La ciudad de Jacksonville, en el estado soleado de Florida, se ha convertido en el centro de una tormenta política y social al aprobar la Ley de Aplicación de la Inmigración Ilegal, también conocida como ordenanza municipal N° 2025-0147. Con 12 votos a favor y 5 en contra en el Consejo Municipal, esta normativa no solo marca un precedente a nivel nacional, sino que también ha despertado un intenso debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos civiles.
UNA MEDIDA QUE SIGUE LA LÍNEA DE DONALD TRUMP
Nick Howland, miembro del Consejo Municipal, no se anduvo con rodeos: “Somos la primera ciudad del país que promulga este tipo de bill”, dijo a Fox News Digital. “Estamos con nuestro presidente, con nuestro gobernador, con nuestra legislatura estatal para asegurar nuestras fronteras, para invertir la ola Biden de inmigración ilegal y para mantener seguras nuestras calles y nuestros barrios”, agregó.
El corazón de la ley late en dos frentes: por un lado, convierte en delito local la entrada o residencia de personas sin estatus legal; por otro, dota a la policía local de herramientas adicionales para identificar a estos individuos. Uno de los pilares técnicos de la norma es la compra de 25 escáneres móviles de huellas dactilares, financiados con US$76,000 del presupuesto local, que permitirán operar con mayor eficacia a las unidades de patrullaje en todo el condado de Duval.
Jacksonville abarca más de 800 millas cuadradas (Foto: EFE)
Las penas establecidas son claras: 30 días de cárcel para infractores primerizos y hasta 60 días para reincidentes. Según Howland, estas sanciones no son solo castigos, sino una forma de “dar más tiempo” a las autoridades locales para coordinar posibles deportaciones con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), incrementando la eficacia de los procesos migratorios a nivel local.
En 2024, Jacksonville detuvo a 602 inmigrantes indocumentados; solo 334 fueron remitidos al ICE para su deportación. De estos, varios enfrentaban cargos por delitos como agresión, conducción bajo influencia, e incluso asesinato y agresión sexual. Para Howland, esos números justifican plenamente la ley: “Se trata de mantener fuera de las calles a personas que, de otro modo, pondrían en peligro a nuestra comunidad”.
Dos agentes ICE llevando a un detenido luego de un operativo (Foto: ICE)
/ NO TODOS COMPARTEN ESTA IDEA
La alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, fue una de las voces más críticas. A pesar de respaldar la compra de los escáneres, consideró que la ley va más allá de lo necesario y se adentra en un terreno “hiriente y performativo”. Para Deegan, la legislación ya vigente a nivel estatal es más severa y suficiente. “No hay nada en este bill que no exija ya la ley federal o estatal”, dijo en conferencia de prensa.
Además, recordó que Jacksonville tiene desde 2008 un acuerdo activo con el ICE y que, desde 2019, las ciudades santuario están prohibidas en Florida. Para ella, la nueva ordenanza no solo es redundante, sino que también coloca a los gobiernos locales en un rol que corresponde únicamente al ámbito federal, lo que podría derivar en disputas legales y constitucionales.
Por su lado, el sheriff de Jacksonville, T.K. Waters, respaldó la ley desde otra perspectiva: la operativa. Según él, su departamento ha visto las consecuencias directas de las políticas migratorias fallidas y esta nueva legislación representa una herramienta valiosa para mantener la seguridad de los ciudadanos. “Enviamos un mensaje claro: Jacksonville no será un santuario para los delincuentes que entran ilegalmente en nuestro país”, indicó a Fox News Digital.
