El sexto piso del Ministerio del Interior estaba por convertirse en el escenario de una histórica fractura en el transporte de Lima. Era una noche templada de viernes y las luces del Mininter se reflejaban en los rostros tensos de quienes, desde las 7 p.m. hasta casi las 11 p.m., se habían reunido para intentar negociar la paz en las calles de la capital. En la mesa, estaban los actores principales: el ministro del Interior, Julio Díaz, los jefes de las regiones policiales de Lima y Callao, representantes de Inteligencia de la PNP, el jefe de la Sutran, el jefe de ATU y el comandante de Carreteras de la PNP. Frente a ellos, los formales: Héctor Vargas, coordinador de la Asociación de Transportistas, Martín Ojeda, Director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte; Enrique Vaca, de Asestraca, Wily Chávez, de Conexa, Ángel Mendoza de ACTU, y representantes de las principales líneas como La Chama, Los Loritos, Chinos, y La 50.
La tensión era palpable. Las demandas de los transportistas formales no eran nuevas: una respuesta contundente del gobierno ante la inseguridad que los asfixiaba. El sicariato, las extorsiones, el cobro de cupos, estaban destruyendo la industria. Pero había algo más en el aire, algo que no se veía en las reuniones anteriores. Algo que cambiaría el curso de los acontecimientos.
De pronto, las puertas se abrieron sin previo aviso y dos figuras conocidas irrumpieron en la sala: Geovanny Diez y Julio Campos. El primero es fundador de un partido político que busca la formalización del colectivo en Lima. El segundo es conocido por agremiar a los autos colectivos ilegales que van del óvalo de Naranjal a Huacho. Nadie sabía cómo habían llegado al Mininter ni quién los había invitado. La incomodidad fue inmediata. La sala se silenció, y las miradas se cruzaron, algunas con desconfianza, otras con un dejo de incredulidad. Los formales no sabían qué hacer. La irrupción de los informales no era solo una sorpresa, sino una provocación.
“¡Hay informales que trabajan con los extorsionadores!”. Los formales no ocultaban su enojo. La acusación era clara y directa: los informales no solo eran víctimas de las extorsiones, sino que, al financiar a los extorsionadores que durante años recibieron cupos por parte de ellos, mantenían una red delincuencial que ahora asediaba a los transportistas formales. Un círculo vicioso que los estaba llevando al borde del colapso.
Geovanny Diez, del gremio informal, intentó defender a su sector, pero las palabras no calaban. Los formales, cada vez más molestos, se pusieron de pie. La incomodidad de la situación era tal que la mayoría decidió abandonar la sala. El clima se tensó aún más. Los rostros de los representantes de los formales se transformaron en una mueca de indignación. No iban a dejar que los informales les robaran la agenda.
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El ministro Julio Díaz, con la desesperación en los ojos, se acercó a ellos, tratando de detener su huida. “No sé quién los invitó, pero reconozco que los informales tienen intereses diferentes a los nuestros”, dijeron los presentes, intentando apaciguar los ánimos.
Finalmente, los formales regresaron a la mesa, pero la herida ya estaba abierta. El paro de transporte que se estaba cocinando no era solo una protesta por la inseguridad, sino una señal de la ruptura definitiva entre dos mundos. Un mundo, el de los formales, que exigía ser escuchado; y otro, el de los informales, que se veía cada vez más protegiendo sus propios intereses.
El gobierno, consciente de que los paros anteriores no habían tenido la fuerza necesaria para paralizar la ciudad, veía en esta ruptura la oportunidad perfecta. El conflicto entre los gremios había sido, hasta ahora, una herramienta para contener el impacto en las calles. Pero hoy, el paro sería diferente. El quiebre estaba sellado, y la ciudad lo sentiría en sus huesos.
El paro que sí paralizó
Por quinta vez en los últimos dos años, Lima amaneció con un paro de transporte, pero esta vez fue distinto. A diferencia de las cuatro jornadas previas, que estuvieron marcadas por la fragmentación y las disputas entre gremios, el paro de este jueves 10 de abril fue promovido por asociaciones de transportistas formales, y por eso su impacto en la ciudad ha sido masivo, evidente y contundente.
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En los anteriores paros, el llamado a la movilización provenía de gremios que, si bien se presentaban como representativos del transporte, incluían en sus filas a unidades informales: combis piratas, colectivos ilegales, mototaxis fuera de norma. Esos gremios, aunque denunciaban con razón la creciente inseguridad —extorsiones, sicariato, cobro de cupos—, también arrastraban consigo intereses políticos y económicos propios: pedidos de amnistías, facilidades para formalizar unidades que no cumplen requisitos, e incluso el impulso de agrupaciones políticas ligadas al transporte informal.
Esa doble agenda generó que en cada uno de esos paros anteriores, las empresas formales de transporte urbano —que operan con rutas autorizadas, buses modernos y personal en planilla— decidieran no acatar la medida. No querían verse mezcladas con un movimiento que, más allá de denunciar la violencia que todos padecen, buscaba también beneficios particulares para los informales. En algunos casos, representantes de gremios informales han intentado organizar un partido político.
Además, el panorama se volvía aún más complejo porque, aunque las empresas formales no participaban del paro, muchas veces no podían operar con normalidad. En los días previos a cada protesta, choferes y empresarios recibían amenazas anónimas para que no saquen sus flotas. Se les advertía que sus unidades podían ser atacadas. Las calles eran tomadas por sujetos desconocidos, presuntos matones que operaban con total impunidad para garantizar que el transporte quede paralizado, aunque no por voluntad de los formales.
Hoy, en cambio, el escenario ha sido otro. El paro ha sido convocado exclusivamente por los transportistas formales. Son ellos quienes se han organizado, quienes han exigido garantías para trabajar, y quienes han alzado la voz para pedir seguridad ante una ola de violencia que no distingue entre legalidad o ilegalidad. Y eso lo ha cambiado todo.
Por primera vez, los buses con autorización han dejado de circular por decisión propia, no por miedo. Y eso se ha sentido. Las principales rutas de Lima y Callao lucieron vacías desde la madrugada, con cientos de paraderos sin buses y miles de ciudadanos varados. Lo que antes era un paro dividido, se ha convertido hoy en una protesta unificada: los formales han liderado y, ante la contundencia de su mensaje, hasta los informales se han plegado.
La suspensión del servicio de transporte público no puede desvirtuarse. Su finalidad ha sido hacer un llamado a la unidad para evitar que continúe esta tragedia de asesinatos. Es necesario que los poderes del Estado, hoy completamente fragmentados y sumidos en una crisis constante, actúen de manera conjunta. Esta medida no debe ser utilizada con fines políticos ni personales, especialmente por personajes vinculados al transporte informal. La paralización ha sido acordada de manera unificada por las empresas del transporte formal de pasajeros, y no permitiremos que se desnaturalice por intereses ajenos.
Martin Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte
En detalle
El sector del transporte urbano ha decidido detener sus actividades este jueves 10 de abril en Lima y Callao como medida de protesta ante los recurrentes asesinatos de conductores, víctimas de mafias dedicadas a la extorsión, sicariato y cobro de cupos. Ante esta situación, diversas universidades y colegios han optado por trasladar sus clases al entorno virtual.
Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), advirtió que “estamos en medio de una guerra. Conductores, trabajadores independientes y emprendedores están perdiendo la vida, dejando a sus familias completamente desprotegidas”.
Desde Anitra se ha llamado a todos los gremios del transporte formal a sumarse a esta paralización. “Extendemos la invitación a todas las organizaciones de transporte en Lima y Callao para unir fuerzas frente a esta crisis que golpea a nuestro rubro”, añadió Valeriano.
El dirigente también apuntó contra las autoridades, en especial contra el titular del Ministerio del Interior, Julio Díaz Zulueta, por no haber cumplido con el plazo prometido para implementar medidas más severas frente al aumento del crimen. “No podemos seguir esperando. Mientras nos piden más tiempo, nuestros colegas siguen siendo asesinados. Este derramamiento de sangre debe terminar”, manifestó.
Valeriano señaló que esperan la participación de las 460 empresas de transporte que operan en la capital y el primer puerto. “Nos vemos obligados a tomar esta medida ante la falta de acción policial. No tenemos garantías para trabajar”, afirmó.
Más de 2.500 transportistas se suman
En declaraciones a El Comercio, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, precisó que más de 2.500 choferes de empresas como Los Chinos, Las Américas, Cristo Salvador, La Encantada, entre otras, acatarán la paralización.
Ojeda explicó que agrupaciones como AEMUS, AETU y CONET han planteado propuestas concretas: “Es urgente diseñar un plan articulado entre todas las entidades del Estado para erradicar la violencia que azota al transporte urbano”.
También se sugirió crear un protocolo digital que facilite la denuncia de estos delitos, así como establecer un fideicomiso que garantice los recursos necesarios para que la Policía y Dirincri enfrenten con eficacia a las mafias extorsivas.
Clases virtuales en universidades y colegios
La medida de fuerza afectará a miles de pasajeros, obligando a la suspensión de actividades presenciales en distintas instituciones educativas. La Universidad Peruana Cayetano Heredia, por ejemplo, anunció que todas sus actividades académicas y administrativas serán virtuales el jueves 10 de abril. Igual decisión tomaron la UNI, la Universidad del Pacífico, la PUCP, San Marcos, la Universidad de Lima y la UPC.
El Ministerio de Educación también dispuso que ese día las clases en colegios públicos de Lima Metropolitana se realicen de forma remota. Asimismo, colegios privados se han sumado a la decisión por razones de seguridad.
Rutas afectadas y empresas participantes
Según fuentes del sector, al menos 300 kilómetros de rutas de transporte en Lima están bajo amenaza de extorsionadores. Este 10 de abril se unirán al paro empresas como El Anconero, Sesosa, Línea 39, Translima, Chimpún Callao y “La 41”.
Otras rutas involucradas incluyen:
- Nueva Estrella: Ancón - Ventanilla
- Los Loritos: Huaycán - Ventanilla
- Vipusa: Ancón/Comas - La Victoria/SJM/Ate
- Huáscar – Ruta C: Jicamarca - Lurín
- La Roma: SJL - Ventanilla
- Corazón de Jesús: SMP - San Miguel
- El Mandarino: Canto Grande - Pro
- Evifasa: SMP - SJL o Ate
El lunes 7 de abril, transportistas de Lima Norte protagonizaron un paro desde las 4:00 a.m. en demanda de acciones frente al crimen organizado. La protesta, iniciada en Puente Piedra, incluyó bloqueos de vías como la Panamericana Norte y movilizaciones hacia el Congreso.
El asesinato del conductor Loymer Noé Benigno, ocurrido el 4 de abril en Los Olivos, fue el detonante. Durante esa jornada, los pasajeros enfrentaron caos en los paraderos, con largas colas y discusiones por el acceso a los pocos vehículos disponibles.
El 8 de abril, dos transportistas más fueron baleados en el Callao. Daniel Suárez falleció en el lugar y Luis Chinchay permanece en estado crítico. La indignación por estos crímenes generó una protesta en la avenida Elmer Faucett, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.
Empresas que ya se han sumado a paros anteriores
En el paro del 10 y 11 de octubre del año pasado, estas fueron algunas de las compañías que detuvieron sus operaciones por tres días:
- Nueva Estrella
- Los Loritos
- Los Chinos
- Vipusa
- Huáscar – Ruta C
- La Roma
- Sesosa
- Corazón de Jesús
- El Mandarino
- Evifas
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