
La política migratoria vuelve a moverse en Estados Unidos, y esta vez el impacto recae directamente sobre quienes tienen o buscan una Green Card. La administración de Donald Trump ha anunciado dos cambios clave: una revisión masiva de residencias permanentes ya otorgadas y un nuevo sistema biométrico obligatorio para todas las personas que entren o salgan del país. Ambos ajustes, programados para activarse o intensificarse a partir del 26 de diciembre, elevan el escrutinio migratorio como no se veía en años.
El gobierno ordenó una reevaluación completa de Green Cards otorgadas a ciudadanos de 19 países, un movimiento que llega después del ataque cerca de la Casa Blanca en el que un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional. Como parte de la respuesta, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) suspendió temporalmente las adjudicaciones de asilo mientras revisa sus protocolos de seguridad.
La directriz implica revisar cómo se procesaron y aprobaron miles de solicitudes bajo procedimientos previos. Aunque los detalles finales no han sido publicados, el gobierno anticipa que podrían surgir demoras, nuevos pedidos de documentos e incluso ajustes en el estatus migratorio de algunos residentes.

Países bajo mayor escrutinio
La lista incluye a nacionales de Afganistán, Myanmar (Birmania), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, quienes enfrentan suspensión total de entrada al país.
Además, ciudadanos de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela quedan bajo restricciones parciales, como requisitos de visa más estrictos o tiempos limitados de estadía. Hasta ahora, no se ha detallado cómo se aplicarán las exenciones caso por caso.
Expertos anticipan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pondrá especial atención en antecedentes criminales, seguridad internacional, empleo previo bajo el programa especial de visas (SIV) y cualquier inconsistencia documental. Quienes estén en proceso podrían enfrentar entrevistas adicionales, revisión de biométricos y exigencias probatorias más altas.
Según la abogada Morgan Bailey, los oficiales tendrán un margen amplio para considerar la nacionalidad como un factor de riesgo dentro de una evaluación integral. En el corto plazo —advirtió— la incertidumbre será lo más visible: demoras, solicitudes extra de evidencia y procesos más lentos.
El cambio que llega el 26 de diciembre
El segundo gran ajuste entra en vigor el 26 de diciembre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional pondrá en marcha la aplicación del nuevo sistema biométrico de entrada y salida. Esto significa que todos los no ciudadanos, incluidos residentes permanentes, deberán proporcionar datos biométricos cada vez que entren o salgan del país.
El registro incluirá:
- Fotografías obligatorias
- Huellas digitales
- Escáneres de iris u otros identificadores
El sistema se aplicará en aeropuertos, cruces terrestres y puertos marítimos, sin importar edad o tipo de viaje. Con ello se elimina el conjunto de exenciones que existía hasta ahora y se amplía la vigilancia sobre todos los movimientos de viaje.
Según Bailey, una consecuencia directa será la creación de un historial de viaje mucho más detallado, lo cual podría impactar futuros trámites como la naturalización o evaluaciones sobre abandono de residencia permanente.
Actualmente, según la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, en el país viven 12.8 millones de residentes permanentes.

Reacciones: preocupación, críticas y defensa estatal
Las nuevas medidas han generado respuestas variadas.
Bailey recomendó que, aunque no se requiere acción inmediata, las personas de los países afectados mantengan su documentación organizada, coherente y lista para entregarse si USCIS la solicita.
Por otro lado, organizaciones de apoyo a migrantes expresaron rechazo.Lisa Sherman Luna, de la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition, calificó la suspensión en los procesos como una decisión “discriminatoria” que afecta a más de 200,000 refugiados ya evaluados y admitidos por el propio gobierno estadounidense.
Desde el gobierno, el presidente Trump defendió la estrategia y afirmó que pausará la migración desde “países del Tercer Mundo” para recuperar la capacidad del sistema migratorio y expulsar a quienes no sean “un activo para Estados Unidos”.
DHS, por su parte, justificó las medidas asegurando que las administraciones anteriores priorizaron volumen sobre seguridad, debilitando la integridad del sistema migratorio.En contraste, abogados como Kate Lincoln-Goldfinch señalaron que usar un solo incidente para frenar el sistema de asilo constituye un acto de “castigo colectivo”.
Qué esperar en las próximas semanas
De momento, los criterios específicos de la revisión y las instrucciones finales aún no se han publicado. Según Bailey, el gobierno dará más detalles en las próximas semanas, mientras DHS y USCIS afinan procedimientos y comunicados.
Para quienes tienen Green Card —o están en proceso— el mensaje es claro: más controles, más biometría y más atención a la documentación personal, especialmente si provienen de alguno de los 19 países bajo investigación.
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