Tras un fin de semana marcado por protestas en todo el país y un desfile militar bastante celebrado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reactivó su agenda migratoria con una orden directa: intensificar las deportaciones en grandes ciudades gobernadas por demócratas como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. La instrucción dejó claro que su enfoque apunta ahora al corazón urbano y progresista del país, avivando las tensiones en comunidades ya golpeadas por el miedo y la incertidumbre.
Desde que Trump regresó al poder, la administración ha ampliado operaciones del ICE, incluso desplegando a la Guardia Nacional en California para controlar manifestaciones contra las políticas migratorias. En Los Ángeles, por ejemplo, las protestas han sido sofocadas con una fuerza que recuerda épocas de confrontación directa entre el Estado y las comunidades migrantes.
Pero en California, las manos de las agencias estatales están atadas, al menos en teoría. La Ley de Valores del estado, conocida como la ley santuario, prohíbe a la policía local cooperar activamente con ICE en cuestiones migratorias. Pero esta protección tiene límites. Nada impide que el gobierno federal actúe por su cuenta, y eso es precisamente lo que está ocurriendo, dejando a miles de residentes en un limbo legal y emocional.
Las autoridades no dejan de procesar a los inmigrantes ilegales (Foto: ICE)
¿CUÁLES SON LOS CONDADOS QUE COLABORAN CON ICE?
El programa 287(g), que permite la colaboración formal entre ICE y agencias policiales locales, ha resurgido con fuerza. Actualmente, más de 600 agencias en todo el país han firmado acuerdos con el gobierno federal. Florida y Texas encabezan la lista, con el 43% y 14% de los acuerdos respectivamente. Esta red de colaboración permite a oficiales locales, con apenas 40 horas de capacitación en línea, asumir funciones propias de agentes migratorios.
El programa tiene tres modelos operativos: en cárceles, en tareas policiales diarias o mediante oficiales certificados para ejecutar órdenes administrativas. Aunque en sus inicios se enfocaba en personas con antecedentes penales, en la práctica ha sido utilizado para detener a cualquier inmigrante indocumentado, sin importar la gravedad de su situación migratoria. En palabras simples, ha servido como un instrumento de deportación masiva bajo una fachada de legalidad compartida.
Por ejemplo, en el estado de Alabama hay más de diez agencias policiales que trabajan con ICE. Entre ellas están Colbert County Sheriff’s Office, Crenshaw County Sheriff’s Office, Elmore County Sheriff’s Office y Franklin County Sheriff’s Office. Hay una gran cantidad en otros estados como Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Maryland, Michigan, Nevada, Nueva York, Ohio, entre otros. Puedes revisar la lista completa en este enlace.
Oficiales de ICE resguardando las instalaciones del centro de detenciones Delaney Hall, donde 4 indocumentados fugaron (Foto: AFP)
CADA VEZ MÁS ESTADOS SE SUMAN AL PROGRAMA
A pesar de que durante la administración Biden no se firmaron nuevos acuerdos, el regreso de Trump al poder ha cambiado el panorama radicalmente. Un número récord de agencias estatales y locales se han sumado al programa desde enero, reforzando la maquinaria migratoria en zonas donde antes existía resistencia. Esto ha generado temor y desconfianza en comunidades latinas, asiáticas y africanas, que ahora deben pensar dos veces antes de acudir a una estación de policía, incluso si son víctimas de un delito.
Críticos del programa sostienen que 287(g) ha erosionado los lazos entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden. Informes de ProPublica y de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) han documentado casos de discriminación racial, falta de supervisión y ausencia de objetivos de desempeño claros. En algunos lugares, como Carolina del Norte y Arizona, investigaciones del Departamento de Justicia encontraron violaciones sistemáticas a los derechos constitucionales tras la firma de estos acuerdos.
El argumento oficial de que estas acciones fortalecen la seguridad pública se desmorona cuando se contrasta con el miedo generalizado en las calles. Padres que ya no llevan a sus hijos a la escuela, mujeres que evitan denunciar abusos domésticos y pequeños negocios que pierden empleados por temor a ser arrestados. La presencia del ICE, lejos de proteger, ha empezado a paralizar la vida cotidiana de miles de personas que, con o sin documentos, forman parte del tejido social y económico del país.
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Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.
