Para millones de adultos mayores y personas con discapacidad en Estados Unidos, el Seguro Social no es solo un ingreso: es su tabla de salvación. Cada cheque mensual marca la diferencia entre tener un techo seguro o enfrentar la incertidumbre. Sin embargo, a partir del jueves 24 de julio, esta estabilidad podría tambalearse para más de un millón de beneficiarios que verán reducido su pago hasta en un 50%, producto de una medida que busca recuperar pagos indebidos.
¿POR QUÉ EL SEGURO SOCIAL TOMÓ ESTA DECISIÓN?
La Administración del Seguro Social (SSA) ha iniciado esta política con base en una notificación oficial emitida el 25 de abril, otorgando 90 días de plazo a los afectados para responder. La medida está enfocada en ajustar lo que el gobierno considera sobrepagos: montos entregados por error, ya sea por fallas administrativas o por datos desactualizados de los beneficiarios. Aunque suene justo en papel, en la práctica puede convertirse en una carga descomunal para quienes dependen casi exclusivamente de este ingreso.
Los beneficiarios del Seguro Social deben estar informados si sus pagos pronto les serán embargados para que puedan evitarlo (Foto: Freepik)
Los más afectados serán jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes que, según la SSA, han recibido más dinero del que les correspondía legalmente. Pero, ¿cuál es la raíz del problema? En la mayoría de los casos, no es mala fe del beneficiario. Errores en los cálculos, omisiones en reportes internos y fallas humanas dentro de la administración han sido los verdaderos culpables. Pese a ello, las consecuencias recaen en los hombros más débiles.
Al cierre del año fiscal 2023, se estimaba que cerca de 2 millones de personas adeudaban un total de 23 mil millones de dólares al Seguro Social. Para reducir esta abrumadora cifra, la administración de Donald Trump reactivó políticas de recobro agresivo, entre ellas el embargo del 50% del cheque mensual, reemplazando el 10% que se mantenía durante la gestión de Joe Biden. Aunque el plan original incluía embargar el 100%, la presión ciudadana logró frenar ese extremo.
La SSA maneja el programa nacional de seguro social compuesto por los programas de seguro de retiro, sobrevivientes y por discapacidad (Foto: AFP)
El problema se agudiza para familias de bajos ingresos y comunidades latinas, que son particularmente vulnerables a estos recortes. Para muchos, perder la mitad de su pago mensual significa tener que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicinas. Y como si no fuera suficiente, otros 450,000 jubilados enfrentan recortes adicionales del 15% por deudas impagas de préstamos estudiantiles, otra medida heredada de la era Trump.
¿CÓMO PUEDO EVITAR EL EMBARGO?
Frente a este panorama sombrío, aún hay esperanzas. Existen recursos legales para evitar o al menos disminuir el impacto del embargo. Quienes no sean responsables del sobrepago y enfrenten dificultades económicas pueden solicitar una exención mediante el formulario SSA-632BK. Si se comprueba que el error fue de la SSA y que pagar afectaría la subsistencia del beneficiario, la deuda podría ser perdonada.
También es posible presentar el formulario SSA-561 para pedir una reconsideración del caso. Este proceso permite impugnar el supuesto sobrepago o cuestionar el monto exigido, siempre que se acompañe de la documentación adecuada. Y si el embargo es inevitable pero el monto resulta insostenible, el formulario SSA-634 permite negociar una tasa de descuento menor y ampliar el plazo de pago hasta cinco años.
Lo esencial es actuar con rapidez. Quienes han recibido la notificación y no respondan antes del 24 de julio podrían quedar atrapados en una política inflexible que no hará distinción entre error y necesidad. En un país donde el 86% de los jubilados depende del Seguro Social como fuente principal o secundaria de ingresos, cada dólar cuenta. Y en este caso, cada decisión también.
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