Lima amplía permiso de todas las empresas de transporte, incluso las más infractoras

Juan Pablo León
Rodrigo Cruz

En esta ciudad, cualquier persona podría formar una empresa de transporte, deberle al estado millones de soles por infracciones, causar accidentes, tener una flota pirata paralela para evadir responsabilidades, poseer vehículos con órdenes de captura y contratar a choferes con papeletas graves, sin que nadie se lo impida y a frente a los ojos de las autoridades. Aunque parezca surrealista, hay pruebas que lo demuestran.

El último viernes 13 de julio, la gerenta de transporte urbano de la comuna limeña, Elvira Moscoso Cabrera, firmó la resolución 091-2018 que aprueba la ampliación de las autorizaciones para las 339 empresas de transporte público que operan en la capital, las cuales integran a un total de 15.369 unidades entre combis, coasters y buses (sin contar las piratas).

Esta prórroga durará 18 meses, desde el 1 de agosto de este año, es decir, tendrá vigencia hasta diciembre del 2019. Esta medida, que tiene lugar días después del paro de transportistas, haría que los planes de reordenar el caótico transporte público de la ciudad regresen a foja cero y tengan que ser resueltos por la siguiente gestión edil, según aseguran especialistas consultados por este Diario.

La propia municipalidad admite que no se realizó ningún filtro para esta ampliación de la autorización, y que esta medida contempla a todas las empresas en masa.

¿Por qué esto debería preocuparnos? Para contestar la pregunta, apelamos a las cifras que arroja el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Solo las 20 empresas de transporte con más papeletas impagas de Lima le deben al municipio 83,5 millones de soles en infracciones. Con esa cantidad de dinero se podrían construir cuatro puentes mellizos E. Villena Rey (Miraflores), cuyo costo fue de unos 20 millones de soles.

El peor caso es el de la empresa La Nueva Estrella, cuya flota oficial, hasta mayo del 2018, debía un total de 7,9 millones de soles en infracciones y tenía varias unidades con órdenes de captura por multas impagas o haber participado accidentes. Hace solo un mes, tres personas resultaron heridas en un múltiple choque en Jesús María protagonizado por coasters de la empresa La Nueva Estrella con más de 180 mil soles de multas.

La decisión municipal pone en juego la seguridad de pasajeros y peatones. En lo que va este año, 28 unidades de transporte público han ocasionado o participado en un accidente fatal en Lima. Es decir, en uno de ellos han fallecido al menos una persona, de acuerdo a cifras de la Policía de Tránsito. De estos vehículos, los pertenecientes a las empresas de transporte Chama y Urano Tours son las que cuentan con más reincidencia: dos unidades cada uno.

El 2017 cerró con 75 vehículos de transporte público que ocasionaron también la muerte de por lo menos un ciudadano, según estadísticas policiales. De ese total, tres autos pertenecen a la empresa Vipusa, siendo la que más accidentes fatales ocasionó en ese año.

En promedio, entre 1 y 2 personas en Lima mueren por culpa de un accidente de tránsito. Solo el año pasado, fallecieron 539 por esa misma causa y 517 el 2016. De acuerdo a la policía, el 67% de las muertes en las pistas de Lima se debe a la imprudencia de los conductores.

El coronel Franklin Barreto, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), señala que, como policías, su institución tiene la obligación de hacer respetar la decisión que tomó el municipio. Sin embargo, señala que este tipo de acuerdos deben de ser revisados, porque si se mantiene este sistema no se tendrá un sistema de transporte público adecuado.

Desde el gremio de transportistas ADTU tampoco están conformes con la ampliación de lo dispuesto por la Municipalidad de Lima. Pero a diferencia de Barreto, ellos piden que esta renovación sea por 10 años así, dicen, podrían invertir más en sus unidades y poner a todos sus choferes en planilla en vez de renovar cada cierto tiempo con la Municipalidad de Lima.

Por su parte, Alfonso Flórez Mazzini, de la Fundación Transitemos, sostiene que se debe erradicar definitivamente el sistema comisionista-afiliador (con el que funcionan las coasters y combis actualmente) donde no existe ningún vínculo contractual entre el Estado y el operador. En su lugar, pide adoptar el modelo de concesiones (como ocurre con los corredores complementarios) con el que existe un responsable identificable por las acciones de los choferes.

La GTU aclara que esta medida no es una renovación de licencia sino la ampliación de una autorización ya existente. Pero para expertos en material de transporte, es, en la práctica, la renovación del permiso a cerca de 15 mil combis, buses y coasters. Elvira Moscoso también asegura que esta medida no afectará la fiscalización que realizan sus inspectores municipales.

LO QUE DICE LA MUNICIPALIDAD
La gerenta de transporte urbano (GTU) de Lima, Elvira Moscoso,
explicó que la decisión de ampliar el permiso a todas las empresas no
es reciente, sino que se venía trabajando desde hace meses, como
parte de un proyecto integral de reordenamiento del sistema de
transporte. 

“Esto ya se venía evaluando desde el año pasado. Debíamos tener toda una evaluación normativa, técnica y legal de la situación, en favor del proceso de implementación del sistema integrado de transporte. Como tú sabes, este proceso es una transición, para que los corredores se vayan implementando y se vaya dando el retiro de las unidades o empresas, y la modificación, anulación o recorte de las rutas”, dijo.

Pese a que hay empresas que cometen faltas graves al reglamento,
como La Nueva Estrella, que además de tener multas millonarias
carece de paraderos finales, Moscoso indica que cada caso debe
revisarse y se tomarán medidas. 

"No podemos confundir procesos. Si uno actúa sin tener en cuenta el marco legal, habrá demandas. En la norma dice que si hay deuda, tienen que pagarse; y si no se pagan, van a proceso coactivo, y si So, habrá embargos”, añade. Pero la misma municipalidad reconoce que no tiene recursos suficientes (grúas y depósitos) para aplicar los embargos. 

Explicó que esta prórroga no evitará que siga la fiscalización. “El control continuará. Las sanciones que estén en curso seguirán
en pie”.

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