“Un error, sin sustento técnico y perjudicial para millones de alumnos”: El análisis de la insostenible medida de clases virtuales del gobierno

El mandatario explicó que la medida se adopta “tras la optimización en el uso de combustibles y la movilidad en la ciudad". “Esto permite garantizar un buen inicio del año escolar programado para este lunes 16 de marzo para todo el país”, agregó.

Jorge Camacho, vocero de la Alianza de Escuelas Privadas del Perú (AEP) —asociación que reúne a 2.000 instituciones educativas privadas de Lima— considera que el retorno de los alumnos a las aulas era una consecuencia lógica.

“Se ha desmoronado la decisión de clases presenciales, porque no había sustento técnico para que los alumnos pierdan clases presenciales y vayan a clases virtuales. Además, era insostenible porque todos los colegios se iban a acoger a la excepción”, declaró a El Comercio.

Para Camacho, la medida de clases virtuales fue “mala y perjudicial para millones de alumnos y familias”. “La educación no puede ser lo primero que pare bajo ninguna circunstancia. No se evaluó técnicamente ni se midió su impacto; por eso me parece bien que hayan dado marcha atrás”, expresó.

En un comunicado, la AEP saludó el anuncio del gobierno del retorno a la presencialidad.

“Como Alianza de Escuelas Privadas del Perú, nos ratificamos en lo siguiente. La educación Básica es una actividad esencial y estratégica y siempre debe ser priorizada. Los cierres de escuela como respuesta a una crisis no deben repetirse. Nuestros niños, niñas y jóvenes deben estar en el centro de cualquier decisión de nuestras autoridades”, se lee.

En el podcast Tenemos que Hablar de El Comercio, Marilú Martens, exministra de Educación, consideró como “un error la decisión” del Ejecutivo.

“Lamentablemente, el sector de la educación es el primero que se sacrifica ante situaciones difíciles; incluso durante la reunión APEC del 2024 se tomó la decisión de clases virtuales para evitar una congestión del tránsito. Es anticonstitucional”, afirmó.

Martens, quien fue titular del Ministerio de Educación (Minedu) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, arguyó que la crisis energética no era justificable para interrumpir las clases presenciales. “No es una crisis sanitaria ni de seguridad, donde los estudiantes pueden tener otros tipos de riesgos”, indicó.

Así también, señaló que muchos colegios no cuentan con las condiciones ni herramientas para brindar la educación virtual. “No se contempló el impacto de esta decisión. Asumir que porque los colegios son privados van a contar con condiciones y propuesta de estrategias remotas y capacidad de recuperar los aprendizajes perdidos es irresponsable”, manifestó.

Ricardo Cuenca, exministro de Educación, consideró que no hubo una argumentación comprensible que explique por qué la crisis energética era impedimento para que los estudiantes de colegios, universidades e institutos puedan asistir a clases presenciales.

“Eso supondría que todos los profesores y estudiantes se mueven en autos particulares o taxis. No hay una racionalidad clara detrás de esta decisión”, agregó.

Así también, Cuenca sostuvo que, luego de la pandemia, las autoridades a cargo del Estado no desarrollaron políticas que puedan incorporar la virtualidad al sistema educativo a través de políticas claras.

“Una vez más, estamos pensando que la virtualidad es una segunda opción en casos de emergencia. No hay ninguna política ni inversión por parte del Estado para la educación virtual. No hay un protocolo ni nada por parte del Estado para que la virtualidad no sea una excepción, sino parte orgánica del sistema educativo”, afirmó.

El abogado constitucionalista Erick Urbina declaró a El Comercio que una resolución viceministerial no era el instrumento jurídico correspondiente para que el Ejecutivo determine clases virtuales en las instituciones educativas.

“No me parece que una resolución viceministerial sea una norma correcta. Debió utilizarse un decreto de urgencia para ello. Pero, como el Congreso no le ha dado facultades legislativas, antes el Ejecutivo tendría que establecer un estado de emergencia en Lima y Callao para poder legislar“, explicó.

Urbina sostuvo que dicha declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao debe hacerse con motivo del desabastecimiento de GNV en Lima, por lo que no aplicaría el estado de excepción actual por inseguridad. “Los estados de emergencia deben tener un tiempo determinado, como una semana, no pueden ser atemporales”, agregó.

En ese sentido, indicó que las instituciones que desean llevar a cabo las clases presenciales podrían interponer una acción de amparo ante el Poder Judicial si son sancionadas. “Es una medida desproporcional e irracional, y no se ha dado con el instrumento legal que corresponde”, sostuvo.

Cuenca afirmó que las escuelas no realizan consumo de GNV. Camacho coincide con este dato y agregó que los colegios tampoco gastan otros combustibles.

“Lo único que gastamos es en electricidad. Desde el Minedu nos han dicho que la electricidad hay que cuidarla, porque el generador de electricidad de Chilca consume gas. Pero si fuese así, realmente no deberían haber mandado a los alumnos a su casa, porque se está duplicando o triplicando el consumo del ciudadano. Mejor es focalizarlo en los colegios, donde hay una sola pantalla y luminarias para todo un salón de 30 chicos”, precisó.

“No hay ningún sustento técnico para decir que las clases impactan en el consumo de combustibles. El único tema sería el consumo del traslado de los alumnos, pero las movilidades son menos del 5% del parque automotor de vehículos particulares”, agregó.