocurrió el 4 de noviembre pasado, este miércoles, el presidente José Jerí se reunió con los dirigentes de transporte en un ambiente de la zona de Acho, en el límite del Cercado de Lima y el Rímac. Tras escuchar las posiciones, el mandatario anunció que el reglamento de la Ley N°32490 será aprobado el sábado y promulgada el domingo con el objetivo que esté en vigencia desde el lunes próximo.

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Esta ley permitirá que las empresas de transporte que son víctimas de extorsión accederán a “exoneraciones temporales” y a “créditos blandos” otorgados por el Banco de la Nación. Además, se indica que el Estado será el encargado de “proveer compensaciones económicas y seguros estatales por la pérdida de unidades de transporte o el fallecimiento de trabajadores”.

Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, indicó a El Comercio que unas 320 empresas de transporte público acataron la paralización de este miércoles, lo que significó que cerca de 20 mil buses no salieran a circular en Lima y el Callao. Aseguró que un 80% del transporte urbano formal paralizó.

Remarcó que los promotores del paro decidieron no movilizarse para evidenciar que el Gobierno sí puede desplegar hasta 13 mil agentes policiales en diferentes de la ciudad para vigilar las vías y que el transporte informal es una realidad que afecta a los formales.

Ojeda cuestionó que las reuniones anteriores con el presidente José Jerí no hayan dado resultado, incluso afirmó que “bajaron de nivel”, pues solo participaban los asesores del mandatario y no hubo mayores avances. Ante los continuos ataques a los choferes, el dirigente advirtió que la estrategia del Gobierno para enfrentar las extorsiones no ha dado resultado.

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“Las reuniones, donde se determinaron puntos de agenda, han bajado de nivel. Comenzó con el presidente y otro día traen a los asesores. Tienen una burocracia que no permite los avances, por eso queremos una reunión inmediata con las cabezas del Estado, ya no queremos trabajar con los asesores porque no se ha avanzado nada. A pesar de que ha sido dos meses atrás (las reuniones), la vida (de los choferes) está corriendo en ese tiempo”, afirmó.

En ese contexto, Ojeda reclamó que no se haya concretado la prohibición de que dos personas viajen en moto, que no se haya trabajado en el reglamento de la Ley Nº32490, que no existe labor de prevención en las zonas norte, sur y este de la capital, y que no se haya brindado apoyo a los familiares de los choferes atacados por extorsionadores.

En ese contexto, el dirigente advirtió que los atentados de los delincuentes ocurren entre las 7 p.m. y 11 p.m., pero que las autoridades no hacen ningún despliegue de policías en las zonas periféricas de la ciudad. Cuestionó que haya militares resguardando lugares en los que no se registran actos delictivos.

Ojeda indicó, tras la reunión con el presidente José Jerí, que el jueves será publicada la Ley de Profesionalización del Conductor, a fin de evitar la salida de choferes a otros países, y que se otorgará una subvención económica a la familia de los choferes asesinados por los extorsionadores, tal como lo establece la Ley Nº32490.

El sector transporte es uno de los más afectados en esta última etapa de crecimiento de violencia y cerca de 70 trabajadores de transporte público fueron asesinados por extorsionadores durante el 2025, recordó Julio Corcuera, experto en temas de seguridad ciudadana.

Advirtió que los últimos ataques de los extorsionadores son con granadas, lo que puede multiplicar el número de víctimas, y que las denuncias por el delito de extorsión aumentaron 20% en 2025 en comparación con el 2024, pero que esa cifra podría ser mayor debido a que hay hechos que no se denuncian. “La situación está desbordada”, refirió.

Corcuera explicó que las empresas de transporte son extorsionadas por bandas criminales en varios sectores de su ruta, es decir que, si la línea se desplaza del cono norte al cono sur, es sometida al cobro de cupos por los delincuentes que operan en cada zona. Los delincuentes también están haciéndose pasar por una nueva banda para exigirle el dinero otra vez a sus víctimas, lo que ha originado el aumento del precio de los pasajes, según indicó el especialista.

Planteó que las autoridades evalúen los puntos donde se ubican a los militares en el estado de emergencia, como las estaciones de la Línea 1 del Metro Los Cabitos y la Cultura, o el parque Kennedy, pues recordó que la mayor incidencia delictiva en el sector transporte está en las rutas que van del norte al este de la capital.

Además, consideró que el Gobierno debería realizar un control más efectivo sobre los explosivos y las armas, los cuales son usados por los criminales en los actos extorsivos.