"Vernos en el espejo mexicano", por Jorge Ruiz de Somocurcio

Vernos en el espejo, pero no en el de Kate del Castillo y ‘El Chapo’ Guzmán, sino en el del presidente Enrique Peña Nieto, que este 26 de enero firmó la Reforma Política del Distrito Federal, como se denominaba a la capital azteca, reconociéndola ahora como Ciudad de México, pasando a ser un Estado con todas las competencias después de un proceso legislativo que tomó cuatro años.

El Distrito Federal estaba dividido en 16 delegaciones, que ahora se convertirán en alcaldías con un concejo y la Ciudad de México será conducida por un alcalde elegido y tendrá su propia Constitución Política. La Asamblea Legislativa se convertirá en un Congreso local con facultad para aprobar reformas constitucionales.

El procurador de Justicia y el jefe de policía serán nombrados por el alcalde.
Habrá una sola autoridad de transporte y la ciudad dirigirá los componentes del desarrollo urbano como los servicios básicos, el suelo, la capacidad de expropiar, el medio ambiente, entre otros puntos claves para una metrópoli de casi 20 millones de habitantes.

Los críticos dicen que esta reforma se queda corta frente a las necesidades reales de la Ciudad de México, pues debería involucrar otras poblaciones dentro del valle de México. Probablemente este sea un tema pendiente, pero lo real es que con esta reforma política la ciudad asume otra gobernabilidad.

Mientras tanto, 5 mil km al sur de México, en Lima, los transportistas del Callao, que es territorialmente un apéndice de la capital, amenazan que “irán al paro y tomarán medidas de fuerza si Lima continúa con la reforma del transporte (sic)”. 

Ese es un botón de muestra  del entrampamiento en que se encuentra Lima para gobernarse. Las competencias más importantes están superpuestas con el Gobierno Central.

La administración está fragmentada en 43 distritos, más las provincias del Callao, Huarochirí y Cañete que actúan como aves de rapiña sobre los recursos de la capital.
En el caso de los distritos,  son cacicazgos en los que  el alcalde no tiene la menor intención, con excepciones, de gobernar como una parte de la metrópoli. No hay decisiones de coordinación para recolección de residuos, manejo de cuencas, proyectos comunes, ni  formulación de planes de desarrollo. La Costa Verde es otro botón de muestra.

El desarrollo nacional se ganará o perderá en las ciudades. Y hasta ahora Lima esta perdiendo. Podría movilizar fácilmente los US$50 mil millones que necesita para atender sus déficits con otro estatus jurídico. A las puertas de un nuevo  Congreso, los candidatos por la capital deberán explicarnos en primer lugar cuál será su compromiso con la metrópoli y si seguiremos el ejemplo mexicano.

Ya hubo un antecedente en el 2002 cuando el alcalde Alberto Andrade promovió la declaratoria de régimen especial para Lima, pero fue aprobada con recortes que la desnaturalizaron. El alcalde de Lima hoy tiene la brillante oportunidad de promover una iniciativa legislativa que podría permitirle a Lima ser una de las mejores ciudades del mundo.