Vía Expresa Sur: los escenarios tras medida cautelar que ordena detener la demolición de casas en SJM

La medida cautelar emitida por el juez John Paredes Salas, del Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, ordena suspender provisionalmente la “demolición total o parcial” de las viviendas ubicadas en el asentamiento humano Luis Felipe de las Casas Grieve II y se sustenta en que dichos predios cuentan con “saneamiento físico legal” aprobado por la misma municipalidad Metropolitana desde el año 1994 y partidas registrales vigentes.

El proceso de desalojo de viviendas en el AA.HH Luis Felipe de las Casas Grieve II inició en noviembre pasado como parte de los trabajos de liberación de predios que ejecuta el área de Fiscalización y Control de la MML, a razón de la Ordenanza N°2600 que declaró “en emergencia y de interés metropolitano” la intervención de la Vía Expresa Sur. Dicha gerencia notificó a unas 300 familias del AA.HH Luis Felipe de las Casas Grieve II por haber cometido la infracción “ocupación de áreas viales del Plan Metropolitano” que se sancionaba con la “medida correctiva provisional” de demolición.

Sin embargo, de acuerdo con el juez, dicha correctiva emitida no sería constitucional porque “se realiza sobre un predio que se usa continuamente como vivienda” y tampoco racional debido a que “ninguna demolición de una vivienda o local comercial tendría el carácter de “provisional” (que se hace, se halla o se tiene temporalmente), sino uno de carácter “permanente”.

“Para nada nos encontramos en los supuestos de intervención de una “medida provisional” bajo el contexto del artículo 16 antes citado [cuando “la actividad que se desarrolla o la conducta detectada carezcan de licencia o autorización municipal, contravengan las normas…]. Más aún, si como queda claro las viviendas se encuentran construidas como tal desde hace aproximadamente 30 años, incluso antes de la aprobación del proyecto final de la Vía Expresa Sur”, señala el fallo.

De hecho, el juez observa que, aunque los predios en disputa “serán destinados como espacio público para la construcción de la Vía Expresa Sur, hasta la fecha los mismos no han sido inscritos de forma permanente para ese fin público”.

En respuesta, el alcalde Rafael López Aliaga declaró a El Comercio que demandará penalmente al juez que falló a favor de los vecinos. “La medida cautelar no nos afecta porque son viviendas lejos de la zona de influencia, pero de todas maneras nos vamos a quejar ante la Junta Nacional de Justicia sobre este juez, que además es el liberó a Cerrón. Es el mismo. Mi opinión es que en Perú hay mucha corrupción el Poder Judicial y Fiscalía”, dijo.

La comuna metropolitana confirmó en sus redes sociales que la denuncia realizada por la Procuraduría Municipal fue por el “delito de prevaricado y usurpación de funciones” y exigió la “nulidad de la medida, debido a que este tipo de cautelares, pueden ser dictadas únicamente por la Sala Superior”.

Además, Carlos Peña, gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), aseguró que la medida cautelar no frenaría la ejecución de los trabajos programados y que dichas viviendas no forman parte del trazo. “Algunas personas han malinterpretado la información sobre la propuesta de Graña y Montero, que ya está relacionada con contratos corruptos, y han creído que sus propiedades se encuentran en la ruta de la vía. […] Lo que observamos es que los predios afectados están fuera del trazado, por lo que no se detendrán las obras”, dijo a la prensa tras una actividad en Barranco.

Sin embargo, el 16 de enero, el mismo juzgado declaró infundado el pedido de nulidad presentado por la Procuraduría Pública de la comuna metropolitana. El juez ratificó la competencia del juzgado para resolver el caso, argumentando que la obra no está en ejecución debido a la falta de un expediente técnico.

En su resolución, el juez Paredes Salas aseguró que el proceso no se encuadra en el marco de un amparo relacionado con la “selección o ejecución de obra pública”, que sería competencia de la Sala Constitucional, ya que el proyecto aún no ha iniciado bajo las reglas de contratación pública o de ejecución de obras por administración directa.

Por esta razón, el juzgado confirmó su capacidad para tramitar la demanda que busca procedimientos administrativos anulares sancionadores y medidas de demolición contra predios privados, parques, mercados, colegios y otros espacios afectados por el proyecto.

El fallo menciona declarar infundada la nulidad de todo lo accionado (tanto a nivel principal como cautelar) solicitada por la MML, al no haber encontrado vicios en las actuaciones del juzgado. Asimismo, ratifica la competencia del juzgado para conocer la demanda de amparo presentada en el contexto del proyecto Vía Expresa Sur.

Por otro lado, exhorta a la Procuraduría Pública de la MML a actuar con lealtad, probidad y veracidad, bajo apercibimiento de comunicar posibles incumplimientos a la Procuraduría General del Estado y a los Colegios de Abogados correspondientes.

Lo cierto es que la medida cautelar forma parte de un demanda más amplia por hasta seis delitos que alcanza al alcalde López Aliaga, a los 39 regidores metropolitanos, a la gerente de Fiscalización y Control, Mariella Falla, y otros funcionarios municipales. El 12 de diciembre, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Miraflores inició la investigación preliminar por las “formas agravadas de usurpación, abuso de autoridad, omisión, rebuscamiento o demora de actos funcionales, usurpación de función pública y falsedad ideológica”.

“El proceso penal recién se han iniciado. Hay diligencias que realiza la policía especializada en asuntos sociales. Continuaremos con la defensa en la acción de amparo, hemos ingresado documentos a la Contraloría también”, dijo a este Diario Jorge Luis Guevara Querevalu, abogado de los vecinos. Añadió que aunque la medida cautelar salió a nombre de cinco personas, alcanzaría a 24 predios.

El abogado Renzo Monroy, socio de Monroy & Shima Abogados, explica que la medida cautelar es provisional y secundaria al proceso principal de amparo. “La medida cautelar suspende la demolición momentáneamente, el fondo [si corresponde o no la demolición] se va a ver en el proceso constitucional de amparo. Este proceso verifica si se subsume la demolición dentro de los principios constitucionales y si hubo un debido procedimiento administrativo”, explica a este Diario.

En el caso de la apelación presentada por el municipio, el letrado indicó que se evaluará si el juez John Paredes Salas cometió errores en su razonamiento al ordenar la suspensión temporal. “Su decisión va a ser revisada por los superiores jerárquicos de este juzgado”, precisó.

De acuerdo con la demanda de los vecinos, para el año 1994, cuando ya contaban con reconocimiento legal, sus predios “no se encontraban dentro del proyecto intercambio vial reajustado Prolongación Paseo de la República - Panamericana Sur”, hoy Vía Expresa Sur.

Aron Espinoza, regidor de Podemos Perú, fue uno de los concejales notificados por la apertura de la investigación preliminar en fiscalía. En diálogo con este Diario, cuestionó que el municipio intente avanzar el proyecto sin expediente técnico.

“Hay una tremenda falta de planificación, no hay cosas claras, se hacen las cosas al caballazo sin expediente técnico. Estos son los resultados de la improvisación. Se sabía que había viviendas que se tenían que expropiar, pero en ningún momento se ha llevado el debido proceso que está marcado en la Constitución”, dijo.

Aunque en una informe previo para este Diario, la gerente de Fiscalización confirmó que en algunos casos se tendrá que evaluar el pago por la expropiación después de las demoliciones, el Rafael López Aliaga aseguró que no pagará un sol en expropiaciones. “El área de expropiaciones me porfiaba que había que pagar 600 millones de dólares a terceros, con expedientes técnicos documentados. Pero dije: ‘No puede ser’, contraté a una abogada externa, le dije: ‘Hazme el estudio de títulos’. Regresa a los cuatro meses me dice que hay que pagar cero, es propiedad metropolitana”, dijo en diciembre pasado.

La Vía Expresa Sur será un corredor de 5 kilómetros desde la estación Plaza de Flores del Metropolitano (Barranco) hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro (San Juan de Miraflores). El relanzamiento de la obra por la gestión de López Aliaga contempla la ampliación del Metropolitano con cinco nuevas estaciones.

A diferencia del proyecto planteado hasta el año 2019, la Vía Expresa Sur no contará con peaje. Tampoco será una vía a desnivel. Por lo pronto no hay más detalles sobre las especificaciones de la obra debido a que el expediente técnico aún no está terminado. Se encuentra en elaboración por el Consorcio Vía Expresa, que recibió la buena pro el 6 de enero de 2025. Este documento deberá incluir estudios topográficos, de flujo vehicular, de impacto ambiental, especificaciones técnicas, presupuesto definitivo, entre otros documentos técnicos.

La convocatoria se realizó a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad con la que en junio pasado la MML firmó un convenido para que asuma la administración de recursos para la adjudicación de la obra. El proyecto total tiene un costo de inversión de más de 816 millones de soles.

Por otro lado, la convocatoria para la supervisión del expediente técnico fue declarado desierto. El cronograma actualizado indica que el 6 de febrero se daría la buena pro para dicha supervisión.

Dicho cronograma indicaba que para el 6 de enero debía darse la “apertura de propuesta técnica”. Sin embargo, un comunicado emitido ese día por la OIM señala que el proceso para la supervisión ha sido declarado desierto por falta de propuestas. “Se hace de conocimiento a los interesados y público en general que el proceso de selección de la referencia ha sido declarado DESIERTO, debido a que no se presentaron propuestas”, indica.