Declarar el transporte en emergencia: un pedido que lleva más de 10 meses sin ser atendido ¿este será el momento?

El último jueves, durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y en el marco del paro convocado por los transportistas de Lima y Callao para pedir medidas contra la inseguridad, la presidenta Dina Boluarte aseguró que evaluaban declarar en estado de emergencia al sistema de transporte público.

Cinco días más tarde, y luego de que el 90% del sector apagara sus motores ante una nueva seguidilla de asesinatos, dirigentes transportistas y la Comisión de Transportes del Congreso acordaron la declaratoria de la medida para agilizar las acciones multisectoriales.

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MIRA: Transportistas y Congreso acuerdan declarar en emergencia el sector de transporte

Sin embargo, una solicitud de este tipo lleva más de 10 meses durmiendo en los buzones de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y del Ministerio del Interior. Sin embargo, esta situación podría cambiar con la llegada de José Jerí al sillón presidencial dado que el pedido llegó precisamente desde el Congreso, poder que el dirigió hasta hace unos días.

El 11 de diciembre de 2024, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la Moción de Orden del Día 14995 en la que solicita al Gobierno declarar en emergencia al sistema de transporte en Lima y Callao por un periodo de 120 días.

Cabe recordar que para entonces ya existía una declaratoria de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao que se venía ampliando desde el 27 de septiembre.

La moción de diciembre -presentada por las bancadas de Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular (FP) y Avanza País en respuesta a una manifestación de transportistas- proponía “crear un equipo especial de la Policía Nacional dedicado exclusivamente a la protección de los operadores y usuarios del transporte público, con un enfoque en la prevención y disuasión de delitos como extorsión, homicidios y sicariato”.

Además, argumentaban que el estado de emergencia permitiría “implementar medidas de seguridad en las unidades de transporte, como cámaras de vigilancia y botones de pánico, y capacitar a los conductores en protocolos de seguridad para proteger a los usuarios”.

Este último punto también fue abordado por Boluarte en una de sus últimas conferencias, donde aseguró que "lamentablemente, cuando hay que hacer todo un proceso para la adquisición de estas cámaras, se ha caído más de una vez esta convocatoria“.

Lo que la mandataria no mencionó, sin embargo, es que la moción congresal fue enviada al entonces presidente del consejo de ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, el mismo 11 de diciembre y desde PCM, a su vez, notificaron por oficio a las secretarías generales tanto del MTC como del Ministerio del Interior el 16 de diciembre sin tener mayor acción al respecto hasta la fecha.

“Si se hubiese hecho entonces se podrían haber destinado recursos para que se combata mejor a la criminalidad, pero se evidencia una falta de ganas de hacer las cosas”, comenta una fuente de El Comercio que prefirió mantener el anonimato.

Esta fuente, conocedora de las carencias del sistema de transporte nacional, señala que en este momento medidas como las cámaras de seguridad o los botones de pánico serían útiles pero no determinantes.

Cabe recordar que en lo que va del 2025 más de 80 choferes han sido asesinados en casos relacionados con la extorsión, mientras que cada día la Policía recibe unas 75 denuncias por este mismo delito según el Sistema de Denuncias Policiales.

“Lo más urgente es el despliegue policial y, sobre todo, que el Gobierno destine recursos para crear unidades especializadas que se dediquen solo a este tipo de crímenes, tanto a detenerlos como a procesarlos”, explicó nuestra fuente.

El Comercio solicitó al MTC y Mininter comentarios al respecto, pero hasta el cierre de este artículo no habíamos recibido respuesta por su parte.

En el segundo día de labores del nuevo gobierno del presidente José Jerí, la sede del Ministerio del Interior (Mininter) fue escenario de la ‘Mesa de trabajo para frenar la violencia extorsiva en el sector transporte’. Durante cuatro horas, el mandatario junto a 32 representantes de las instituciones a cargo de la seguridad ciudadana, el sistema de justicia y el transporte debatieron y llegaron a una serie de compromisos. El Comercio accedió al acta de la reunión.

Las entidades que participaron del encuentro fueron la Dirección Contra el Crimen Organizado (DGCO) —adscrita al Mininter— la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la ATU.

La reunión se llevó a cabo como un seguimiento de dos mesas de trabajo previas entre estas instituciones, que tuvieron lugar el 4 de octubre y el 28 de setiembre.

Tras la reunión, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmaron que no acatarán el paro nacional convocado para este 15 de octubre.

Palomino, por su parte, anunció que el próximo 16 de octubre se llevará a cabo una nueva reunión con el presidente José Jerí, a fin de continuar abordando los temas prioritarios para el sector.

Una luz de esperanza, según indicaron los transportistas se dio este lunes cuando el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP),Óscar Arriola, precisó que en un plazo no menor de 15 días se creará una división de investigación de extorsiones, cuya estructura orgánica contará con un departamento especializado en investigar extorsiones a los transportistas.

Arriola añadió que el trabajo proactivo entre instituciones como el Ministerio Público y Poder Judicial permitirá que en 6 horas se levante el secreto bancario a aquellas cuentas vinculadas a la extorsión

Según dijo, se han designado jueces específicos para atender estas diligencias con celeridad, lo que permitirá una respuesta más eficaz ante organizaciones criminales.