Una nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump ha vuelto a encender las alarmas en California. La medida, que redefine aspectos clave del proceso electoral federal, fue presentada el pasado 25 de marzo y promete cambios profundos, desde los requisitos para registrarse hasta las reglas para contar los votos por correo. Lo que para algunos es una defensa de la “integridad electoral”, para otros es una amenaza directa a la democracia.
¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES?
Entre los cambios más polémicos está la exigencia de presentar prueba de ciudadanía al momento de registrarse como votante en elecciones federales. Desde ahora, los únicos documentos válidos serán pasaportes estadounidenses, identificaciones oficiales o tarjetas militares. En un estado como California, con una enorme población migrante y una gran diversidad cultural, esta medida podría tener consecuencias significativas en la participación electoral.
Otra disposición controvertida establece que las boletas enviadas por correo solo serán válidas si se reciben antes del cierre de las urnas el día de la elección, eliminando el periodo de gracia de siete días que actualmente rige en California. Para muchos votantes que dependen del sistema de voto por correo —ya sea por razones de salud, trabajo o distancia—, este cambio no es menor: podría traducirse en miles de votos no contados.
Trump emitió una orden ejecutiva que modificará ciertos aspectos importantes en el proceso electoral de Estados Unidos (Foto: AFP)
LAS REACCIONES NO SE HICIERON ESPERAR
Organizaciones civiles, funcionarios estatales y expertos en derecho constitucional han cuestionado tanto la legalidad como la legitimidad de la medida. La secretaria de Estado de Colorado, Jena Griswold, no dudó en calificar la orden como “ilegal”, y acusó al expresidente de “usar al gobierno federal como un arma” para suprimir el voto. “Estados Unidos fue siempre un líder en elecciones libres y justas, y no podemos permitir que Trump borre ese legado”, declaró.
Además del posible daño a la participación electoral, hay un componente de presión económica: los estados que no acaten la orden podrían perder fondos federales. En palabras de críticos, esto representa una táctica coercitiva que desafía el equilibrio de poderes entre la federación y los estados, abriendo un campo minado de batallas judiciales que podrían llegar hasta la Corte Suprema.
Estas medidas provocaron una ola de preocupaciones sobre su legalidad y su potencial efecto en la participación electoral (Foto: AFP)
En California, el senador y exsecretario de Estado Alex Padilla respondió con firmeza. Aseguró que estas medidas “no mejoran la seguridad electoral” y acusó a Trump de actuar sin autoridad ni consulta al Congreso. “Vamos a defender a nuestros votantes. California no se arrodillará ante una política que margina y excluye”, dijo.
Los desafíos legales no tardarán en llegar. Ya se están preparando demandas para frenar la implementación de la orden, mientras funcionarios californianos trabajan para garantizar que los derechos civiles de sus ciudadanos no sean vulnerados. La defensa del voto se convierte así en una nueva línea de batalla entre la Casa Blanca y Sacramento.
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.
