
El enfrentamiento legal por el catálogo musical de Daddy Yankee sigue generando titulares. Esta vez, el productor Raphy Pina y su compañía World Music Latino (WML) sufrieron un revés luego de que el juez Ismael Álvarez Burgos, del Tribunal de Carolina, declarara “no ha lugar” la moción de reconsideración presentada por ellos para participar formalmente en la demanda de $250 millones radicada por el artista urbano.
Según el documento judicial fechado este lunes, el juez ratificó su decisión anterior del 16 de junio, cuando negó la solicitud de intervención de Pina y WML en el caso que Daddy Yankee entabló contra su exesposa, Mireddys González, y su excuñada, Ayeicha González Castellanos. La demanda alega violación de deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios.

Pese a no estar formalmente demandado, Raphy Pina buscaba intervenir en el pleito para, según sus abogados, defender su reputación ante las alegaciones hechas por el cantante. Pina calificó como “falsos” los señalamientos en su contra, asegurando que fueron incluidos con fines mediáticos y no legales.
Daddy Yankee sostiene que su exesposa y excuñada otorgaron a Pina un “poder absoluto” para negociar la venta del catálogo, y que incluso autorizaron pagos por $27 millones en supuestos gastos, sin auditorías ni respaldo contable claro.
Además, en la demanda se alega que Pina, aun estando en prisión federal, habría cobrado un 30% de comisión de las ganancias generadas durante la gira “La Última Vuelta”, sin haber participado activamente en su organización.
Los abogados de El Cartel Records y Los Cangris, corporaciones del artista, rechazaron la intervención de Pina. Argumentaron que este busca “limpiar su imagen” a costa del proceso judicial y que su participación entorpecería el caso. Cuestionaron además la validez de su testimonio, recordando que Pina es doble convicto federal y actualmente cumple probatoria.

Por su parte, el equipo legal de Daddy Yankee fue claro: ni Pina ni WML son partes indispensables en este pleito. Aseguraron que su ausencia no impide que se pueda resolver la controversia y que su alegada afectación a la reputación no constituye motivo legal suficiente para intervenir.
Con esta decisión judicial, Daddy Yankee suma una victoria más en el complejo proceso legal por el control de su catálogo musical. El caso continúa, y los reflectores siguen sobre las implicaciones financieras y personales de una disputa que podría marcar un precedente en la industria urbana.
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