Ron DeSantis y sus aliados republicanos en Tallahassee empujan para 2026 uno de los paquetes más duros contra inmigrantes que se haya debatido en Florida en los últimos años, con cambios que cruzan el empleo, la educación, el acceso a créditos y hasta el registro de votantes. La discusión arranca en pleno inicio de año legislativo y toca de lleno a comunidades hispanas asentadas desde hace décadas en el Estado del Sol, desde familias cubanas y venezolanas en Miami-Dade hasta trabajadores centroamericanos en la construcción y los campos agrícolas del centro y norte del estado, que ya sienten que cada sesión en el Capitolio puede redefinir su día a día: si podrán seguir estudiando en un college público, si su patrón se atreverá a contratarlos sin papeles, si ese pequeño negocio familiar en Hialeah o Kissimmee tendrá cómo soportar nuevas multas o requisitos burocráticos, o incluso si un residente recién naturalizado tendrá que mostrar una carpeta extra de documentos para poder votar en las próximas elecciones presidenciales. En las iglesias, en las filas de las remesadoras de la Pequeña Habana y en los chats comunitarios en WhatsApp, el nombre de Ron DeSantis vuelve a aparecer ligado a palabras como “ley y orden”, “E‑Verify” o “pruebas de ciudadanía”, mientras organizaciones locales de derechos civiles y líderes de la diáspora advierten que, aunque muchas de estas medidas aún son solo proyectos, el efecto de miedo y desconfianza ya se siente en barrios donde el spanglish, la música caribeña y las historias de migración forman parte de la vida cotidiana.
Y para muchas familias hispanas que ya han vivido otras olas de leyes restrictivas en estados como Arizona o Texas, la sensación es que Florida se está moviendo en la misma dirección, obligándolas a replantear decisiones tan concretas como cambiar de empleo, mudarse a otro condado o incluso considerar un traslado a otro estado donde el clima político hacia los inmigrantes no sea tan hostil.
UN PAQUETE LEGISLATIVO QUE APUNTA A LA INMIGRACIÓN
De acuerdo con información publicada por medios y registros legislativos, hay al menos seis proyectos de ley que endurecen las restricciones para la población migrante en Florida. En conjunto, refuerzan el uso de bases de datos federales, amplían sanciones económicas y limitan el acceso a servicios educativos y financieros para personas sin estatus legal.
El eje común es uno solo: un mayor control del estatus migratorio en ámbitos clave como el empleo, la educación y el sistema electoral. Y ahí es donde entran en juego nombres propios, como E‑Verify, el Florida College System o el Departamento de Estado de Florida, que pasan a tener un rol protagónico.
Ron DeSantis está impulsando unas leyes que, de concretarse, golpearía muy fuerte a los inmigrantes ilegales (Foto: AFP)
EL PROYECTO MÁS AMPLIO: SB 1380 Y HB 1307
Este paquete, impulsado por el senador Jonathan Martin y el representante Berny Jacques, es el más ambicioso hasta ahora. Incluye varias disposiciones que afectan directamente a empleadores e inmigrantes en situación irregular:
- Sanciones civiles a empleadores que no utilicen correctamente E‑Verify, la base de datos federal que confirma si una persona está autorizada para trabajar en Estados Unidos.
- Suspensión de la licencia comercial por un año y multas de hasta US$10.000 si se comprueba que la falta de verificación fue intencional.
- Prohibición del uso de traductores o intérpretes en procedimientos de concesión de licencias.
- Negación de préstamos bancarios a inmigrantes sin estatus legal.
Además, programas estatales como el Florida Homeownership Assistance Program y el Florida Hometown Hero Program quedarían reservados exclusivamente para personas con estatus migratorio legal.
MULTAS MÁS DURAS Y CONTROL POLICIAL: SB 1542
La ley SB 1542, presentada por el senador Jason Pizzo, va en la misma línea, pero suma un elemento sensible: propone multas para los empleadores que directamente no usen E‑Verify y habilita a las fuerzas del orden a consultar esta base de datos para investigar el estatus migratorio de personas detenidas.
Para muchos defensores de derechos civiles, este punto abre la puerta a un aumento de controles migratorios en situaciones cotidianas.
UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y ACCESO LIMITADO: SB 1052
Otro proyecto que genera fuerte impacto es la SB 1052, patrocinada por la senadora Erin Grall. La propuesta ordena que los colegios y universidades públicas admitan únicamente a ciudadanos estadounidenses o a personas que se encuentren legalmente en el país.
Si se aprueba, las instituciones del Florida College System y las universidades estatales no podrán admitir a estudiantes sin estatus legal. Además, estos migrantes quedarían excluidos de programas de educación para adultos financiados por el Estado, como clases de GED o de inglés como segundo idioma.
E‑VERIFY OBLIGATORIO PARA TODAS LAS EMPRESAS
Las normas HB 197 y SB 1278 amplían una ley aprobada en 2023. Hasta ahora, E‑Verify era obligatorio para empleadores públicos y empresas con al menos 25 trabajadores.
Con esta nueva propuesta, todas las compañías, sin importar su tamaño, deberían usar el sistema. Para pequeños negocios y trabajadores migrantes, este cambio no es menor y podría tener consecuencias económicas inmediatas.
CAMBIOS EN EL SISTEMA ELECTORAL: HB 991 Y HB 985
Finalmente, dos proyectos apuntan directamente al registro de votantes. La HB 991 exige que los nuevos votantes presenten prueba de ciudadanía estadounidense. El Departamento de Estado de Florida revisaría los registros actuales y compartiría información con el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) y con las autoridades de jurados.
La HB 985 va un paso más allá y obliga a verificar la ciudadanía a través del sistema SAVE (Systematic Alien Verification for Entitlements). Si se detectan datos falsos, el caso se remitiría a la Oficina de Delitos y Seguridad Electoral de Florida.
¿QUÉ DIJO RON DESANTIS SOBRE ESTAS MEDIDAS?
Durante su discurso anual ante la Legislatura, Ron DeSantis defendió esta línea dura. En una intervención de unos 30 minutos, destacó que Florida es un estado de “ley y orden”, recordó la prohibición de las ciudades santuario y mencionó la detención de casi 20,000 extranjeros en los últimos nueve meses.
“Defender el Estado de derecho incluye proteger la soberanía de nuestra nación y hacer cumplir las leyes contra la inmigración ilegal”, afirmó el gobernador, dejando claro que este enfoque seguirá marcando el rumbo político de Florida. En resumen, más allá de que estas leyes entren en vigor recién en 2026, el mensaje ya está sobre la mesa, y las decisiones que se tomen en los próximos meses no solo definirán políticas públicas, sino también el clima social y económico en uno de los estados más influyentes de Estados Unidos.
Las políticas migratorias en Estados Unidos siguen endureciéndose (Foto referencial: EFE)
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