El alcalde Muñoz, junto a tres funcionarias, anunció que acudirá a tribunales internacionales para lograr la nulidad del contrato en Línea Amarilla. Según dijo, el proceso podría durar hasta dos años. (Alessandro Currarino)
El alcalde Muñoz, junto a tres funcionarias, anunció que acudirá a tribunales internacionales para lograr la nulidad del contrato en Línea Amarilla. Según dijo, el proceso podría durar hasta dos años. (Alessandro Currarino)
Fernando Alayo Orbegozo

Periodista de la sección Nacional

fernando.alayo@comercio.com.pe

El alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, anunció ayer que solicitará la nulidad del contrato con (Línea Amarilla), debido a que la no logró un consenso con la firma francesa Vinci, a cargo de la concesión, en la renegociación de la tarifa de los peajes en esa ruta.

Esta medida es uno de los resultados del proceso de evaluación conjunta que, desde hace 45 días, inició la comuna limeña con los concesionarios que suscribieron los contratos para la construcción, operación y mantenimiento de la vía conocida como Línea Amarilla, así como de Rutas de Lima.


“Evidencias públicas ya irrebatibles para la justicia confirmaban que estos contratos suscritos con las dos anteriores empresas, y las dos anteriores gestiones municipales [de Villarán y Castañeda], estaban desequilibrados o manchados por la corrupción”, dijo el alcalde.

—El Caso Lamsac—
En el caso de Línea Amarilla, el contrato de concesión abarca 25 km de un solo eje vial, que tiene 11 peajes. La tarifa es de S/5,70; aunque –en una entrevista reciente con El Comercio– Muñoz dijo que el precio justo que negociaba el municipio metropolitano era de S/4,40.
La firma Vinci –que asumió la concesión en el 2016 tras comprársela a Invepar, que la recibió de manos de OAS en el 2012– había sostenido a este Diario que el precio actual era “el equilibrio del contrato”.

Sin embargo, explicó ayer el alcalde, la concesionaria francesa –que “negó siempre la posibilidad de ajustar la tarifa”– le propuso el martes último una reducción de 20 céntimos en la tarifa de los peajes; lo que consideraron “sinceramente una burla para los ciudadanos de Lima”.

Ante tal situación, Muñoz dijo que solicitará la nulidad del contrato con Lamsac “ante los tribunales internacionales”, en un proceso que duraría hasta dos años. Tras ello, agregó, “la ciudad recuperará el manejo total de Línea Amarilla y de sus 11 peajes”, es decir, la administración de la ruta retornará a la comuna una vez que se resuelva el arbitraje.

La tarifa actual de Lamsac es de S/5,70; Lima pedía que fuera S/4,40. (Alessandro Currarino)
La tarifa actual de Lamsac es de S/5,70; Lima pedía que fuera S/4,40. (Alessandro Currarino)

También calculó que la salida del contrato costará a la comuna unos S/1.520 millones. No precisó cuál es la causa por la cual solicitará la nulidad, aunque mencionó que dispuso solicitar a la procuraduría ad hoc que, a través de la fiscalía, “se impulsen las respectivas medidas cautelares ante la evidencia de actos de corrupción”.

En esa línea, su gestión ha solicitado al procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, que declare como testigo del municipio en el arbitraje internacional que sostendrá con Lamsac.

—El Caso Rutas de Lima—
Con Rutas de Lima, que gestiona 115 kilómetros de vías en tres ejes viales de la ciudad, el municipio capitalino logró cinco acuerdos.

Primero, anunció Muñoz, Rutas de Lima firmará una cláusula anticorrupción por la cual, si se comprueba algún acto de corrupción desde la fecha, la concesión pasará de inmediato a manos de la comuna sin compensación alguna. Segundo, se congelarán las tarifas de los siete peajes de la concesión (hoy en S/5,50) hasta que Rutas de Lima culmine todas las obras viales pendientes (según la comuna, han avanzado menos del 50%).

Tercero, el concesionario se comprometió a entregar, en un plazo no mayor de 12 meses, los estudios de vías alternas libres de peaje en Puente Piedra; así como el rediseño de la tercera etapa de la carretera Ramiro Prialé (para que no afecte la central hidroeléctrica de Huampaní y el Colegio Mayor, en Chaclacayo).

Residentes de las jurisdicciones de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa se encuentran en el  puente peatonal "Los Sauces" en la Panamericana Norte. (Foto: Referencial/GEC)
Residentes de las jurisdicciones de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa se encuentran en el puente peatonal "Los Sauces" en la Panamericana Norte. (Foto: Referencial/GEC)

Cuarto, Rutas de Lima deberá entregar las obras “conforme vayan avanzando, inclusive parcialmente”; y quinto, “asumirá el riesgo y costo de estos compromisos para equilibrar este contrato a favor de los ciudadanos”.

Estos acuerdos, dijo el alcalde, serán plasmados en una adenda del contrato que deberá contar con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas y la contraloría.

—Reacción—
El presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y actual alcalde de La Molina, Vladimir Paz de la Barra, no respaldó la decisión de Muñoz y el municipio limeño porque “medias tintas no requieren Lima ni el Perú”. Planteó la reconfiguración del directorio de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), donde estén representadas las cuatro mancomunidades de la capital.

—Respuesta de Vinci—
Inversiones
En un comunicado, Vinci se pronunció sobre la decisión del municipio de Lima: “Lamentamos un anuncio que desconoce nuestra conducta intachable y el valor de nuestras inversiones en beneficio de los limeños [suman S/3.200 millones]”.
Sin corrupción
Explicó que “condena todo tipo de corrupción” y que “nunca tuvo relación con empresas involucradas en acusaciones” por estos actos, como OAS. Por ello, dijo, el anuncio de la comuna “no es razonable”.
Propuestas a Lima
Vinci precisó las propuestas que hizo al municipio como muestra de “buena fe”: suscripción de una cláusula anticorrupción; paquete de nuevas obras “para mejorar la fluidez de nuestras vías”; reducción de la tarifa del peaje a S/5,50, “mientras duran los arbitrajes en curso”.
Contrato vigente
La firma concluyó que defenderá “enérgicamente” el respeto al marco legal y que su contrato sigue vigente.