El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una serie de leyes de inmigración que marca un giro drástico en el enfoque del estado hacia este tema. Históricamente conocido como un refugio para inmigrantes, Florida se posiciona ahora como líder entre los estados conservadores que implementan restricciones de inmigración alineadas con la agenda de deportación a gran escala del presidente Donald Trump.
Este movimiento no solo reafirma el compromiso de DeSantis con una política de línea dura, sino que también prepara el terreno para posibles batallas legales en los tribunales. Los partidarios argumentan que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad y los recursos del estado; mientras que los críticos ven en ellas un alejamiento de la tradición de inclusión y apertura que ha definido a Florida durante décadas
LA LEY QUE IMPONE LA PENA DE MUERTE
Una de las disposiciones más polémicas de este paquete legislativo es la imposición de la pena de muerte para inmigrantes sin autorización que sean condenados por delitos como asesinato premeditado o violación de menores.
Esta medida va más allá de las órdenes ejecutivas emitidas durante la administración Trump, generando una ola de críticas por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones civiles que cuestionan su constitucionalidad. Se espera que esta disposición enfrente desafíos legales significativos en los próximos meses.
El senador republicano Joe Gruters, uno de los principales impulsores de las nuevas leyes, afirmó que esta legislación representa una victoria para el presidente. Pero las relaciones entre los partidarios de Trump y DeSantis podrían seguir siendo tensas, especialmente después de que DeSantis calificara versiones anteriores de los proyectos de ley como “débiles” y una “traición” a los votantes. A pesar de haber firmado un paquete negociado, los resentimientos persisten, lo que sugiere que las repercusiones políticas podrían durar más allá del ciclo legislativo actual.
El aspecto más controvertido de la legislación —la pena de muerte para inmigrantes que cometan delitos capitales— ya ha sido señalado como inconstitucional por varios expertos legales y defensores de derechos humanos, citando precedentes de la Corte Suprema. Además, el paquete endurece las penas para todos los delitos cometidos por inmigrantes sin autorización y crea un nuevo delito por ingresar a Florida tras haber llegado ilegalmente a EE.UU. Se espera que estas disposiciones sean impugnadas en tribunales federales, lo que podría retrasar su implementación.
INVERSIÓN MILLONARIA EN SEGURIDAD
Para respaldar estas medidas, Florida ha destinado 298 millones de dólares. Este presupuesto incluye la contratación de más de 50 nuevos agentes especializados en inmigración, subsidios para equipos y capacitación para agencias locales, bonificaciones para oficiales que colaboren en operaciones federales y reembolsos por alquiler de instalaciones de detención.
Esta inversión demuestra el compromiso del estado con una aplicación estricta de las nuevas leyes, lo que podría llevar a un incremento en las deportaciones y detenciones en los próximos años.
Las nuevas leyes también incluyen la eliminación de una disposición que permitía a estudiantes indocumentados acceder a matrículas estatales en universidades públicas, un cambio que afectará significativamente a miles de jóvenes inmigrantes.
Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.