Taxi colectivo: este sería el escenario en Lima ante la posible legalización del servicio informal

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El planteamiento de este escenario se origina tras unas semanas cargadas de lo que serían intentos por frenar la reforma del transporte en la ciudad, acompañado de una crítica al desempeño de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Hace unas semanas, el congresista Segundo Montalvo, de la bancada de Perú Libre, presentó un proyecto de ley (N° 04909/2022-CR) para formalizar el servicio de autos colectivos en Lima Metropolitana y el Callao.

La propuesta busca modificar la Ley N° 31096, norma que precisa los alcances de la Ley N° 28972, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos a nivel nacional, a fin de incluir a Lima y Callao para el desarrollo de este servicio con la debida autorización.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto Supremo propuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el que se incluye la ‘pérdida de la confianza’ como causal para destituir a los miembros del Consejo Directivo de la ATU. El decreto fue anunciado un miércoles por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; publicado la noche jueves en la edición extraordinaria de El Peruano y ejecutado la mañana de un viernes con el retiro de María Jara. En su reemplazo fue designado José Aguilar Reátegui, exdirector general de Transporte Multimodal del MTC.

Jara ha anunciado acciones legales por lo que considera un atentado a la institucionalidad del organismo. “Se ha abierto la puerta para poner a dedo a un funcionario. Ahora la ATU deja de ser autónoma, independiente, técnica y va a ser una dirección más de un ministerio que en los últimos años ha tenido 12 ministros y que está sujeta al vaivén político”, dijo ayer a la prensa.

Estas medidas han despertado la preocupación de distintos frentes, pues sostienen que estas y otras acciones tomadas esta última semana buscarían conseguir finalmente integrar a los autos colectivos en el sistema de transporte formal.

En esa línea, un grupo de expertos detalló cuál sería el escenario en Lima y Callao si se llega a formalizar el servicio de auto colectivo:

De acuerdo a la ATU, actualmente en las calles de Lima y Callao transitan más de 113.000 vehículos de taxis habilitados, entre los que realizan el servicio de taxi independiente, taxi estación y taxi remisse. Asimismo, el organismo indicó que espera culminar el 2023 con más de 14.000 nuevos conductores autorizados.

Sin embargo, por el momento no existe un número estimado de taxis colectivos en la ciudad, más allá de especulaciones. No obstante, los especialistas señalan que, de formalizarse este servicio, sin duda se incrementará “exponencialmente” la cantidad de flota de vehículos colectivos y por consiguiente el caos y el tráfico se apoderarán de las vías (más de lo que sucede hoy).

Para Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, se incrementarían los niveles de congestión y tráfico por el mal uso que habría de las vías. Además, esta decisión incentivaría la aparición de otras formas de ilegales de transporte, como las motos, que asumirían el rol que ahora tienen los autos colectivos.

“La capacidad vial se vería tremendamente saturada y se retardaría aún más el flujo vehicular. Mucha gente que en este momento no tiene mayor ocupación se dedicaría al tema del transporte público, volviéndolo un asunto muy genérico, en vez de que se profesionalice cada vez más. También es probable que aparezcan nuevamente las motos lineales para hacerle competencia a este tipo de transporte y, con el tiempo, buscarían su legalidad. Es una cadena”, dijo Barreto a este Diario.

El experto añadió que a mayor cantidad de colectivos se incrementaría también la cantidad de infracciones y accidentes de tránsito. Un factor a resaltar es que las personas que actualmente se dedican a este tipo de transporte no han sido adecuadamente formadas para el buen uso de la vía pública, es decir, utilizan carriles indebidos, recogen y dejan pasajeros donde sea, se estacionan en cualquier lugar.

“Frente a este escenario, la autoridad competente, llámese policía o municipalidad, no tendría la capacidad operativa para poder fiscalizar adecuadamente. Las calles se volverían tierra de nadie”, señaló.

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Vale decir que Lima estuvo entre las 10 ciudades más lentas para conducir en el 2022, de acuerdo a un estudio sobre el Índice de Tráfico Anual de TomTom. El informe sitúa a la capital del Perú en el puesto 8, siendo la primea ciudad de Latinoamérica en aparecer. Bogotá (Colombia) ocupa el lugar 10.

Alfonso Flores, gerente General de Fundación Transitemos, consideró que el formalizar al servicio de auto colectivo significaría “ponerle una cruz” a la posibilidad de tener un sistema de transporte público ordenado y eficiente. “Sería la defunción. Eso no puede darse, beneficiaría a las mafias de transporte informal. Sería nefasto darle luz verde a la informalidad”, expresó.

En tanto, precisó que siempre se habló de que en Lima había más de 100 mil vehículos informales, pero que no es una cifra oficial o con sustento. “Nunca se ha hecho un empadronamiento o una encuesta para poder saber exactamente cuánta gente se dedica a esto. Hasta ahora todas son estimaciones en base a la percepción, pero no hay ningún estudio”, detalló.

Por su parte, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, comentó que todo escenario en el que se formalice a los taxis colectivos sería “mucho peor” al de ahora, con calles llenas de vehículos y sin el debido respeto a las reglas de tránsito.

“Estos vehículos ocupan mucho espacio en la vía pública y llevan en el mejor de los casos apenas cuatro pasajeros cada uno. De ninguna manera debería aprobarse el servicio de transporte público en vehículos livianos, tiene que ser en buses, como se hace en todo el mundo”, opinó.

Cada día los buses de los corredores complementarios se someten a una competencia desleal contra los autos colectivos en rutas que, de acuerdo al contrato de concesión, deberían ser exclusivas para ellos y no albergar ningún tipo de servicio informal.

De acuerdo a Barreto, las empresas operadores de los corredores, así como otras que están dentro del transporte formal, se verían seriamente perjudicadas, aún más de lo que están ahora, de formalizarse los autos colectivos en Lima y Callao. Un factor importante son las exigencias y pautas que deben cumplir los vehículos formales, algo que el servicio informal no lo hace.

“La actividad informal desalienta a la actividad formal. Recordemos que la actividad formal tiene demasiadas exigencias, controles permanentes, supervisión, pero una actividad ilegal no. Además, así se formalicen los autos colectivos, la autoridad pertinente no tendría un real control de los vehículos”, dijo.

Explicó que, a diferencia de los buses del corredor, los cuales dependiendo de su color y número se sabe la ruta que cubren, los colectivos pueden variar su recorrido y circular por diferentes vías según sea su conveniencia. “Finalmente quedamos a merced de lo que ellos quieran hacer y es por eso que el control se vuelve muy difícil. Esto evidentemente desalienta a la inversión privada porque el que invierte en transporte, el que quiere entrar en una competencia en el transporte formal, se da cuenta que no hay las condiciones necesarias para que yo pueda obtener ganancias”, indicó.

Para Flores, incluso en este momento las empresas formales de transporte ya están cerrando, están quebradas. Al integrar a los colectivos al sistema esa situación se agudizaría aún más, agregó, pues las referidas empresas no verían réditos en sus inversiones.

Consideró que “el transporte se ha convertido en el colchón social del desempleo” desde hace muchas décadas, pues pareciera que la autoridad de transporte ha asumido la responsabilidad de dar trabajo, algo que no le compete.

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“Hay empresas que ya están cerrando, como los corredores. Para que puedan ganar sus paquetes de licitación había un reglamento que estipulaba las condiciones para poder concursar y ganar, entre ellas estaba que el que ponía mayor cantidad de flota nueva, y además eran menos contaminantes, tenían mayor puntaje, Muchos empresarios se endeudaron, compraron flota nueva, a gas vehicular, y justo les agarra la pandemia. En ese tiempo solo operaban con el 30% de su capacidad, mientras que el informal ganaba por encima de la norma”, señaló.

Respecto a esto, Quispe a la fecha no hay ninguna estabilidad económica para las empresas formales de transporte. “Mucho menos lo habrá si este escenario se llega a cumplir”, comentó.

Desde el ámbito de la seguridad ciudadana, Barreto precisó que se incrementarían los delitos que actualmente se cometen a bordo de autos vehículos. Hablamos de robos, secuestros, atropellos, entre otros.

“Hay que tener en cuenta que una gran cantidad de personas, que en este momento se muestran dudosos para acceder a este tipo de ocupación, verían una forma rápida de tener un ingreso más aprovechando el escenario de impunidad con el que se maneja este tipo de delitos. Estos se incrementarían exponencialmente”, dijo.

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Sostuvo que contrario a lo que podría pensarse, que las mafias de cobro de cupos a autos colectivos podrían desaparecer si es que el servicio se formaliza, estas aumentarían debido a un mayor mercado. Comentó que estas organizaciones harían una fuerte inversión económica y competirían entre sí para apoderarse de rutas. “No es que cualquier persona podrá salir a las calles con su vehículo a brindar el servicio”, dijo

“Acá hay organizaciones que tienen intereses. Hay gente que compra vehículos livianos para darlos en alquiler. La delincuencia organizada, que se maneja a través de estas mafias, aprovecha todo lo que sea organización. Por ejemplo, la construcción civil es una actividad formal, pero tenemos mafias que piden cupos. Estas saben a quién y dónde pedir. Si las personas se dedicaran masivamente al auto colectivo, las mafias tendrán el escenario perfecto”, dijo.

Hace poco más de dos años, El Comercio reveló la existencia de mafias de extorsión y cupos de taxis colectivos a lo largo de la avenida Arequipa, donde circula el corredor azul, y cuál era su forma de operar.

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Estas redes utilizaban stickers o algún tipo de adhesivo que eran pegados en la luna u otra parte del auto colectivo a fin de otorgarle una determinada ruta (zona de operaciones) al vehículo y también protección en caso sea intervenido por fiscalizadores de la ATU. Para ello, los conductores debían parar entre 150 a 200 soles mensuales.

La ATU ha referido que actualmente, en las rutas correspondientes a los corredores, siguen operando estas mafias que brindan protección a estos vehículos.