
A pocas semanas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, una disputa judicial ha puesto bajo escrutinio la eventual presencia de agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los lugares de votación. Organizaciones de derechos civiles y autoridades locales buscan impedir que funcionarios federales acudan a estos lugares para realizar operativos migratorios, una posibilidad que, según los demandantes, podría generar temor entre los votantes y afectar su participación en las elecciones de noviembre.
La demanda fue presentada este jueves ante un tribunal federal de Washington D.C. por la League of United Latin American Citizens (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver, representados por Democracy Forward. Los demandantes solicitan que la Administración de Donald Trump no pueda desplegar agentes federales armados en lugares donde se emiten o recogen votos, salvo en las circunstancias expresamente permitidas por la ley.
¿Por qué demandaron a la Administración Trump?
El caso señala como demandados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE y sus respectivos responsables, Markwayne Mullin y David Venturella. Los grupos sostienen que el Gobierno ha establecido una política que permitiría a los agentes de ICE ingresar a centros de votación para realizar labores de control migratorio, incluida la ejecución de órdenes de arresto.
El origen de la controversia está relacionado con declaraciones realizadas por Mullin el 1 de septiembre. El secretario de Seguridad Nacional afirmó que ICE no tenía previsto patrullar los centros de votación, pero dejó abierta la posibilidad de que agentes acudieran si existiera una amenaza contra un lugar de votación o si necesitaran ejecutar una orden judicial contra una persona.
“Si estamos ejecutando una orden, estaremos donde tengamos que estar”, señaló posteriormente Mullin, según los argumentos recogidos en la demanda.
Para las organizaciones que presentaron la acción judicial, esa posibilidad entra en conflicto con una prohibición federal vigente desde hace más de 150 años.

¿Qué ley podría impedir la presencia de agentes armados?
Los demandantes invocan una norma aprobada durante los últimos meses de la Guerra Civil estadounidense, cuyo objetivo era impedir la interferencia federal armada en las elecciones.
La legislación establece que no pueden enviarse ni mantenerse tropas o agentes armados federales en un lugar donde se celebre una elección, salvo cuando sea necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.
Los grupos consideran que permitir que agentes de ICE ingresen a los centros de votación para detener o interrogar a personas por asuntos migratorios constituiría precisamente el tipo de intervención que esa norma buscaba evitar.
Además, sostienen que la política cuestionada sería una actuación arbitraria del Gobierno federal.
¿Qué dicen las organizaciones sobre los agentes armados del ICE?
Los grupos demandantes argumentan que la posible presencia de agentes armados no solo representa una preocupación por eventuales detenciones dentro de los centros de votación, sino también por el efecto que podría tener sobre quienes acuden a votar.
Juan Proaño, CEO de LULAC, afirmó que los votantes deben poder ejercer su derecho sin temor a una posible intimidación por parte de agentes de ICE.
En la misma línea, Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, sostuvo que la presencia de agentes armados en los centros de votación podría convertirse en una forma de intimidación y afectar especialmente a comunidades latinas.
Virginia Kase Solomón, presidenta de Common Cause, también cuestionó la posibilidad de que agentes federales armados estén presentes en lugares donde las personas acuden a emitir su voto.
¿La presencia del ICE podría afectar la participación electoral?
Ese es uno de los principales argumentos de la demanda. Denver y las organizaciones aseguran que la presencia de agentes armados podría disuadir a algunas personas de acudir a los centros de votación o incluso de entregar sus boletas por correo.
Los demandantes sostienen además que las operaciones migratorias ya han tenido consecuencias sobre actividades de registro de votantes, campañas de movilización y otras iniciativas relacionadas con la participación cívica.
La preocupación adquiere especial relevancia ante el inicio de las primeras votaciones anticipadas en algunos estados, previstas para finales de septiembre, antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
¿Ya hubo presencia de agentes de ICE en centros de votación?
La demanda menciona dos episodios ocurridos este año en Texas y Nueva York.
En mayo, según los grupos demandantes, agentes armados rodearon el estacionamiento de un centro de votación activo en San Antonio para detener a una persona frente a los electores. El operativo terminó después de que el sheriff del condado ordenara a los agentes retirarse.
En junio, los demandantes aseguran que agentes de ICE ingresaron a un centro de votación en Syracuse, Nueva York, para interrogar a una voluntaria electoral por una publicación realizada en redes sociales.
Estos episodios son utilizados por las organizaciones para argumentar que la preocupación por una eventual presencia de agentes federales armados durante las elecciones no es únicamente hipotética.

¿Qué dice la Administración Trump sobre los agentes del ICE?
La Administración Trump ha negado que exista un plan concreto para desplegar agentes armados en los centros de votación.
Además, el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, ha señalado que no existen planes para enviar tropas o miembros de la Guardia Nacional a estos lugares.
Sin embargo, funcionarios del Gobierno no han descartado completamente que agentes federales puedan estar presentes bajo determinadas circunstancias, especialmente cuando se trate de responder a una amenaza o ejecutar una orden judicial.
Ese punto es precisamente uno de los elementos centrales de la disputa que ahora deberá resolver el tribunal federal.
¿Qué buscan conseguir los demandantes?
LULAC, Common Cause, UnidosUS y Denver quieren que el tribunal declare ilegal la política que, según ellos, permitiría la presencia de agentes armados de ICE en los centros de votación.
También solicitan que se prohíba su aplicación, salvo en las circunstancias contempladas expresamente por la legislación federal.
El alcalde de Denver, Mike Johnston, respaldó la demanda y afirmó que el derecho a votar sin temor a intimidación es fundamental para la democracia. La ciudad, señaló, buscará impedir la presencia de agentes de ICE cerca de los centros de votación.
Con las elecciones legislativas previstas para el 3 de noviembre y el inicio de la votación anticipada cada vez más cerca, el caso coloca nuevamente a ICE en el centro de una disputa sobre los límites de las operaciones migratorias y la protección del proceso electoral en Estados Unidos.












