Lo que comenzó como un desacuerdo silencioso ha escalado hasta convertirse en un escándalo de talla nacional. La Universidad de Harvard decidió no acatar una serie de exigencias impuestas por el gobierno de Donald Trump, relacionadas con reformas políticas internas. La reacción desde Washington no tardó en llegar: una drástica congelación de fondos que asciende a millones de dólares ($2.200 millones).
Pero esta historia trasciende el simple conflicto entre una institución educativa y el gobierno federal de turno. En el fondo, se libra una batalla por la autonomía universitaria, por la libertad de pensamiento, y por el derecho de las instituciones académicas a no ceder ante presiones políticas. La respuesta de la administración Trump es dura y marcará un precedente.
¿QUÉ EMPEZÓ TODO ESTE PROBLEMA?
El conflicto comenzó con una carta enviada desde un grupo de trabajo federal a Harvard, en la que se exigían una serie de reformas políticas. Entre ellas, se pedía la eliminación de programas de diversidad, restricciones a las protestas estudiantiles, contratación basada exclusivamente en mérito, cambios en el sistema de admisión y la disminución del poder de los profesores considerados “activistas”. La respuesta de la universidad fue contundente: no aceptarían.
Alan M. Garber, presidente interino de Harvard, dejó claro que “la universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”. Esta negativa fue vista como un desafío directo a la administración de Trump, lo que desató una represalia federal: la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones en contratos, lo que afectó proyectos clave en investigación, salud y tecnología.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
La administración de Trump defendió sus demandas como parte de una iniciativa para “erradicar el antisemitismo en los campus universitarios” y asegurar que el dinero de los contribuyentes “no financie discriminación racial ni violencia ideológica”. Sin embargo, en Harvard se percibe una intención clara de control político sobre las universidades privadas.
Alan M. Garber, presidente interino de la universidad, denunció que las exigencias representaban una “regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales”. Y no está solo en su postura. Profesores, sindicatos y diversas asociaciones académicas se han sumado a la defensa de la institución, argumentando que lo que busca el gobierno es “imponer un pensamiento oficial y restringir la libertad académica”.
HARVARD DEMANDA A TRUMP
La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, junto con docentes de Harvard, presentó una demanda contra la administración de Trump. En su argumentación, sostienen que las acciones del gobierno violan derechos protegidos por la Primera Enmienda y constituyen una amenaza autoritaria sin precedentes.
La demanda también solicita una orden judicial que impida el corte inmediato de fondos, citando ejemplos como el de la Universidad de Columbia, que ya enfrentó recortes por 400 millones de dólares. Además, la carta federal exige a Harvard colaborar completamente con el Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos, lo que podría traducirse en una vigilancia directa sobre los estudiantes internacionales.
Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo multimedia.