(Foto: El Comercio)
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Redacción EC

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al aumento en los pasajes del que se hará efectivo desde el miércoles 7 de noviembre. La tarifa pasará de S/ 2.50 a S/ 2.85 para las rutas troncales y de S/0.50 a S/0.55 en los alimentadores.

A través de un comunicado, denunció que existen graves irregularidades que ocurren desde el año 2010 entre la Municipalidad de Lima y las cuatro empresas concesionarias de buses (Perú Masivo, Lima Bus, Lima Vías Express y Transvial Lima). Estas facilitan la aplicación unilateral de incrementos arbitrarios de la tarifa en perjuicio de los usuarios, señalaron. El servicio empezó a funcionar el 28 de julio del 2010, durante la segunda gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio, luego de cuatro años de construcción.

“Mediante adendas se ha suprimido la posibilidad de sancionar a las concesionarias por establecer un pasaje que exceda el precio máximo de las fórmulas contractuales. Anteriormente, la penalidad era de 20 UIT (S/ 83 000) hasta un máximo de 30 días a cada concesionario”, indicaron.

Por ello, en el año 2014, pese a las protestas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las concesionarias aumentaron el pasaje de S/ 2.00 a S/ 2.50 y “aunque se anunciaron denuncias penales y procesos arbitrales en contra de la empresa, a la fecha no hay ningún resultado a favor de los usuarios”.

La Defensoría también considera otra grave deficiencia contractual que la municipalidad y las empresas hayan postergado la fecha de inicio de la concesión de manera indefinida. Como se recuerda, el servicio se encuentra en etapa de pre-operación desde el año 2010 y para empezar con la fase de operación se requiere la entrega de la totalidad de las obras de infraestructura programada por parte de la municipalidad, como la ampliación hasta Carabayllo.

“Durante ocho años las empresas se han beneficiado de cambios en el contrato que perjudican a los usuarios y al Estado", sostiene la Defensoría.

SOLO SANCIONES EDUCATIVAS
La entidad encargada de defender y promover los derechos de los ciudadanos recordó, además, que la municipalidad solo puede imponer sanciones con fines meramente educativos ante la mala operación de los buses.

Por ello, califican de “inaceptable” que la propia municipalidad haya aceptado suspender la aplicación de sanciones por incumplimientos y anular la posibilidad de imponer sanciones por el cobro de un pasaje irregular.

Como se recuerda, la Contraloría General de la República ha señalado que el aumento de pasajes no se ajusta a los contratos firmados entre los consorcios y la comuna en el año 2008, durante la segunda gestión de Luis Castañeda Lossio. 

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