Patrulleros de la Policía Nacional bloquean el paso de la caravana de 'El Rápido' en Comas. (Foto: GEC)
Patrulleros de la Policía Nacional bloquean el paso de la caravana de 'El Rápido' en Comas. (Foto: GEC)

En el marco del convocado para este martes 4 de noviembre, decenas de emprendieron una caravana hacia el Congreso de la República para exigir justicia y seguridad, tras los múltiples asesinatos y extorsiones sufridos por sus trabajadores en los últimos meses.

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Las unidades partieron desde Lima Norte, recorriendo la avenida Trapiche, en , con banderolas, globos negros y pancartas en memoria de sus compañeros fallecidos. En varios de los vehículos se observaban los rostros de los conductores asesinados, víctimas de bandas criminales dedicadas al cobro de cupos.

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“No más muertes”, se leía en una de las pancartas colocadas en los parabrisas de los buses.

Policía detuvo la caravana en plena avenida Universitaria

Cuando los manifestantes llegaron a la intersección de las avenidas Universitaria y 22 de Agosto, un contingente de la (PNP) detuvo el paso de la caravana, lo que generó el malestar de los conductores y cobradores.

Los participantes descendieron de sus unidades para reclamar la intervención, argumentando que su movilización era pacífica y que solo buscaban visibilizar la que afecta a su sector. La situación causó una importante congestión vehicular en la zona, afectando a decenas de unidades que transitaban por la concurrida avenida Universitaria.

Empresas que participan en el paro nacional

El paro convocado este martes cuenta con la participación de diversas empresas de transporte urbano, entre ellas Sol de Oro, Santa Catalina, Urbanito, Etuchisa, Edilberto Ramos, Loritos, Consorcio Vías, El Rápido, Corporación CTI, Transportes Cruz del Centro, Vipusa, La 41, Consorcio Villa, La Zeta, El Cóndor, Huáscar, La 50 y Santa Cruz, entre otras.

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Los gremios sostienen que la medida busca exigir mayor seguridad, denunciar los constantes ataques y extorsiones de bandas criminales, y demandar acciones concretas del Estado para proteger la vida de los transportistas y sus familias.

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