:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/a227dadf-37de-4947-b5a5-ef2a6e797a82.jpg "Foto de Enzo Mori")
El viaje de los Hernández García hacia el hospital de Houston era uno que ya conocían bien. Durante el último año, habían recorrido ese trayecto en varias ocasiones para que su hija de 10 años, Sara, pudiera recibir el tratamiento médico que necesitaba tras una complicada cirugía por un tumor cerebral. Pero el 4 de febrero, ese viaje familiar tomó un giro inesperado y desgarrador que terminó con la deportación de toda la familia —menos el hijo mayor, Fernando— y dejó sus vidas sumidas en la incertidumbre.
¿CÓMO SUCEDIÓ LA DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN?
Un informe de BBC News Mundo reveló que todo comenzó cuando Sara se despertó en medio de la noche con mareos y un agudo dolor. Sus padres, María y Juan, decidieron llevarla de inmediato al hospital en Houston. Antes de salir, se aseguraron de llevar las cartas firmadas por médicos y abogados que justificaban el desplazamiento y que en cinco ocasiones anteriores les habían permitido pasar sin problemas por el puesto de control de la Patrulla Fronteriza en Sarita, Texas.
Sin embargo, esta vez los agentes no aceptaron la documentación y retuvieron a la familia durante 24 horas en un centro de detención migratorio. Lo que ocurrió después marcaría el destino de los Hernández García para siempre. Los padres, que llevaban más de una década viviendo en Texas, eran indocumentados.
Los agentes de inmigración les dieron dos opciones imposibles: que sus hijos —todos ciudadanos estadounidenses por nacimiento— fueran colocados bajo custodia del Estado, con el riesgo de no volver a verlos jamás, o que todos fueran deportados juntos a México. La familia eligió mantenerse unida y fue expulsada de Estados Unidos. Su hijo mayor, Fernando, de 17 años, no estaba con ellos ese día y permanece en Estados Unidos, separado de sus padres y hermanos.
La niña y su familia fueron deportados de Texas (Foto: Cortesía Texas Civil Rights Project)
¿CUÁL ES LA VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES?
La versión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) es diferente. Según la agencia, los Hernández García fueron expulsados por ignorar órdenes previas de deportación acelerada. Pero la organización Texas Civil Rights Project —que ahora brinda asesoría legal gratuita a la familia— considera que el proceso fue irregular desde el principio.
Rochelle Garza, presidenta de la organización, afirma que la familia debería haber tenido la oportunidad de presentar su caso ante un juez de inmigración antes de ser expulsada. La ley de deportación acelerada se había expandido recientemente, pero los Hernández García, con más de diez años viviendo en Texas, no calificaban para ese procedimiento.
El trato recibido durante su detención también ha sido objeto de denuncias. Según el testimonio de María, fueron separados por sexos, sometidos a registros invasivos y tratados de manera degradante, incluso con insultos racistas. Intentaron confiscar los medicamentos de Sara y el monitor cardíaco de su hermano de 15 años, que sufre una afección coronaria.
La familia ha presentado una queja formal por violación de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La CBP, por su parte, ha negado estas acusaciones, afirmando que cumple con estándares legales y humanitarios estrictos.
La familia iba de su casa en Río Grande City a Houston por una emergencia médica cuando los detuvieron (Foto: Cortesía de Texas Civil Rights Project)
LA TRISTEZA DE LA FAMILIA DEPORTADA
María y Juan construyeron su vida en Texas durante más de una década, trabajando duro para criar a sus hijos y sacarlos adelante. “Nosotros construimos nuestra vida en Texas. Nuestros hijos nacieron y crecieron en Estados Unidos”, dijo María en un video grabado desde México. La comunidad local también mostró su apoyo a la familia cuando Sara fue diagnosticada con un tumor cerebral. Los vecinos organizaron una colecta para ayudar a pagar la cirugía. Pero todo ese esfuerzo y conexión con la comunidad no fue suficiente para evitar la deportación.
El caso de los Hernández García ilustra una realidad que muchas familias inmigrantes enfrentan en Estados Unidos, especialmente desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero. La política de deportación acelerada ha sido ampliada para aplicarse en todo el país y a inmigrantes que no puedan probar que llevan más de dos años en Estados Unidos. Según abogados de inmigración, las autoridades a menudo presionan a las personas detenidas para que firmen acuerdos de deportación, diciéndoles que de lo contrario podrían pasar meses o años detenidos.
La historia de los Hernández García recuerda las devastadoras separaciones familiares ocurridas durante la primera administración de Trump, cuando más de 4,600 niños fueron separados de sus padres en la frontera bajo la política de “tolerancia cero”. Aunque esa política fue suspendida en 2018 tras una ola de críticas, muchas familias aún no han sido reunificadas y aproximadamente el 30% de los niños separados siguen en paradero desconocido. Ahora, con Trump nuevamente en el poder, las tácticas de deportación masiva y separación familiar parecen estar resurgiendo.
*Los nombres son ficticios y fueron elegidos por los protagonistas para proteger su identidad.
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.
