Si una nueva regla propuesta por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) llegara a entrar en vigor, la ciudad que podría sentir con mayor fuerza sus efectos sería Nueva York. La medida plantea que solo ciudadanos estadounidenses puedan ocupar viviendas públicas o subsidiadas, lo que tendría consecuencias directas para miles de hogares con estatus migratorio mixto. De acuerdo con estimaciones basadas en tendencias de la última década, al menos 3,000 familias en la Gran Manzana podrían verse afectadas si se aplicara la norma. Detrás de esa cifra hay hogares en los que conviven niños ciudadanos nacidos en EE.UU. con padres sin estatus legal o con permisos temporales, lo que podría desencadenar una serie de impactos sociales y económicos para la ciudad.
MIRA TAMBIÉN:
La propuesta, que fue retomada y reforzada recientemente por el HUD, obligaría a verificar la ciudadanía de todas las personas que viven en viviendas asistidas por programas federales. Esto incluiría a más de 4,3 millones de hogares en todo el país con al menos un ciudadano estadounidense, según cálculos de coaliciones de defensa de vivienda.
Familias mixtas, las más afectadas
El principal impacto recaería sobre las llamadas familias mixtas, hogares donde algunos miembros son ciudadanos estadounidenses y otros no cuentan con estatus migratorio regular. En Nueva York, muchas de estas familias viven en desarrollos administrados por la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) o utilizan los vales federales conocidos como Sección 8.
Según análisis históricos citados por el HUD, cerca de 13,000 personas, entre ciudadanos y no ciudadanos, podrían perder los beneficios de vivienda pública si la regla se implementa.
La posible regla en EE.UU. generaría preocupación entre miles de familias que dependen de la vivienda pública. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Un impacto concentrado en Nueva York
La magnitud del parque de vivienda pública en Nueva York, el más grande del país, explica por qué la ciudad podría ser la más afectada por la medida. Actualmente, NYCHA alberga a 142,974 familias, y se estima que alrededor de 3,000 de ellas podrían ser de estatus migratorio mixto.
Esto representaría aproximadamente 2,1 % de los residentes de vivienda pública, una proporción pequeña en términos porcentuales, pero que en números absolutos implica miles de personas en riesgo de perder su hogar.
Además, estimaciones del HUD señalan que alrededor de 24,000 migrantes indocumentados en 20,000 hogares mixtos reciben actualmente algún tipo de asistencia de vivienda en Estados Unidos. Un dato que también llama la atención es que 86 % de las personas afectadas serían hispanas, según análisis citados por organizaciones defensoras de derechos civiles.
Un debate que viene desde 2019
La propuesta no es completamente nueva. Durante la primera administración de Donald Trump en 2019, el HUD planteó una regla similar para eliminar la elegibilidad de las familias mixtas en programas de vivienda pública.
En ese momento, una evaluación interna estimó que 108,000 inquilinos en aproximadamente 25,000 hogares mixtos podrían perder la asistencia si la medida se aplicaba.
Estudios posteriores también indicaron que el 72 % de estas familias se concentra en tres estados: California, Texas y Nueva York, siendo este último responsable de cerca del 12 % de los hogares potencialmente afectados.
Posibles consecuencias para la ciudad
Un análisis realizado durante la administración del exalcalde Bill de Blasio concluyó que la aplicación de esta norma podría generar efectos en cadena en distintos servicios de la ciudad.
El reporte advierte que, si las familias mixtas pierden su vivienda, muchas podrían terminar en albergues de emergencia, trasladando los costos al sistema municipal de refugios y servicios sociales.
El informe también estimó que al menos 4,900 niños en Nueva York podrían verse afectados por la medida. Esto podría obligar a las agencias de bienestar infantil a intervenir en casos de separaciones familiares o situaciones de vivienda inadecuada, lo que también implicaría una mayor carga financiera para la ciudad.
“HUD no tiene en cuenta las cargas administrativas ni los costos de desalojo para las ciudades y propietarios privados”, señaló el reporte municipal. Además de los costos humanos, la medida podría derivar en litigios prolongados y gastos adicionales para los gobiernos locales.
La propuesta de HUD en EE.UU. aún no entra en vigor y sigue en periodo de comentarios públicos. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP
Campañas para frenar la propuesta
Ante este panorama, organizaciones defensoras del derecho a la vivienda y grupos de derechos civiles han comenzado a movilizarse. Entre ellas se encuentran la National Low Income Housing Coalition, el National Housing Law Project y la coalición Protecting Immigrant Families.
Estas organizaciones lanzaron la campaña “Keep Families Together” (Mantener a las Familias Unidas), con la que buscan frenar la propuesta argumentando que podría obligar a miles de hogares a separarse o enfrentar el desalojo, incluso cuando algunos de sus miembros son ciudadanos estadounidenses con derecho legal a recibir asistencia.
Para muchos expertos en vivienda, el debate no solo gira en torno a la inmigración, sino también al impacto social y económico que tendría en ciudades con grandes sistemas de vivienda pública, donde incluso un pequeño porcentaje de familias afectadas puede traducirse en miles de personas en riesgo de quedarse sin hogar.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!
