A un año de la tragedia: ruta hacia el cerro San Cristóbal sigue insegura

Es mediodía y un camión bloquea el tránsito motorizado en la única ruta que conduce a la cima del cerro San Cristóbal, ubicado en el Rímac. Autos privados, vehículos pesados, entre otros, llegan solo hasta la mitad del camino. En ese punto, una tranquera y un sereno de la Municipalidad del Rímac impiden el paso a la mayoría de vehículos, excepto a los mototaxis y autos de vecinos empadronados.

“Hace más de un mes la municipalidad nos ha dado permiso para hacer taxi hasta la cruz”, afirma un joven mototaxista que cobra S/4 por el viaje a la cima.

Pese a que por esta empinada y sinuosa vía, por donde ahora circulan mototaxis, un bus turístico que descendía del cerro se descarriló la tarde del 9 de julio del 2017, pocas cosas han cambiado en los implementos de seguridad de la ruta: solo unas barandas de madera de 1,5 metros de altura protegen a los conductores de caer al vacío.

A un año del accidente en el que diez personas perdieron la vida y unas cincuenta resultaron heridas, el camino de acceso y salida al San Cristóbal sigue siendo muy riesgoso.

Alfonso Flórez, gerente de la fundación Transitemos, explica que estas barreras no son las normadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según el Manual de Seguridad Vial, en laderas que tengan una altura mayor a cuatro metros y con pendientes peligrosas las barreras deben ser de acero o muros de concreto. “No es posible que luego de un año no se haya revisado la categorización de la vía”, precisa.

La comuna rimense niega que haya dado autorización a los mototaxis para subir al cerro. El Comercio le pidió detalles sobre la colocación de barandas que no cumplen las normas de seguridad, pero no obtuvo respuesta.

—Sin justicia—
El accidente en San Cristóbal expuso la informalidad con la que trabajaba Green Bus, la empresa propietaria del vehículo siniestrado. Según el peritaje policial, modificó la estructura de forma artesanal para instalar una carrocería de un ómnibus panorámico de dos niveles.

La empresa fue considerada tercero civilmente responsable en el proceso judicial y sentenciada a pagar, junto al chofer del bus Goytzon Bravo Tocas, reparaciones civiles de entre S/2 mil y S/70 mil. En junio, Bravo fue condenado a ocho años de cárcel por homicidio culposo y lesiones agravadas. Sin embargo, para los familiares de los fallecidos, son los dueños de Green Bus quienes deberían tener una mayor sanción.

“Justicia sería que los empresarios estén en la cárcel. El dinero [de la reparación civil] no me interesa, porque no nos devolverá a nuestros familiares”, afirma César Encina, hermano de Oswaldo Encina Fernández, uno de los dos turistas chilenos que murieron en el accidente.

—Los otros afectados—
La tragedia en San Cristóbal no solo dejó muertos y heridos. Los comerciantes que vivían del turismo en la zona se quedaron sin su fuente de ingresos tras el accidente.

“Antes éramos cuatro fotógrafos y ahora solo uno viene al día. Hoy me tocó a mí”, cuenta Pepe Solís, quien lleva veinte años trabajando en el mirador de Lima.

La situación de Jesús Narcizo, quien tiene 62 años y un hijo con habilidades diferentes, es aún más preocupante. Él debe ir a pie todos los días a la cima del cerro para vender golosinas y velas a los pocos turistas que llegan. “Pedimos a las autoridades que hagan más segura la ruta para que vuelvan los visitantes”, afirma este hombre que además sufre de diabetes.