En los últimos días, millones de familias estadounidenses que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) han enfrentado una montaña rusa de incertidumbre. Lo que comenzó como una batalla legal por la financiación de los beneficios alimentarios durante el cierre del gobierno, terminó convirtiéndose en una cadena de órdenes, apelaciones y mensajes contradictorios que confundieron a estados, beneficiarios y autoridades federales.
CRONOLOGÍA DE LA BATALLA LEGAL EN TORNO A LA FINANCIACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL SNAP
El viernes 31 de octubre, el juez de distrito John J. McConnell Jr. ordenó a la administración Trump continuar con la financiación del SNAP. Pocas horas después, el presidente publicó en Truth Social: “Será un honor para mí proporcionar los fondos”.
Cada mes, los beneficiarios del programa SNAP reciben un depósito en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (Foto: AFP)
Parecía un alivio momentáneo para millones de familias. Sin embargo, la calma duró poco. El 1 de noviembre, el mismo juez emitió un fallo más específico: la Casa Blanca debía realizar los pagos completos antes del lunes, o al menos parciales antes del miércoles.
El 3 de noviembre, el gobierno anunció que financiaría parcialmente el programa con 4.500 millones de dólares, aunque advirtió que los pagos podrían tardar semanas en llegar. Un día después, Trump cambió de tono en redes sociales, asegurando que “los fondos solo se otorgarán cuando los demócratas de la izquierda radical abran el gobierno”. Con ese mensaje, la incertidumbre volvió a golpear a los beneficiarios del SNAP, que esperaban respuestas claras sobre sus ayudas de noviembre.
El 6 de noviembre, el juez McConnell intervino de nuevo, considerando insuficiente el financiamiento parcial y ordenando que el programa fuera financiado completamente antes del viernes. Ese mismo día, varios estados —como California, Pensilvania y Nueva Jersey— comenzaron el proceso de emisión de los beneficios completos, obedeciendo la orden judicial. Pero la administración Trump respondió casi de inmediato presentando un aviso de apelación, dejando claro que la disputa estaba lejos de terminar.
El 7 de noviembre fue un día clave. Por la mañana, el USDA (Departamento de Agricultura de EE. UU.) informó a los directores regionales del SNAP que estaba “implementando la emisión completa de beneficios” en cumplimiento del fallo judicial. Sin embargo, horas después, el Primer Circuito rechazó la solicitud del gobierno de suspender la orden, y finalmente, la jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson intervino con una suspensión administrativa, deteniendo temporalmente los pagos completos. En cuestión de horas, el panorama cambió radicalmente.
Voluntarios del Banco de Alimentos de San Antonio cargan bolsas de papas para una distribución de alimentos para beneficiarios del SNAP (Foto: AFP)
Al día siguiente, 8 de noviembre, el USDA envió un nuevo mensaje a los estados: “No deben transmitir los archivos completos de emisión de beneficios a los procesadores de EBT”. Además, ordenó “deshacer de inmediato cualquier medida tomada para emitir los beneficios completos del SNAP”, advirtiendo que los estados serían responsables de cualquier exceso en los pagos. Fue un giro abrupto que generó confusión y dejó en el aire los procesos ya iniciados por varias jurisdicciones.
El domingo 9 de noviembre, el Departamento de Justicia reforzó esta postura ante los tribunales, señalando que cualquier pago completo efectuado por los estados sería considerado “no autorizado”. Según la administración Trump, los gobiernos estatales actuaron “por cuenta propia” al adelantar la emisión de beneficios, pese a las advertencias federales y la apelación en curso. Esa declaración marcó un nuevo capítulo en el conflicto entre los poderes federal y estatal.
MIENTRAS TANTO, EN EL TERRENO, LOS ESTADOS SE DIVIDIERON ENTRE LA OBEDIENCIA Y LA URGENCIA
California, Kansas, Pensilvania, Vermont, Nueva Jersey, Hawái, Oregón, Washington, Colorado, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York y otros siguieron adelante y lograron distribuir los beneficios completos a millones de hogares antes del fallo de la Corte Suprema. Otros, como Carolina del Norte y Dakota del Sur, tuvieron que suspender las entregas a mitad de camino. En total, al menos 20 estados llegaron a iniciar la distribución completa del SNAP en medio del caos administrativo.
Los beneficiarios, por su parte, vivieron días de confusión. En algunos estados, los fondos aparecieron en las tarjetas EBT sin previo aviso; en otros, se emitieron pagos parciales mientras se aclaraban las directrices federales. En lugares como Michigan y Minnesota, los gobiernos locales aseguraron que seguirían monitoreando la situación, buscando garantizar que las familias más vulnerables no quedaran atrapadas entre tecnicismos legales y luchas políticas.
Hoy, mientras el litigio sigue abierto y las apelaciones continúan, el caso del SNAP se ha convertido en un símbolo del impacto real que tienen las decisiones judiciales y políticas sobre la vida cotidiana de millones de personas. Más allá de la burocracia y los titulares, esta crisis recuerda una verdad esencial: cada retraso, cada orden suspendida, significa un plato vacío en la mesa de quienes más necesitan apoyo.
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