Luz verde para taxis colectivos por 4 años más: detalles de la medida que atenta contra la seguridad vial

Una vez más, está en manos del Congreso la posibilidad de dar un golpe al transporte y la seguridad vial del país. Este lunes, la Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó el dictamen que amplía la vigencia de la Ley 31096, norma vinculada a la formalización del transporte terrestre de pasajeros en taxis colectivos. Ahora todo queda en manos del Pleno.

Este debate, además, se da en paralelo a otras iniciativas en el Parlamento que buscan modificar las reglas del servicio de taxi por aplicativo, lo que evidencia un nuevo intento del Legislativo por reconfigurar el sistema de transporte sin una visión integral, al equipararlos al taxi tradicional.

El dictamen fue aprobado con 8 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones, y establece una prórroga adicional de 4 años una vez que culmine el plazo vigente para la formalización en diciembre del 2027, extendiendo su vigencia hasta el 24 de diciembre de 2031.

Con ello, se buscaría facilitar el camino para prolongar un régimen de transporte que ha recibido serios cuestionamientos desde que fue aprobado en el 2020. Según precisa la norma, durante el periodo previo al inicio de la nueva prórroga se mantendrá vigente el reglamento del servicio temporal de transporte en vehículos colectivos.

“Esta medida tiene como finalidad asegurar la continuidad del proceso de formalización del transporte en automóviles colectivos, actividad que cumple un rol importante en la conectividad de miles de ciudadanos, especialmente en zonas donde el transporte público convencional resulta insuficiente”, expresó el titular de la comisión, Juan Carlos Mori, durante la sustentación.

Toto empezó en el 2020, cuando, en vez de combatir el transporte informal de pasajeros, el Congreso aprobó y promulgó la Ley N° 31096, con el objetivo de formalizar a los automóviles colectivos, no solo a aquellas unidades de clasificación M1, sino también incorporando a los vehículos de más de 8 asientos (de tipo M2).

La ley contemplaba una vigencia de cuatro años, con la posibilidad de extenderse por hasta tres años adicionales, siempre que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o la autoridad competente emitiera una opinión favorable.

Es por ello que en diciembre del 2024, el Congreso aprobó la ampliación de la vigencia para la formalización de autos colectivos a nivel nacional, con excepción de Lima metropolitana y el Callao, por tres años más. El dictamen consiguió 83 votos a favor, 6 en contra y 9 abstenciones; y fue exonerado de segunda votación.

Es decir, inicialmente, vencía en el 2024, pero tras pedir una ampliación hasta el 2027, esta recibió el visto bueno del MTC. No obstante, la nueva extensión hasta el 2031, deberá ser una decisión netamente del Congreso, pues, el rol técnico del MTC se agotó con la opinión favorable para el periodo actual. Cualquier ampliación posterior requiere de una ley expresa.

De hecho, cuando se le pidió comentarios sobre este proyecto al ministerio, el 03 de marzo de este año, recordó que ya había dado luz verde para que se amplíe hasta 2027 y que nuevas extensiones recaen en el Congreso.

En tanto, esta norma ha sido objeto de críticas desde su origen. En el 2021, el Ejecutivo presentó una demanda de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional, frente al impacto de los taxis colectivos en el ordenamiento del transporte urbano.

Roberto Vélez, gerente general de A Movernos, dijo a El Comercio que el dictamen en mención ahora pasará a Pleno, donde de ser aprobado, significaría que los autos colectivos puedan prácticamente transitar libremente sin ser fiscalizados hasta el 2031, lo cual calificó como un “desacierto absoluto”. Indicó que su asociación no está de acuerdo con esta medida ya que consideran que el resultado será involucionar el transporte con pequeñas unidades.

“Estos vehículos ni siquiera pasan por revisión técnica y tampoco son fiscalizados. No solo hacen daño al medio ambiente, sino también a los mismos peatones pues son protagonistas de accidentes. Es una medida demagógica, con criterio político, que va en contra de todo principio técnico", señaló.

En tanto, Adrián Revilla, presidente de la asociación Cruzada Vial, consideró la medida tomada por la Comisión de Transporte del Congreso como “un absurdo”, pues lo que se debe buscar es promover la macro movilidad, en ómnibus por ejemplo, y en vehículos adaptados con medidas de seguridad, choferes debidamente preparados.

“Tiene que haber una política integra, nacional, del Ministerio de Transportes, para avanzar hacia un buen sistema de transporte público. No podemos pretender avanzar con parches”, manifestó.

Revilla agregó que muchos autos colectivos hacen “trampa”, llevando el servicio de transporte por donde no está permitido. Asimismo, la persona que quiere llegar temprano a su destino aborda estos vehículos sin medir los riesgos y las consecuencias.

“Está tomando un vehículo conducido por una persona que no tiene ni habilidad de manejo ni las capacidades requeridas. El vehículo tampoco presta la debida seguridad. O sea, el irrespeto que tenemos por las personas en el Perú que tienen que movilizarse en transporte público es muy grave“, destacó.

Por otro lado, Alfonso Florez, gerente general de Fundación Transitemos, detalló que estos tipos de vehículos, como lo son los taxis colectivos, no cuentan con GPS ni rutas definidas. Indicó que supuestamente se trató de regularlo para que puedan brindar un servicio en rutas no atendidas o con insuficiente atención en el ámbito intrarregional, con una limitación en kilómetros. Sin embargo, precisó que no respetan lo establecido.

“Vemos cómo le sacan la vuelta al tema tramitando licencias en cada departamento, con lo cual pueden hacer un viaje de Lima a Tumbes cambiando de licencia por cada región. Se previó que esto iba a pasar. No cumplen con la norma de velocidad que está reglamentada, van a exceso de velocidad y nadie los fiscaliza porque no tienen GPS", explicó.

Para Revilla, debe de haber un fuerte interés de por medio para que ciertos congresistas estén “desesperados” en pretender ampliar la vigencia de la formalización de autos colectivos aun a dos años de que se venza. “Pretender ampliarlo sin ningún criterio responde a intereses que están detrás simplemente”, dijo.

Antes de pensar en prorrogar el plazo de una norma, son saber realmente si se requiere o no, hay que ver y analizar qué es lo que se ha logrado hasta ahora con la ley, si se ha conseguido mejorar el servicio, si ha sido útil, si ha servido de algo, si funciona o no.

Por otro lado, Vélez resaltó que “justamente” esta medida se aprueba en un momento próximo a las elecciones y teniendo a muchos de los congresistas que van a la reelección. Sostuvo que definitivamente hay intereses en juego. “Hay que tener en cuenta que los colectivos informales no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, hay muchos intereses que corre diariamente en este negocio“, dijo.

Por ello, Vélez espera es que el Pleno del Congreso no termine por aprobar esta medida y muchos menos que obtenga el respaldo del Ejecutivo. “Tiene que que primar el criterio técnico y tenemos que ir hacia una formalización, a una evolución del sistema de transporte", sentenció.

En tanto, Florez subrayó que desde Transitemos se muestran en contra de esta medida, pues afirmó que han pasado varios años y no se demuestra ningún beneficio del servicio de transporte en taxi colectivo. Por ello, opinó que la prórroga se da simplemente por “intereses políticos”.

“Están cosechando votos de un sector de la población que de forma ilegal trabaja brindando servicio de transporte en condiciones deplorables. Entonces, no estamos de acuerdo con esto. Claramente se ve una vez más cómo en el Congreso, ahora que estamos en etapa electoral, están en una carrera por cosechar votos con propuestas totalmente antitécnicas, inseguras y sin ningún valor”, puntualizó.