Colectiveros buscan formar un partido: los riesgos detrás de su formalización

A pocas horas de recibir la nochebuena del 2020 se publicó en El Peruano la ley 31096, la cual excluyó a Lima Metropolitana y al Callao de la normativa que formalizó a los taxis ‘colectivos’. Desde entonces, estos transportistas informales han continuado operando sin mayores contratiempos, mientras utilizan mecanismos legales para protegerse de cualquier sanción. Ahora -como lo reveló El Comercio este lunes- buscan inscribirse como partido político y lograr la inmunidad total.

Tan solo meses atrás, los corredores complementarios de Lima Metropolitana se vieron inmensamente afectados económicamente. Por días, los limeños se mantuvieron atentos ante la posible paralización de las operaciones del transporte formal. En su momento, diversos actores políticos favorecieron a los taxistas informales e intentaron responsabilizar a otros del desorden vehicular. El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, dispuso empadronar a los colectiveros. En el Congreso, diferentes propuestas fueron consideradas para habilitar a estos transportistas en la capital.

En conversación con El Comercio, Gerardo Hermoza, presidente de la junta de operadores de los corredores complementarios, se mostró en contra de que este grupo de transportistas informales obtenga las credenciales como partido político. “Ninguno [de los colectiveros] se responsabiliza en caso de un accidente de tránsito, no cuentan con SOAT [Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito], tampoco revisión técnica. Entonces, son un peligro sobre ruedas”, alertó Hermoza.

Asimismo, explicó que la formalización de estos taxistas tendría como resultado mayor caos vehicular. “La cantidad de personas que transporta un bus de doce metros [como los que operan los corredores], lo movilizan 25 autos. Esos autos equivalen a 130 metros a lo largo de una vía”, ilustró el vocero. Asimismo, resaltó que la competencia con los colectiveros es una desleal, imposible de ganar si es que no se les fiscaliza de manera adecuada.

“El transporte informal no paga impuestos, no bancarizan sus ingresos. No se puede competir contra algo así. No se puede comparar la renovación de una unidad de doce metros que cuesta cerca de 150 mil dólares, versus alguien que alquila un carro, y cuando no le gusta, alquila otro, y otro, y otro. Entonces, no hay manera de poder comparar [ambos negocios] y es imposible hacer competencia a ese tipo de transporte [informal]”, criticó el representante.

Anteriormente, El Comercio conversó con Luis Morán, representante legal de Consorcio Transporte Arequipa S.A., empresa operadora del corredor azul. De manera similar al de su colega, explicó que “en un bus caben ochenta usuarios […] lo que entrarían en veinte colectivos. El ruido del claxon, contaminación ambiental y sonora, el uso de la vía. [Formalizarlos] sería algo brutal, antitécnico y trágico para la ciudad”.

Por su parte, Hermoza recordó -ante la posible inscripción del partido político de los colectiveros- que “muchos de ellos tienen antecedentes policiales y judiciales. Yo creo que no debería poderse inscribir personas que tengan denuncias a un partido”. “Esto ya es organizado. El tema de ir a matar o agredir a los fiscalizadores”, destacó.

El Comercio también ha revelado cómo operan las mafias de los colectiveros, los cuales se agrupan en organizaciones para protegerse mutuamente. Además de atentar contra la integridad de los fiscalizadores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), evitan que los vehículos intervenidos sean llevados por las grúas o que se efectúen la imposición de multas. De no lograrlo, cuentan con abogados que emplean artimañas legales para demorar los trámites e impugnar las multas.

Por medio de un comunicado, la ATU mostró su ‘tajante rechazo’ contra “el servicio de transporte informal de pasajeros en Lima y Callao, pues es una de las principales causas del caos y el desorden en las vías públicas, así como de la exposición al peligro de la vida de los pasajeros que utilizan este tipo de servicios”.

La autoridad destacó que -al ser un servicio no autorizado- la realización del taxi colectivo corresponde la imposición de una infracción. “Solo en 2023, se han impuesto un total de 9.222 actas por informalidad y se han enviado a depósito a 2.165 vehículos”, detalla el documento. Adicionalmente, revela que “de forma permanente, supuestos representantes de los gremios de transporte solicitan reuniones a la ATU para exponer problemáticas del sector. Sin embargo, estas personas no pueden acreditar su representación legal”.