(Foto: Bryan Albornoz/ El Comercio)
(Foto: Bryan Albornoz/ El Comercio)

Jesús Alberto Villarreal Tasayco, el peor conductor de Lima, había recibido 16 papeletas que contemplaban el internamiento de su vehículo en el depósito –sin contar las órdenes de captura por deudas acumuladas–, pero su auto, increíblemente, seguía circulando a diario por la Panamericana Norte.

Ese Nissan Sentra rojo desapareció de la casa de Villarreal el mismo día que El Comercio publicó la noticia. Sin embargo, en las calles de Lima Metropolitana siguen circulando otros 255 mil autos que tienen orden de captura, según una nota de prensa del 2017 del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Muchos de estos autos, que podrían representar un peligro debido a la cantidad de infracciones que acumulan, no son llevados al depósito porque estos están repletos.

Elvira Moscoso, titular de la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, sostuvo que esta falta de espacio en los depósitos permite a los choferes seguir conduciendo pese a tener un largo historial de medidas cautelares y multas que contemplan el internamiento de sus vehículos.

“No hay una cultura de tener depósitos. Estamos fomentándola entre los distritos más alejados que tengan zonas para este fin, sobre todo los periféricos. Hay conversaciones con Pucusana, Los Olivos, Ate y Puente Piedra. De abrir estos distritos y cumplir las condiciones –deben tener una oficina y un cerco de 4,5 metros de altura– mediante un convenio distrital, sería un cambio significativo. Por lo menos para que la gente se persuada y haya un cambio de actitud. Ya no solo sería la imposición del acta [multa] y te persigo después, sino en ese momento llevarlo al depósito porque así lo amerita la infracción”, dijo la funcionaria.

Un dron de El Comercio sobrevoló cuatro de los siete depósitos que administra el SAT y constató que en ellos no entran más vehículos. En uno ubicado en la avenida Santa Ana de Comas, se contaron alrededor de 420 unidades, entre mototaxis, autos sedán y combis que abarrotan el lugar. Luego de tres horas frente a la puerta de este recinto, El Comercio solo vio un auto particular salir ‘libre’.
“Los depósitos del SAT son ridículamente pequeños para el tamaño que Lima necesita. Lo que tendrían que haber hecho hace años es tercerizar los depósitos. Esta tercerización debe incluir el servicio de las grúas. Porque debes tener una forma de trasladar el vehículo mal estacionado o con orden de captura. Debe haber más depósitos y estos deberían estar distribuidos por zonas, pues Lima es una ciudad policéntrica”, dice Lino de La Barrera, ex titular de la Dirección de Transporte Terrestre del MTC.

–Remates en debate–
El portal del SAT registra un total de 611 vehículos que actualmente están en remate. Este proceso de venta se realiza con campañas cada cierto tiempo. El último fue esta semana y el anterior a fines del 2017.

Mientras tanto, se observan dentro de los depósitos una gran cantidad de vehículos empolvados por el tiempo que pasan ahí. Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, cree que es importante aumentar el número de depósitos, pero también acelerar el proceso para impulsar el remate de los vehículos. Explica que un carro puede permanecer en el depósito durante varios meses debido a que el sistema legal permite a los propietarios disipar el proceso por el cual el SAT adquiere el derecho a rematarlo.

“En el depósito, el propietario tiene la oportunidad de pagar la deuda y sacarlo; si no, pueden proceder a rematarlo, notificando al dueño esta decisión. Todo ese proceso puede durar tranquilamente tres meses. Pero si no hay una buena notificación, se frustra todo el proceso. Muchas veces los propietarios cambian de domicilio, y el notificador, que son de agencias courier, no notifica adecuadamente. Eso puede ser causal de que se anule el proceso de remate. Los instrumentos legales están a favor del conductor, no de la administración”, dice.

De La Barrera añade que el SAT debe asegurarse de que los autos rematados no terminen en manos de los mismos choferes.
“No sabemos quién compra los carros en esos remates. ¿Cómo conocer que esos vehículos no van a salir para seguir siendo conducidos por los mismos choferes imprudentes? Un carro en pésimas condiciones tendría que venderse deshuesado para evitar que vuelva a las calles. Y si tiene placas de taxi, debería haber opciones legales que permitan anular su inscripción para dar ese servicio. Quien compra ese carro debe pasar por una serie de evaluaciones”, añade.

La Municipalidad de San Isidro señaló a este Diario que en octubre del 2016 le envió una propuesta a la Municipalidad Metropolitana de Lima en la cual ofrecía fiscalizar el transporte público que atraviese su jurisdicción, entre las cuales contemplaba la facultad de intervenir unidades infractoras e internar los vehículos en sus propios depósitos. “Dentro de ese proyecto se tenía pensando habilitar un depósito para encargarnos de esa función”, dice el municipio. Hasta la fecha, la comuna metropolitana no ha confirmado esta posibilidad.

Dos meses sin obtener respuesta
El periodista que redactó esta nota intentó comunicarse con la jefatura del Área de Imagen Institucional del SAT desde febrero de este año, para recabar información sobre temas relacionados a su labor, a través de mensajes y correos que no han sido respondidos hasta el cierre de esta edición.
Ese contacto hubiera permitido que El Comercio informe acerca del dinero recaudado por esta institución y el uso del mismo, los choferes con más infracciones, la existencia de algún proyecto de ampliación de la infraestructura de depósitos, y sobre las multas, placas y vehículos relacionados a Jesús Alberto Villarreal Tasayco.

Lee también...

Contenido sugerido

Contenido GEC