Fiscalización a motos eléctricas: Qué se conversó en la reunión clave entre representantes de asociaciones y el MTC

Si bien el MTC no confirmó oficialmente los acuerdos. De acuerdo a información a la que accedió El Comercio, el encuentro habría concluido con el compromiso de instalar mesas de trabajo para abordar la situación de miles de propietarios de estos vehículos, así como evaluar alternativas relacionadas con su formalización.

La reunión se registró un día después del inicio de la fiscalización contra las motocicletas eléctricas consideradas vehículos motorizados, una medida que ha generado preocupación entre los propietarios de estas unidades debido a las exigencias documentarias y a las sanciones previstas para quienes incumplan la normativa vigente.

La reunión se desarrolló durante la mañana del lunes en las instalaciones del MTC y contó con la participación de una representante de la PCM.

Según conoció El Comercio, las autoridades habrían tomado conocimiento de la problemática que, de acuerdo con los dirigentes, afecta a alrededor de 150 mil propietarios de motocicletas eléctricas en todo el país. Asimismo, indican que existiría disposición para instalar una primera mesa de diálogo con representantes del Ministerio del Interior y de las áreas técnicas vinculadas al transporte.

Entre los puntos mencionados también figura una eventual reunión con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) para analizar alternativas relacionadas con la inmatriculación de estos vehículos, proceso que actualmente representa una de las principales dificultades para numerosos propietarios que buscan regularizar su situación.

No obstante, fuentes del Ejecutivo confirmaron que no habrá ninguna prórroga para la aplicación de las sanciones por la circulación indebida por la ciclovías. En ese sentido recomendaron a los conductores continuar desplazándose por la calzada.

El Comercio recorrió durante esta semana las avenidas Arequipa, Abancay, La Marina y Universitaria todavía fue posible observar algunas motocicletas eléctricas circulando por ciclovías, aunque en menor cantidad que semanas atrás. Asimismo, este Diario no registró operativos policiales ni la imposición de papeletas durante el recorrido.

En esa misma cobertura, el MTC confirmó a El Comercio que no existe ninguna disposición que haya prorrogado o suspendido la entrada en vigencia de la fiscalización, por lo que las obligaciones para este tipo de vehículos continúan plenamente vigentes.

La normativa establece que las unidades cuya velocidad de fabricación supera los 25 kilómetros por hora son consideradas vehículos motorizados y, por tanto, deben contar con placa de rodaje, Tarjeta de Identificación Vehicular, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y licencia de conducir de categoría B-IIa. Además, tienen prohibido circular por ciclovías y veredas, debiendo desplazarse por la calzada junto con el resto del tránsito vehicular.

En ese escenario, la eventual instalación de mesas de diálogo no supone por sí misma una modificación de la normativa vigente ni de las obligaciones que actualmente deben cumplir los conductores, por lo que la aplicación de las disposiciones continúa rigiéndose por el marco legal existente mientras las autoridades no anuncien cambios oficiales.

Especialistas consultados por El Comercio coinciden en que cualquier proceso de conversación debe desarrollarse sin dejar de aplicar la normativa vigente y sin debilitar la fiscalización.

Para Mario Candia, ingeniero civil especialista internacional en ingeniería de tráfico, diseño vial urbano y seguridad vial, el principal problema no radica en la existencia de la norma, sino en la histórica ausencia de controles permanentes para hacerla cumplir.

“La fiscalización debe ser permanente, no puede ser simplemente por periodos o por operativos. Debe ser una fiscalización constante”, afirmó.

El especialista recordó que la prohibición para que las motocicletas eléctricas de determinadas características circulen por ciclovías no constituye una disposición nueva, pues las unidades que superan los 25 kilómetros por hora ya eran consideradas vehículos motorizados por la normativa vigente desde hace varios años.

“Las motos eléctricas con velocidades mayores a 25 kilómetros por hora ya hace mucho tiempo son vehículos que no pueden transitar por ciclovías y que por ley deberían transitar por la calle. Lo malo es que como nunca se aplicaba, recién ahora se ha empezado a informar a la población”, explicó.

A su juicio, la falta de controles sostenidos ha terminado deteriorando la cultura vial.

“Si no me sancionan conductas ilegales, entonces las repito. Incluso llega un momento en que puedo sentir que es mi derecho romper las normas porque nunca me sancionan”, advirtió.

En ese sentido, consideró que el principal cambio debe producirse en el rol que actualmente desempeña la Policía Nacional del Perú (PNP).

“La Policía básicamente invierte la mayor parte de su tiempo en operar como semáforos humanos. En vez de fiscalizar este tipo de conductas ilegales, controla el tránsito”, sostuvo.

Por su parte, Franklin Barreto Verástegui, coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú y especialista en tránsito y seguridad vial, señaló que el escenario actual es consecuencia de una cadena de omisiones institucionales que permitió durante años el ingreso y comercialización de vehículos que, por sus características técnicas, debían cumplir los mismos requisitos que cualquier otro vehículo motorizado.

“Se ha dejado avanzar un problema que ya tenía una reglamentación de hace muchísimos años. Se permitió que ingresaran vehículos que debían registrarse como motorizados, pero fueron comercializados como si no necesitaran ningún tipo de documentación”, indicó.

Barreto consideró que, si bien resulta positivo que se evalúen mecanismos para atender la situación de miles de propietarios, ello no elimina las obligaciones que actualmente exige la legislación.

Además, explicó que la intervención policial frente a estos casos resulta mucho más compleja que la simple imposición de una papeleta.

“No solamente es poner la papeleta. Cuando un vehículo motorizado circula sin placa, sin SOAT o sin licencia, ese vehículo tiene que ser retenido e internado en un depósito oficial”, precisó.

Según explicó, esa exigencia también representa un reto operativo para las autoridades, ya que muchas municipalidades no cuentan con suficientes depósitos para internar las unidades intervenidas.

El especialista recordó que una misma intervención puede dar lugar a varias infracciones simultáneas.

“Si encontramos un vehículo sin placa, sin licencia, sin tarjeta de propiedad, sin SOAT y además circulando por una ciclovía, fácilmente estamos hablando de cinco infracciones que pueden superar los cinco mil soles”, explicó.

Tanto Mario Candia como Franklin Barreto coincidieron en que la responsabilidad recae sobre los conductores, pero al mismo tiempo también sobre las autoridades, que durante años no informaron adecuadamente cuáles eran las obligaciones legales para este tipo de vehículos.

Candia señaló que gran parte de los propietarios adquirieron estas unidades basándose únicamente en la información proporcionada por fabricantes y vendedores.

“Muchas personas han quedado hasta cierto punto engañadas con estos vehículos. El fabricante les decía que no necesitaban licencia ni SOAT, lo cual finalmente fue falso”, manifestó.

En la misma línea, Barreto sostuvo que las entidades competentes debieron advertir desde el ingreso de estas unidades al país bajo qué regulación serían consideradas.

“La autoridad tenía que decir que este vehículo estaba sujeto a determinada reglamentación. Las autoridades no lo hicieron y permitieron que ingresaran como si fueran vehículos de juego, cuando en realidad no lo eran”, afirmó.

Para ambos especialistas, cualquier solución de largo plazo pasa por combinar una adecuada información a los usuarios, mecanismos de formalización técnicamente viables y una fiscalización constante que permita recuperar el respeto por las normas de tránsito.