Lo que comenzó como una iniciativa para reforzar la seguridad del sistema del Seguro Social en Estados Unidos ha terminado generando más preguntas que respuestas. Desde el pasado lunes, nuevas políticas antifraude entraron en vigor con la promesa de proteger a los beneficiarios, pero han traído consigo una ola de confusión, ansiedad y largas filas en las oficinas locales. El plan, promovido por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), buscaba blindar el proceso contra estafas, pero la ejecución ha sido, para muchos, un auténtico caos.
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO?
La principal medida impone verificaciones más estrictas en todas las solicitudes telefónicas de beneficios, lo que obliga a quienes sean considerados sospechosos de fraude a verificar su identidad en persona. Además, ya no es posible cambiar la cuenta de depósito directo por teléfono, una decisión motivada por el dato alarmante de que casi el 40% de los fraudes se cometen a través de llamadas. Pero estas reformas, que en teoría buscan proteger a los ciudadanos, han encendido las alarmas entre los beneficiarios más vulnerables.
La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos se encarga de la jubilación y otros beneficios como la SSI (Foto: AFP)
Las modificaciones se han implementado con tal rapidez —y han sido corregidas tantas veces en tan pocos días— que incluso los propios empleados del Seguro Social están desorientados. Una política que primero eliminaba las solicitudes telefónicas de jubilación y discapacidad fue corregida una semana después para permitir excepciones.
Luego, a inicios de abril, se revirtió casi por completo: el teléfono sigue siendo una opción válida para todos, salvo en casos donde haya sospechas fundadas de fraude. Y todo esto ocurrió sin que el personal recibiera una capacitación clara y oportuna.
La Seguridad Social ha aumentado la confusión al dar marcha atrás dos veces en una de sus políticas en las últimas semanas (Foto: SSA)
LA FALTA DE CLARIDAD DEJÓ A MUCHOS BENEFICIARIOS A LA DERIVA
Personas como Kevin Jochems, un residente de Colorado con cáncer, corrieron a su oficina local para verificar su identidad por temor a perder sus pagos. Sin éxito, se encontró con un edificio saturado y sin personal disponible para atenderlo. Su testimonio refleja una realidad preocupante: “Incluso perder una prestación mensual me dejaría al borde de la indigencia”.
La historia de Kevin no es la única. Otros ciudadanos, como Matt Koob en Florida, intentaron adelantarse a los cambios para no tener problemas al momento de solicitar beneficios. Pero se toparon con puertas cerradas, trámites enredados y un sistema telefónico colapsado. Koob lo resumió con ironía: “Nos dicen que vayamos en persona, pero luego no nos dejan entrar”. Esta desconexión entre lo que se exige y lo que realmente se puede hacer ha encendido el debate sobre la accesibilidad del sistema.
En medio de la confusión, la Administración del Seguro Social ha tratado de tranquilizar al público a través de publicaciones en redes como X, asegurando que el teléfono seguirá siendo una vía válida para los trámites y que solo alrededor de 70,000 de los 4,5 millones de solicitudes serán revisadas por posible fraude. No obstante, el daño ya estaba hecho: el miedo al cambio, amplificado por la desinformación, movilizó a miles de personas que dependen de cada centavo del gobierno.
Organizaciones como AARP salieron al frente para defender a los mayores, celebrando el último giro en la política como una pequeña victoria. “Garantizar el acceso telefónico es vital para quienes no pueden desplazarse o no dominan las herramientas digitales”, señaló Nancy LeaMond, vicepresidenta ejecutiva de la organización. Su declaración refleja una preocupación general: que la transformación digital del sistema no se traduzca en exclusión.
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.
