Según una encuesta de Ipsos de marzo del año pasado, el 26% de limeños que habían utilizado un taxi lo hizo a través de una aplicación móvil. El 68% había optado por tomarlo en la calle. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
Según una encuesta de Ipsos de marzo del año pasado, el 26% de limeños que habían utilizado un taxi lo hizo a través de una aplicación móvil. El 68% había optado por tomarlo en la calle. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
Jorge Malpartida Tabuchi

La regulación del servicio de los taxis de aplicación está nuevamente en debate en el Congreso de la República. El último martes, la Comisión de Transportes aprobó por mayoría el dictamen del proyecto de ley que plantea crear un registro nacional de las empresas que cuentan con estas plataformas de intermediación de servicios de transporte. Se está a la espera de que la iniciativa sea colocada en agenda para que pueda debatirse en el pleno.

Según el documento, para iniciar sus actividades comerciales las empresas deberán inscribirse ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Solo se podrán empadronar las personas jurídicas con domicilio fiscal en el país, que tengan RUC y cuya sede tenga licencia de funcionamiento.

Estas tendrán que presentar trimestralmente un registro de los vehículos y conductores habilitados en su aplicación, los cuales deberán cumplir los criterios que se exige para el servicio municipal de taxi. Además, esta información estaría disponible a través de una web que podrá ser consultada por el Ministerio del Interior, Indecopi y las municipalidades.

El parlamentario de Fuerza Popular, Roy Ventura, presidente de la comisión, indica que este marco legal busca regular la plataforma tecnológica de las empresas. “La población estaba expuesta porque había proliferado la informalidad. Además de identificar a quienes dan el servicio, buscamos que las empresas sean consideradas tercero civilmente responsable en caso de accidente o actos delincuenciales”, dice.

#15 empresas 

dan el servicio de taxi de aplicación, según la Dirección de Protección de Datos Personales, del Ministerio de Justicia.

—Cuestionan propuesta—
Óscar Cadena, gerente de Policy de Uber para la región andina, dice que la norma restringiría la oferta de conductores en su aplicación. Según su posición, forzar a que se conviertan en “taxistas” a personas que obtienen ganancias extras a través de Internet es una barrera que desconoce la naturaleza colaborativa de su negocio. Los conductores no forman parte de la nómina de Uber y dan los servicios con autonomía. “[Crear un registro] da un golpe letal a nuevos emprendimientos y a la economía digital”, precisa.

Jorge Romero, gerente general de Cabify Perú, indica que su negocio es la intermediación tecnológica y no el transporte, por lo que hacerlos civilmente responsables y tratarlos como empresas de taxi los limitaría. “El 70% de nuestros conductores dejaría de trabajar porque no cumpliría los requisitos”, dice. Ambos voceros proponen hacer mesas técnicas para lograr un marco regulatorio “más razonable y proporcionado”.

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